GONZALO SCHWEIZER
La desaceleración de la inflación no alcanzó para sostener la mejora social: las estimaciones ubican la pobreza entre 31% y 32% durante el primer semestre de 2026, frente al 28,2% de la última medición oficial. El deterioro tiene una explicación concreta: caen los salarios formales, aumenta la canasta básica y el empleo informal —aunque mejoró sus ingresos— paga aproximadamente la mitad que un puesto registrado. En comercio, construcción, industria y gastronomía, los sueldos de $680.000 a $825.000 apenas cubren entre 49% y 59% de la canasta de una familia.
La pobreza argentina volvió a moverse en la dirección que el Gobierno menos necesita. Después de la fuerte desaceleración inflacionaria y de la caída registrada durante 2025, alrededor de 1,7 millones de personas habrían ingresado nuevamente a la pobreza durante el primer semestre de 2026, llevando la tasa estimada desde el 28,2% informado oficialmente para el segundo semestre del año pasado hasta una zona de entre 31% y 32%.
El dato expone una contradicción central del programa económico: bajar la inflación no garantiza reducir la pobreza cuando los ingresos crecen menos que el costo mínimo necesario para vivir. La velocidad de los precios puede desacelerarse y, al mismo tiempo, una familia puede empobrecerse si su salario pierde contra la Canasta Básica Total. Eso es precisamente lo que empieza a reflejar la combinación entre deterioro salarial, informalidad y encarecimiento de los gastos indispensables.
La fotografía se vuelve todavía más preocupante cuando se observa dónde está el empleo. Comercio, construcción, industria y alojamiento y servicios de comidas reúnen aproximadamente entre 40% y 45% de los ocupados, pero los ingresos señalados para esos sectores se ubican entre $680.000 y $825.000 mensuales. Esos salarios alcanzan apenas para cubrir entre 49% y 59% de la Canasta Básica Total de un hogar tipo. Tener trabajo, por lo tanto, ya no garantiza estadísticamente que una familia pueda mantenerse por encima de la pobreza.
Tener trabajo ya no alcanza para no ser pobre
Este es probablemente el dato social más importante detrás del aumento de la pobreza. El problema argentino no puede explicarse únicamente por desempleo. Una parte considerable de quienes trabajan recibe ingresos insuficientes para financiar la canasta que determina la línea de pobreza.
Si un salario cubre solamente entre 49% y 59% de la CBT familiar, un hogar necesita necesariamente sumar otros ingresos: otro sueldo, changas, transferencias sociales, jubilaciones, ayuda familiar o endeudamiento. Cuando alguna de esas fuentes desaparece o pierde poder adquisitivo, la familia puede atravesar rápidamente la línea estadística de pobreza.
La comparación entre trabajadores registrados e informales muestra además que el mercado laboral argentino funciona a dos velocidades. En las mismas ramas económicas, un asalariado informal obtiene aproximadamente entre 51% y 60% del ingreso de un trabajador formal. Mientras el salario registrado permite cubrir entre 83% y 111% de la canasta familiar según la actividad, el informal queda muy por debajo.
Eso significa que la frontera entre pobreza y no pobreza depende cada vez más de qué clase de empleo se consigue, no simplemente de tenerlo.
Los informales ganaron 19,5% real, pero parten de la mitad del salario
Existe un dato que, leído aisladamente, podría parecer contradictorio: los trabajadores informales fueron precisamente quienes registraron la mayor recuperación salarial durante el último año. Sus ingresos aumentaron 19,5%, mientras los asalariados formales privados perdieron 2,9% y los trabajadores públicos retrocedieron 2,6%, según los cálculos del Grupo de Estudios sobre Desigualdad y Movilidad Social de la UBA-IGG citados en el material.
Pero la comparación tiene una trampa de nivel: crecer más no significa ganar más.
El informal puede mejorar significativamente desde una base extremadamente baja y continuar cobrando alrededor de la mitad que un trabajador registrado. Por eso el aumento de 19,5% no alcanza para revertir la desigualdad estructural entre ambos mercados laborales.
El dato muestra, además, por qué una economía puede presentar cierta recuperación del ingreso promedio informal y simultáneamente registrar más pobreza. Si aumenta el peso relativo de trabajos precarios y esos puestos pagan aproximadamente la mitad que los registrados, el mercado laboral puede generar ocupación sin generar ingresos suficientes para sacar a una familia de la pobreza.
La inflación baja, pero la canasta que mide la pobreza sigue corriendo
El segundo componente del deterioro está en los precios. La pobreza no se calcula comparando el salario únicamente contra el IPC general, sino contra la Canasta Básica Total, que establece cuánto necesita un hogar para no ser considerado pobre.
Y allí aparece una diferencia decisiva.
Los datos que analizamos anteriormente muestran que la CBA acumulaba una variación interanual de 39,6% y la CBT de 38,3%, frente a un IPC general de 33,5%. Es decir, la canasta alimentaria avanzaba 6,1 puntos porcentuales por encima de la inflación promedio y la canasta de pobreza, 4,8 puntos.
El mecanismo social es directo: si un salario acompaña aproximadamente al IPC pero la canasta necesaria para superar la pobreza crece más rápido, ese trabajador puede perder poder adquisitivo frente a la línea de pobreza aunque estadísticamente su sueldo no haya sufrido una caída equivalente contra el índice general.
Por eso la desaceleración inflacionaria no resuelve automáticamente la pobreza. No alcanza con preguntar cuánto suben “los precios”; hay que mirar qué precios suben y qué proporción del ingreso absorben.
De 28,2% a 31%-32%: la mejora social habría empezado a revertirse
La última medición oficial disponible ubicó la pobreza en 28,2% durante el segundo semestre de 2025. Las estimaciones para la primera mitad de 2026 la colocan ahora entre 31% y 32%.
Si se confirma esa magnitud, implicaría una reversión significativa de la mejora anterior y aproximadamente 1,7 millones de nuevos pobres en apenas seis meses.
Conviene distinguir aquí estimación de dato oficial: el 31%-32% todavía no constituye la nueva cifra definitiva del INDEC. Pero la dirección resulta consistente con los otros indicadores presentados: pérdida salarial entre trabajadores registrados, ingresos informales sustancialmente inferiores, canastas creciendo por encima del IPC y salarios de grandes sectores laborales incapaces de cubrir por sí solos el costo de una familia.
El dato, por lo tanto, no describe solamente una cuestión estadística. Expone la fragilidad de millones de hogares que permanecen apenas por encima de la línea y pueden cruzarla ante una pérdida relativamente pequeña de ingreso real.
La pobreza podría ser todavía mayor con una canasta actualizada
Existe además una discusión metodológica que puede modificar significativamente la fotografía. Agustín Salvia, del Observatorio de la UCA, estima que si la composición de las canastas se actualizara utilizando como referencia la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/18, en lugar de la estructura basada en la encuesta 2004/05 que utiliza actualmente la metodología, la pobreza podría ubicarse entre 38% y 39%.
No corresponde presentar ese 38%-39% como la tasa oficial ni como un hecho ya comprobado. Es una estimación construida bajo una metodología alternativa.
Pero la diferencia abre una discusión importante: la forma en que consumen los hogares argentinos cambió durante dos décadas. El peso de servicios, conectividad, vivienda, transporte, educación y otros gastos puede ser diferente al reflejado por estructuras de consumo antiguas. Actualizar la canasta puede modificar considerablemente el ingreso que se considera necesario para satisfacer las necesidades de un hogar.
Así aparece una Argentina estadísticamente distinta según la vara utilizada: alrededor de 31%-32% con la metodología vigente y potencialmente 38%-39% bajo la actualización planteada por Salvia.
Quién pierde: el trabajador formal dejó de estar protegido por el recibo de sueldo
Entre los perdedores aparece primero el asalariado registrado. El sector privado formal sufrió una caída salarial de 2,9%, mientras el empleo público perdió 2,6%. Esto resulta especialmente significativo porque durante décadas el empleo registrado funcionó como una de las principales barreras contra la pobreza.
Esa protección se está debilitando.
En las grandes ramas mencionadas, incluso los trabajadores formales presentan ingresos capaces de cubrir entre 83% y 111% de la canasta familiar. Eso significa que, en la parte inferior del rango, ni siquiera un salario registrado alcanza individualmente para mantener a un hogar tipo por encima de la línea.
Pierde todavía más el trabajador informal. Aunque haya obtenido una recuperación del 19,5%, sigue cobrando aproximadamente la mitad que su equivalente registrado y carece además de buena parte de las protecciones asociadas a la formalidad.
El mercado laboral puede estar creando una nueva categoría social cada vez más extendida: el trabajador que tiene empleo, trabaja todo el mes y continúa siendo pobre.
Quién gana: las empresas recuperan costo laboral, pero pierden consumidores
Desde el punto de vista empresarial, salarios que crecen por debajo de determinados precios pueden reducir el costo laboral real y mejorar competitividad o márgenes, especialmente para empresas cuya facturación consigue sostenerse. Allí existe un ganador potencial del proceso.
Pero la ventaja tiene un límite evidente.
El salario de una empresa es también el cliente de otra.
Cuando millones de trabajadores pierden poder adquisitivo, disminuye la demanda de alimentos no esenciales, ropa, electrodomésticos, gastronomía, construcción, entretenimiento y numerosos servicios. El ahorro obtenido por una empresa mediante salarios más contenidos puede reaparecer como pérdida de ventas en otra parte del sistema productivo.
Por eso el ajuste salarial puede mejorar determinadas cuentas empresariales individualmente y simultáneamente debilitar el mercado interno en términos agregados.
Los sectores exportadores o con ingresos vinculados al exterior pueden tolerar mejor esa dinámica. Comercio, gastronomía, pequeñas industrias y servicios dependientes del consumo doméstico tienen mucha menos capacidad para escapar de ella.
El Gobierno gana desinflación, pero empieza a pagar el costo político
Para el Gobierno, el balance es igualmente contradictorio. La desaceleración de la inflación constituye uno de los principales activos económicos y políticos de Javier Milei. Pero si la inflación baja mientras aumenta la pobreza, el éxito nominal comienza a perder capacidad para explicar el bienestar cotidiano.
Una familia no vive de la variación mensual del IPC. Vive de la diferencia entre lo que ingresa y lo que necesita gastar.
Por eso pasar de una pobreza de 28,2% a una estimación de entre 31% y 32% sería políticamente relevante: mostraría que después de una primera etapa de fuerte reducción del indicador, la mejora no consiguió consolidarse cuando salarios y canastas volvieron a separarse.
El problema se vuelve todavía mayor porque el deterioro alcanza al trabajador ocupado. El discurso tradicional según el cual la solución de la pobreza consiste fundamentalmente en crear empleo pierde fuerza cuando buena parte del nuevo empleo es informal o paga ingresos incapaces de cubrir una canasta familiar.
Crear trabajo importa. Pero crear trabajo pobre no elimina la pobreza laboral.
El ajuste cambia de lugar: de la inflación al ingreso
El fenómeno puede resumirse en una transformación del mecanismo de ajuste. Durante períodos de inflación muy alta, el deterioro social ocurre porque los precios corren por delante de los ingresos. Cuando la inflación desacelera pero los salarios permanecen contenidos, la pérdida puede continuar por otra vía: los precios suben más lentamente, pero el ingreso disponible sigue sin alcanzar para recuperar todo lo perdido.
La economía puede entonces mostrar simultáneamente menor inflación, equilibrio fiscal y aumento de la pobreza sin que exista contradicción matemática alguna.
La contradicción es distributiva.
El Gobierno obtiene estabilidad nominal. Algunos sectores empresarios reducen costos laborales relativos. Los trabajadores informales recuperan parte del terreno perdido, pero desde salarios que siguen siendo aproximadamente la mitad de los formales. Los registrados pierden poder adquisitivo. Los sectores vinculados al mercado interno reciben menos demanda. Y los hogares que estaban apenas por encima de la línea vuelven a caer debajo.
1,7 millones de nuevos pobres en seis meses serían la expresión social de ese reparto.
La pregunta que empieza a imponerse ya no es únicamente si Milei consiguió bajar la inflación. Es otra mucho más incómoda: ¿de qué sirve que los precios aumenten más despacio si el salario todavía aumenta menos que lo necesario para vivir?
Porque cuando entre 40% y 45% de los trabajadores se concentra en cuatro grandes actividades con ingresos de $680.000 a $825.000 que apenas financian entre 49% y 59% de una canasta familiar, el problema dejó de ser exclusivamente inflacionario.
El problema es que tener trabajo ya no garantiza tener ingresos suficientes para no ser pobre.
Juan OConnor
