Melina Schweizer
Un informe técnico del Ministerio Público Fiscal encontró inconsistencias en las declaraciones juradas de Manuel Adorni y de su esposa, Betina Angeletti. La Fiscalía analizará ahora el origen de los fondos, las compras de inmuebles, los préstamos particulares y los US$500.000 en efectivo que el exfuncionario atribuyó a una inversión en Bitcoin nunca declarada previamente.
La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni ingresó en una etapa decisiva. Un informe técnico solicitado por el fiscal federal Gerardo Pollicita detectó inconsistencias en la evolución patrimonial del exjefe de Gabinete durante su paso por el gobierno de Javier Milei, por lo que la Fiscalía deberá determinar si las explicaciones y la documentación incorporadas alcanzan para justificar el crecimiento de sus bienes.
El análisis fue elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones, dependiente del Ministerio Público Fiscal, e incluye tanto los movimientos económicos de Adorni como los de su esposa, Betina Angeletti. El período examinado comienza el 14 de diciembre de 2023, cuando el entonces vocero ingresó formalmente a la función pública, y abarca las declaraciones juradas presentadas durante los años siguientes.
Fuentes judiciales indicaron que los especialistas encontraron “inconsistencias” entre los bienes declarados, los movimientos financieros y las explicaciones incorporadas al expediente. El término no supone todavía una conclusión de culpabilidad, pero sí señala diferencias que deberán ser aclaradas antes de que el fiscal decida si corresponde pedir una declaración indagatoria.
El equipo de Pollicita analizará operaciones bancarias, reintegros, devoluciones, rescates de inversiones, préstamos, ventas de activos, conversiones de moneda y acreditaciones efectuadas por terceros. El objetivo será establecer si existe una correspondencia verificable entre los ingresos declarados por el matrimonio y el patrimonio acumulado durante el período investigado.
La causa podría registrar novedades una vez finalizada la feria judicial, prevista para el 31 de julio. Antes de solicitar la indagatoria, el fiscal deberá realizar un requerimiento formal de justificación patrimonial para que Adorni explique el origen de los fondos y aporte documentación respaldatoria. Solo si esas respuestas resultan insuficientes, Pollicita podrá pedirle al juez federal Ariel Lijo que lo cite a declarar como imputado.
La decisión final dependerá del magistrado. Por eso, aunque la convocatoria aparece como una posibilidad concreta dentro del expediente, todavía no existe una citación confirmada. El llamado a indagatoria tampoco equivaldría a una condena: se trata del acto procesal mediante el cual una persona investigada conoce formalmente la acusación y puede ejercer su defensa.
La investigación se concentra especialmente en una serie de adquisiciones y gastos realizados desde la llegada de Adorni al Estado. Entre ellos aparece la incorporación de un departamento en el barrio porteño de Caballito y una vivienda ubicada en el barrio privado Indio Cuá, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.
Esa última propiedad fue completamente refaccionada. Según declaró ante la Justicia el contratista Matías Tabar, la obra habría demandado una inversión de US$245.000 en efectivo, una cifra cuya procedencia forma parte de las preguntas que intentan responder los investigadores.
El expediente también contempla distintos viajes realizados por Adorni y su familia, entre ellos traslados a Punta del Este en avión privado, una estadía en el hotel Llao Llao de Bariloche y un viaje a Aruba junto a su pareja. A eso se suma la renovación de su vehículo y el origen de los fondos utilizados para adquirir los inmuebles.
En sus declaraciones juradas, el exfuncionario aseguró que una parte de esas operaciones había sido financiada mediante préstamos particulares. Entre quienes aparecen como prestamistas figuran dos jubiladas y dos integrantes de fuerzas policiales, vínculos y movimientos que ahora deberán ser contrastados con la documentación bancaria, fiscal y patrimonial incorporada a la causa.
El punto más delicado surgió el 11 de junio, cuando Adorni rectificó sus declaraciones juradas correspondientes a 2023 y 2024, presentó la de 2025 e informó que poseía US$500.000 en efectivo. Según su explicación, el dinero provenía de la venta de activos originados en una inversión en Bitcoin efectuada antes de ingresar a la administración pública.
Adorni sostuvo que había invertido US$200.000 entre 2013 y 2014 y que la operación le permitió obtener una ganancia adicional de US$300.000. Sin embargo, esos fondos no habían sido consignados en sus declaraciones patrimoniales anteriores, por lo que la Fiscalía deberá verificar tanto la existencia de la inversión original como la trazabilidad de la compraventa de los criptoactivos y el posterior ingreso del dinero a su patrimonio.
La rectificación de una declaración jurada no implica por sí misma la comisión de un delito. El problema jurídico aparece cuando las diferencias no pueden ser respaldadas con documentación o cuando el crecimiento patrimonial resulta incompatible con los ingresos lícitos comprobados. Esa es precisamente la cuestión que deberá resolver el análisis encabezado por Pollicita.
La causa avanza, además, sobre un exfuncionario que durante su paso por el Gobierno ocupó uno de los lugares de mayor exposición política. Adorni fue vocero presidencial y posteriormente jefe de Gabinete, por lo que el expediente adquiere una sensibilidad particular para una administración que hizo de la lucha contra los privilegios de la política una de sus principales banderas discursivas.
Por el momento, la Justicia no determinó que exista enriquecimiento ilícito ni estableció responsabilidades penales. Lo confirmado es que el informe técnico encontró inconsistencias y que el exfuncionario podría ser requerido para explicar cómo financió sus propiedades, sus refacciones, sus viajes y los cientos de miles de dólares que declaró después de que la investigación ya se encontraba en marcha.
