La reforma que quiere periodistas libres… de derechos

Mientras el Gobierno avanza con la derogación del Estatuto del Periodista dentro de la reforma laboral, más de 3.000 trabajadores de prensa, sindicatos y legisladores de distintos bloques rechazaron la iniciativa frente al Senado. Defender la libertad de expresión sin derechos laborales no es liberalismo: es precarización planificada.

Hay épocas que no se anuncian con sirenas ni decretos épicos, sino con reformas técnicas, artículos mal numerados y explicaciones tediosas sobre “modernización”, esas palabras que en la Argentina suelen funcionar como anestesia previa al desguace, y esta es una de ellas, porque mientras el Gobierno insiste en vender libertad como si fuera una promo bancaria, lo que intenta derogar —con prolijidad administrativa y cinismo discursivo— es una de las pocas herramientas que todavía permiten que la libertad de expresión no sea apenas una consigna gritona en redes sociales sino una práctica concreta, incómoda y, sobre todo, posible.

El Estatuto del Periodista no es una reliquia ni un capricho gremial ni un privilegio corporativo, aunque así lo presenten quienes jamás tuvieron que elegir entre pagar el alquiler o sostener una investigación que incomoda al poder, sino una norma que reconoce algo tan elemental que resulta casi ofensivo tener que recordarlo: que los periodistas son trabajadores, y que sin condiciones mínimas de estabilidad, salario y protección, la pluralidad informativa se convierte rápidamente en una puesta en escena vacía, apta solo para influencers obedientes, opinadores seriales y comunicadores descartables.

Este miércoles, en la vereda del Palacio Legislativo —ese espacio público que aún no fue concesionado a una fintech ni convertido en parking ideológico—, periodistas de distintas tradiciones, sindicatos de prensa y legisladores del peronismo y la izquierda se juntaron para decirlo sin demasiadas vueltas: derogar el Estatuto del Periodista es un ataque directo a la libertad de expresión, aunque se disfrace de reforma laboral, de eficiencia económica o de ajuste inevitable en nombre de una libertad que siempre parece necesitar que otros se queden sin derechos.

La escena tenía algo de paradoja argentina y algo de postal anticipatoria: comunicadores que suelen disentir entre sí, senadores y diputados que no comparten agenda diaria, unidos no por amor, sino por la certeza incómoda de que cuando un gobierno decide avanzar contra quienes informan, no lo hace por error, sino por diseño, y que esa ofensiva rara vez empieza con censura explícita, porque la censura moderna es más elegante, más barata y mucho más efectiva: se llama precarización.

Nancy Pazos, con esa mezcla de lucidez y cansancio que solo da haber visto pasar demasiados gobiernos convencidos de que la prensa debe agradecer en silencio, lo dijo sin rodeos y sin maquillaje: lo que estamos viviendo ya no es solo una administración excéntrica, sino una deriva de rasgos autoritarios, un régimen que se incomoda incluso a sí mismo y que, en su obsesión por controlar el relato, avanza torpemente hacia situaciones que empiezan a incomodar incluso a quienes lo defienden con entusiasmo tuitero.

Porque el problema del Estatuto del Periodista no es técnico ni jurídico, es político y cultural, y tiene que ver con algo que al poder siempre le resultó insoportable: la idea de que quien informa no sea un subordinado, de que el periodista no dependa exclusivamente de la simpatía del dueño del medio, del anunciante de turno o del funcionario que reparte pauta con criterios de venganza emocional.

Hubo un tiempo —recordó Pazos— en el que muchos periodistas no se reconocían como trabajadores, convencidos de que su labor intelectual los ubicaba más cerca de los propietarios que de los laburantes, hasta que la historia, siempre didáctica cuando se la ignora, mostró con crudeza que cuando los medios se transformaron definitivamente en empresas comerciales, lo primero que se perdió fue esa ilusión de paridad, y lo que quedó fue una relación desigual donde, sin estatuto ni derechos, la libertad se volvió un privilegio selectivo.

Eso es exactamente lo que hoy se intenta reinstalar bajo el nombre de libertad: un esquema donde el periodista es libre de opinar siempre y cuando no moleste, no investigue demasiado, no cuestione al anunciante correcto y no olvide que su continuidad depende de una voluntad ajena, frágil y volátil, como todo en este país que se precia de odiar al Estado mientras construye un Estado punitivo para los débiles y extremadamente generoso con los poderosos.

Agustín Lecchi, secretario general de SiPreBA, aportó un dato que el Gobierno prefiere ignorar porque no entra en el relato épico del ajuste virtuoso: más de 3.000 periodistas firmaron una solicitada rechazando la derogación del Estatuto, y no lo hicieron desde una trinchera ideológica homogénea, sino desde una experiencia compartida que atraviesa redacciones, plataformas, radios, canales y medios autogestivos, todos ellos golpeados por la misma lógica que celebra la flexibilidad cuando se trata del trabajador y la estabilidad cuando se trata del capital.

La reforma laboral que impulsa el oficialismo no busca modernizar el mundo del trabajo, como repiten con entusiasmo quienes jamás pisaron una redacción a las tres de la mañana, sino licuar derechos, desarmar protecciones históricas y convertir a los trabajadores en piezas intercambiables de un mercado que exige obediencia, disponibilidad total y gratitud permanente.

Y en ese esquema, el periodismo resulta particularmente molesto, porque no produce mercancías tangibles ni ganancias inmediatas, pero sí produce algo mucho más peligroso para cualquier proyecto autoritario: información, contexto, preguntas, memoria y contradicción.

Alejandro Bercovich lo explicó con una claridad que no necesita adjetivos grandilocuentes: cuando se miran los apellidos que firmaron la solicitada —apellidos que suelen enfrentarse en debates públicos, editoriales y pantallas— queda en evidencia que lo que está en juego no es una interna sectorial ni una pulseada gremial, sino el límite mismo de lo que una democracia tolera antes de empezar a vaciarse por dentro.

Pero el Gobierno, convencido de que la política es una guerra cultural permanente y que toda crítica es una conspiración, parece no registrar esa señal de alarma, o peor aún, la registra y decide ignorarla, porque su proyecto necesita periodistas aislados, freelanceados, cansados y agradecidos, figuras solitarias sin respaldo colectivo, más preocupadas por sobrevivir que por incomodar.

En este país de boludos institucionalizados, donde se confunde libertad con desregulación y coraje con crueldad, el plan es tan simple que da vergüenza detallarlo: derogar el Estatuto, precarizar al periodista (más de lo que ya estamos), debilitar la organización colectiva, gritar libertad en redes sociales, acusar de ensobrado a quien pregunte y victimizarse cada vez que alguien informa algo que no coincide con el relato oficial.

Una lógica partidaria, pero sin derechos y sin delivery: solo ajuste, castigo simbólico y likes, muchos likes, porque la política, cuando pierde proyecto, se refugia en el aplauso digital como un adicto en su dosis diaria.

El Estatuto del Periodista no garantiza valentía ni honestidad ni talento, pero asegura algo mucho más modesto y mucho más importante: un piso de dignidad desde el cual ejercer el oficio sin pedir permiso, sin agradecer migajas y sin aceptar que la libertad sea un privilegio concedido por el poder de turno.

Por eso molesta tanto.

Porque un periodista con derechos no es dócil, y un periodista sin miedo no es funcional.

Por eso no buscan callar con censura explícita, porque sería demasiado evidente, demasiado tosco, demasiado latinoamericano para un gobierno que se pretende moderno; buscan algo más sofisticado y eficaz: cansar con hambre, disciplinar con incertidumbre, vaciar de contenido la palabra libertad hasta que solo quede el eco de su uso abusivo.

Y por eso esta discusión no es corporativa, no es sectorial y no es anecdótica.

Es política.
Es democrática.
Y es urgente.

Porque cuando un país empieza a celebrar la libertad de prensa mientras se asegura de que nadie pueda ejercerla sin pagar un costo personal devastador, no está avanzando hacia el futuro: está retrocediendo con entusiasmo, convencido de que la historia no se repite, hasta que vuelve a hacerlo, siempre con menos sutileza y más violencia.

Y entonces ya no hay estatuto que alcance.