REDACCIÓN
Juan Bautista Mahiques asumió como ministro de Justicia y en cuestión de horas resolvió la «prueba de sangre» que le exigieron Karina Milei y los Menem: despidió a Ernesto Gaspari de la Unidad de Información Financiera y a Daniel Vítilo de la Inspección General de Justicia. Ambos respondían a Santiago Caputo y llevaban adelante la ofensiva judicial contra el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, y su hombre fuerte, Pablo Toviggino. El movimiento reconfigura la interna libertaria y abre un interrogante: ¿el Gobierno levanta el pie de la causa contra el fútbol?.
Menos de 24 horas le bastaron a Juan Bautista Mahiques para demostrar que entendió las reglas del juego. El flamante ministro de Justicia juró en el cargo y, antes de que se enfriara el decreto, echó a los dos funcionarios que encabezaban la cruzada judicial contra la Asociación del Fútbol Argentino.
Ernesto Gaspari ya no es el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF). Daniel Vítilo fue despedido de la Inspección General de Justicia (IGJ). Ambos respondían directamente a Santiago Caputo, el asesor estrella de Javier Milei conocido como «el hombre de las sombras» o «el líder de Las Fuerzas del Cielo».
La movida no fue casual. Mahiques asumía con una mochila pesada: su vínculo con la cúpula de la AFA era un secreto a voces. Había participado del cumpleaños de su padre, el camarista Carlos «Coco» Mahiques, en una quinta de Pilar asociada a Pablo Toviggino, la mano derecha de «Chiqui» Tapia, investigada por lavado de activos en la justicia federal. Además, había puesto los abogados defensores a Toviggino en causas judiciales.
LA «PRUEBA DE SANGRE» QUE EXIGÍA LA ROSADA
La llegada de Mahiques al ministerio no fue un trámite sencillo. Fue el resultado de un acuerdo entre Karina Milei y Daniel «Tano» Angelici, con el objetivo inicial de alivianar la presión judicial que pesa sobre la hermana del presidente en causas como la del escándalo de la ANDIS y la criptomoneda $LIBRA.
Pero la incógnita que recorría los pasillos de la Rosada era otra: ¿ese acuerdo incluía frenar la ofensiva del Gobierno contra la AFA? La respuesta llegó en tiempo récord. La «prueba de sangre» que le exigían los Menem y Karina se saldó con la cabeza de Gaspari y Vítilo.
SANTIAGO CAPUTO: EL VERDADERO DERROTADO DE LA JUGADA
Hasta el viernes, la ofensiva contra Tapia y Toviggino se manejaba desde tres organismos clave que controlaba Santiago Caputo: ARCA (la ex AFIP), la UIF y la IGJ.
La IGJ había sido el ariete principal. Fue la que inició la cruzada contra Tapia al comienzo del gobierno de Milei, al punto de forzar al presidente de la AFA a mudar la sede de la asociación a la provincia de Buenos Aires para evitar los requerimientos nacionales.
Caputo había sido explícito. En un off the record con periodistas cuando se conoció la llegada de Mahiques, aseguró que él colaboraría para meter preso a Tapia por medio de la IGJ y la UIF [información de base]. Era una advertencia directa al nuevo ministro: no podría frenar ningún avance si los organismos de control seguían reportando a «Las Fuerzas del Cielo».
Con las salidas de Gaspari y Vítilo, Caputo perdió dos fichas clave en el tablero judicial.
EL ROL DE GASPARI Y LOS RIESGOS PARA LA INOCENCIA FISCAL
La salida de Gaspari de la UIF no es un cambio menor. El funcionario había asumido en enero de este año tras la renuncia de Paul Starc, un hombre de Caputo que pasó al directorio del BICE .
Gaspari, con perfil técnico y trayectoria en la Cancillería, había llegado con la misión de consolidar una «gestión técnica y profesional» en la unidad antilavado . Pero su permanencia en el cargo duró apenas dos meses.
El problema es que su salida genera un riesgo concreto para la gestión. Gaspari estaba a cargo de implementar aspectos clave de la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal (N° 27.799), sancionada en diciembre y publicada en enero . Justamente, su antecesor, Paul Starc, se había negado a firmar esa reglamentación por temor a eventuales sanciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El temor de Starc tenía fundamento: la ley eleva los umbrales de evasión a 100 millones de pesos, reduce los plazos de prescripción y modifica el régimen penal tributario . Pero no exime a los sujetos obligados de cumplir con las normas de prevención de lavado de activos que controla la UIF . Mover dinero en el país requiere cumplir con las regulaciones vigentes para verificar la procedencia lícita de los fondos, y ahí la UIF sigue siendo clave .
Con Gaspari afuera, la implementación de la inocencia fiscal queda en una nebulosa. Y el GAFI, que suele mirar con lupa estos movimientos, podría tener motivos para preocuparse.
LA CONTRADICCIÓN DEL GOBIERNO: ENTRE AGRADECER Y ATACAR
La paradoja que envuelve al oficialismo en el tema AFA es casi ridícula. El mismo día en que Mahiques echaba a los hombres de Caputo, el ministro de Justicia comenzaba a dar señales favorables al mandamás del fútbol.
Esto ocurre en paralelo a un hecho que debería haber sido un triunfo para la gestión: la liberación del gendarme Nahuel Gallo, rescatado de Venezuela gracias a gestiones directas de «Chiqui» Tapia ante el gobierno de Nicolás Maduro.
Pero en lugar de celebrar, Patricia Bullrich y Pablo Quirno salieron a atacar a Tapia, acusándolo de «colgarse» de la noticia. La interna libertaria no tiene límites: ni siquiera una gestión humanitaria puede zafar del barro.
LO QUE VIENE
Mahiques pasó la prueba. Cumplió en su primer día. Pero el costo es alto: se enfrentó directamente al sector de Santiago Caputo, el hombre más poderoso en las somras del gobierno libertario. La interna entre «los fachos» (como llaman a Caputo) y » los moderados» (cerca de Karina y los Menem) se trasladó al gabinete.
Mientras tanto, la AFA festeja. La presión judicial que venía del gobierno se desactivó por ahora. Queda por ver si la UIF y la IGJ, con nuevos jefes, mantendrán el impulso investigador o si, como todo indica, el «Chiqui» Tapia respirará más tranquilo.
CONCHITA PRETA
GONZALO SCHWEIZER
