GONZALO SCHWEIZER
El gasto primario de la Administración Pública Nacional acumula una reducción equivalente a 14 puntos del PBI entre 2023 y 2026 si se cumple la proyección del IARAF. El recorte real llega al 32,1% en los primeros ocho meses de este año frente a 2023. Provincias perdieron 86,6% de las transferencias, la obra pública cayó 83,6%, las universidades 39,7% y las ayudas sociales 30,6%. El equilibrio fiscal tiene ganadores, pero también una distribución concreta de sus costos.
El Gobierno de Javier Milei convirtió el superávit fiscal en el núcleo de su programa económico, pero detrás de esa definición existe una transformación mucho más profunda del Estado. El ajuste no consistió solamente en eliminar gastos administrativos o reducir estructuras burocráticas: la Administración Pública Nacional está gastando aproximadamente un tercio menos en términos reales que antes del cambio de gobierno, y una parte importante de esa reducción fue trasladada hacia provincias, universidades, empresas públicas, usuarios de servicios y hogares que reciben prestaciones sociales.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal calcula que, si durante los últimos cuatro meses de 2026 se mantiene el comportamiento observado hasta agosto, el gasto primario de la Administración Pública Nacional terminará representando apenas 12,4% del PBI. La reducción fue progresiva: cuatro puntos del producto en 2024, otros 4,6 en 2025 y una baja proyectada de 5,4 puntos durante 2026. Acumuladas, esas variaciones representan aproximadamente 14 puntos porcentuales del PBI.
Es importante precisar qué significa esa cifra. No quiere decir que durante 2026 el Gobierno haya retirado de la economía dinero equivalente al 14% del PBI. Es la reducción acumulada del peso del gasto primario de la APN sobre la economía durante los tres años. Medido de otra manera, comparando períodos y descontando la inflación, el gasto ejecutado entre enero y agosto de 2026 resulta 32,1% inferior al del mismo período de 2023. Son dos formas diferentes de observar el mismo proceso de contracción estatal.
El superávit no cayó del cielo: alguien dejó de recibir ese dinero
La discusión política suele presentar el equilibrio fiscal como un resultado contable: ingresos de un lado, gastos del otro y una diferencia positiva al final. Pero reducir gasto significa necesariamente modificar flujos de dinero que antes tenían un destinatario. Y los números permiten identificar con bastante precisión dónde cayó la motosierra.
Las transferencias corrientes a provincias y municipios se desplomaron 86,6% real respecto de los primeros ocho meses de 2023. Los bienes de uso, categoría que incluye la obra pública, retrocedieron 83,6%. Las transferencias a empresas públicas y fondos fiduciarios cayeron 62,1%; las destinadas al sector privado —entre ellas subsidios económicos vinculados con energía y transporte—, 59,3%; las universidades nacionales, 39,7%; y las ayudas sociales y asignaciones familiares, 30,6%.
Las jubilaciones y pensiones muestran una reducción porcentual bastante menor, del 8,2% real, pero existe una diferencia fundamental: constituían el 38,1% del gasto primario en 2023. Por su enorme peso presupuestario, una reducción porcentual relativamente menor puede representar mucho dinero y afectar a millones de personas.
La conclusión económica es sencilla pero políticamente incómoda: el superávit tiene beneficiarios, pero no es gratuito. Una cuenta fiscal que mejora porque la Nación transfiere menos a una provincia puede reaparecer como una obra suspendida, un programa reducido o una necesidad de aumentar recursos provinciales. El déficit desaparece de una planilla nacional, pero el costo económico no necesariamente desaparece con él.
El mayor recorte porcentual cayó sobre las provincias
Las provincias aparecen como las grandes perdedoras en términos porcentuales. Una caída real del 86,6% en transferencias corrientes implica prácticamente desmontar una fuente de financiamiento nacional que existía tres años atrás.
Pero aquí aparece uno de los conceptos más importantes del informe: el ajuste “aguas arriba”.
La Nación puede reducir una transferencia y contabilizar inmediatamente un menor gasto. La provincia que deja de recibirla, en cambio, debe decidir qué hacer. Puede reducir su propio gasto, utilizar recursos tributarios propios, aumentar impuestos, endeudarse, postergar pagos o quitar fondos de otra política pública.
Por eso el IARAF advierte que la caída del gasto nacional no equivale automáticamente a una reducción idéntica del gasto público consolidado. Si una provincia sustituye los fondos nacionales con recursos propios, el gasto puede continuar. Si no puede hacerlo, la motosierra nacional termina ejecutándose provincialmente.
La magnitud es considerable: las menores transferencias a provincias, universidades y otras entidades públicas explican juntas 42% de toda la reducción del gasto primario nacional. Es decir, más de cuatro de cada diez pesos del ajuste de la APN corresponden a recursos que Nación dejó de enviar a otros componentes del Estado.
La obra pública perdió 83,6%: el ahorro fiscal también puede convertirse en menor inversión
El segundo gran perdedor es la inversión pública. Los bienes de uso, donde se incluye la obra pública, presentan una reducción real de 83,6%.
Aquí aparece una diferencia económica importante entre recortar gasto corriente y recortar inversión. Suspender una obra permite reducir inmediatamente una erogación fiscal, pero también significa dejar de construir un activo que puede prestar servicios durante décadas. Una ruta, una escuela, una obra hídrica o una infraestructura energética no representan solamente gasto del año en que se construyen.
Además existe un efecto sobre la actividad. La obra pública compra materiales, contrata empresas y demanda trabajadores. Su reducción puede mejorar las cuentas fiscales de corto plazo mientras simultáneamente disminuye demanda en construcción y en las actividades proveedoras.
Esto no significa que toda obra pública sea necesariamente eficiente ni que cualquier nivel de inversión deba preservarse. Significa algo más básico: recortar 83,6% una partida de inversión tiene consecuencias diferentes de reducir un gasto administrativo improductivo. Meter ambas cosas dentro de la palabra “motosierra” oculta esa diferencia económica.
Las ayudas sociales cayeron 30,6%
El ajuste también llegó directamente a los hogares. Las ayudas sociales a personas y asignaciones familiares presentan una reducción real del 30,6% frente a 2023. No se trata de una partida marginal: en aquel año representaban 16% del gasto primario de la Administración Pública Nacional y equivalían aproximadamente a 2,9% del PBI.
La dimensión permite comprender la comparación con los 14 puntos de reducción acumulada. Esa contracción equivale a cerca de cinco veces lo que representaba en 2023 todo el presupuesto anual destinado a ayudas sociales y asignaciones familiares. No significa que Milei haya eliminado cinco veces esa partida, sino que sirve como unidad de comparación para visualizar el tamaño extraordinario del ajuste acumulado.
La reducción adquiere todavía más relevancia en un contexto en el que los ingresos laborales muestran fuertes diferencias entre trabajadores registrados e informales y las estimaciones disponibles vuelven a señalar un aumento de la pobreza. Reducir transferencias sociales cuando una parte de los hogares pierde capacidad de compra implica que el Estado también disminuye una de las herramientas utilizadas para amortiguar esa pérdida.
Quién puso realmente los pesos del ajuste
Otra manera de mirar los datos es preguntar qué partidas explican el total ahorrado, porque el mayor recorte porcentual no necesariamente es el que aporta más dinero.
Las transferencias a empresas públicas y fondos fiduciarios explican 23,6% de toda la caída real del gasto primario. Las otras transferencias al sector privado aportan otro 14,9%; las ayudas sociales y asignaciones familiares, 14,4%; las provincias y municipios, 13%; el gasto en personal, 10,6%; y las jubilaciones y pensiones, 10,1%. La obra pública explica 5,2%, las universidades 5%, los servicios no personales 2,1% y otros gastos 1,1%.
Esos porcentajes permiten desmontar dos simplificaciones opuestas. El ajuste no fue exclusivamente contra jubilados y pobres, pero tampoco consistió exclusivamente en eliminar “casta” o gastos políticos. Fue mucho más amplio: atravesó transferencias intergubernamentales, subsidios, empresas públicas, salarios estatales, prestaciones sociales, jubilaciones, universidades e inversión.
La distribución concreta importa porque determina quién absorbe finalmente el costo.
Quién gana
El Tesoro nacional es el ganador inmediato. Menor gasto facilita alcanzar el superávit, reduce las necesidades de financiamiento y disminuye la presión para emitir dinero o tomar nueva deuda destinada a cubrir desequilibrios corrientes. Desde la lógica del programa económico, esa disciplina fiscal constituye además una señal dirigida a inversores y acreedores sobre la capacidad del Estado para mantener sus cuentas bajo control.
También pueden ganar los tenedores de deuda argentina y potenciales inversores si consideran que un Estado con mayor disciplina fiscal tiene menor riesgo de incumplimiento futuro. Esa mejora, sin embargo, depende de que el ajuste resulte sostenible y no deteriore de tal manera la actividad y la recaudación que termine debilitando nuevamente las cuentas públicas.
Los contribuyentes podrían beneficiarse a largo plazo si la reducción estructural del gasto permitiera disminuir impuestos sin volver al déficit. Pero ese beneficio es todavía condicional: recortar gasto hoy no significa automáticamente que hogares y empresas paguen menos impuestos mañana.
Quién pierde
Las provincias y municipios encabezan la lista por la magnitud del recorte de transferencias: 86,6%. La Nación mejora su cuenta y traslada parte de la decisión políticamente difícil hacia gobernadores e intendentes.
Pierde la obra pública, con una caída de 83,6%, y con ella contratistas, proveedores, trabajadores y territorios donde esas inversiones debían ejecutarse.
Pierden las empresas públicas y fondos fiduciarios, cuyas transferencias se redujeron 62,1%, aunque el efecto final depende de cuánto puedan compensar con ingresos propios, tarifas, endeudamiento o reducción de gastos.
Pierden los usuarios de servicios subsidiados cuando la disminución de transferencias económicas termina trasladándose a tarifas.
Pierden las universidades nacionales, con una contracción real de 39,7% de sus transferencias, que deben absorber mediante menores gastos, recursos adicionales o ambas cosas.
Y pierden los hogares receptores de ayudas sociales y asignaciones, con una reducción real de 30,6%, además de jubilados y pensionados, cuya partida cayó 8,2% real.
El riesgo económico: ajustar puede reducir la misma recaudación que sostiene el superávit
Aquí aparece la parte más delicada del modelo.
El gasto público no solamente representa un costo para el Estado. También constituye ingreso para alguien: el salario de un empleado, la facturación de una constructora, la transferencia de una provincia, el ingreso de un jubilado o el subsidio que reduce la factura de un usuario.
Cuando ese gasto se contrae, una parte puede transformarse en menor consumo, inversión o actividad. Y cuando la actividad se debilita, también puede hacerlo la recaudación tributaria.
El propio material señala que la recaudación está dejando de acompañar las necesidades fiscales del Gobierno. Eso genera un circuito potencialmente problemático: menos recaudación obliga a profundizar el recorte para preservar el superávit; un nuevo recorte puede debilitar actividad y consumo; menor actividad puede volver a deteriorar la recaudación y exigir otro ajuste.
No significa que ese círculo vaya necesariamente a producirse ni que cada peso de gasto genere automáticamente un peso de recaudación. Pero sí marca el límite económico de cualquier consolidación fiscal basada predominantemente en comprimir erogaciones: el gasto puede bajar mucho más rápido que la economía durante un tiempo; no puede hacerlo indefinidamente sin modificar los servicios, las inversiones y los ingresos que ese gasto financiaba.
La discusión política no es si hubo ajuste: es quién lo pagó
Milei puede exhibir una transformación fiscal de dimensiones excepcionales. Si se cumple la proyección, el gasto primario de la APN habrá reducido su peso sobre el PBI en aproximadamente 14 puntos en apenas tres años, mientras la caída real comparada con 2023 alcanza 32,1% hasta agosto de 2026. Es una modificación estructural del tamaño del Estado nacional.
La discusión relevante empieza después de reconocer ese resultado.
Porque el déficit fiscal puede desaparecer de la contabilidad nacional, pero los costos que antes financiaba no desaparecen necesariamente de la sociedad. Una provincia debe encontrar recursos. Una universidad debe reducir gastos o conseguir ingresos. Una empresa pública debe aumentar su autofinanciamiento. Una obra queda sin ejecutar. Un usuario paga una tarifa mayor. Una familia recibe una transferencia menor.
Eso permite identificar el verdadero reparto.
Gana Nación, porque concentra el beneficio fiscal inmediato.
Pierden provincias y organismos, porque reciben parte del ajuste que luego deben ejecutar.
Ganan acreedores e inversores si la solvencia fiscal reduce el riesgo, aunque ese beneficio depende de la sostenibilidad económica del programa.
Pierden trabajadores, jubilados y beneficiarios cuando el recorte reduce ingresos reales o prestaciones.
Pierde la economía productiva cuando el ajuste sobre inversión pública y transferencias se convierte en menor demanda, aunque la magnitud final depende de cuánto pueda reemplazar el sector privado.
Y el Gobierno obtiene el principal activo político de su programa —el equilibrio fiscal— mientras asume su principal riesgo: que la sociedad empiece a mirar menos el número final de la planilla y más quién puso los pesos que hicieron posible llegar a él.
Porque los 14 puntos del PBI no son una abstracción. El propio desglose permite seguir el recorrido de la motosierra: 86,6% menos de transferencias a provincias, 83,6% menos en bienes de uso y obra pública, 62,1% menos hacia empresas públicas y fondos fiduciarios, 59,3% menos en otras transferencias al sector privado, 39,7% menos para universidades, 30,6% menos en ayudas sociales y 8,2% menos en jubilaciones y pensiones.
El superávit tiene un número.
El ajuste tiene nombres.
CONCHITA PRETA
Rodolfo Gudino
