Melina Schweizer
Senadores aliados se niegan a firmar los pliegos judiciales enviados por la Casa Rosada hasta que aparezcan los nombres pedidos por las provincias. La rebelión golpea a Juan Bautista Mahiques y deja expuesta otra fractura dentro del armado libertario. Bullrich presiona para acelerar, pero el Senado ya empezó a marcarle límites al Gobierno.
La escena es bastante más grave de lo que el Gobierno quisiera admitir. Mientras la Casa Rosada intenta avanzar con la aprobación de decenas de pliegos judiciales para consolidar poder en tribunales federales y cámaras estratégicas, un grupo de senadores aliados decidió plantar bandera y frenar el operativo político de Juan Bautista Mahiques.
El motivo no es ideológico.
Es territorial.
Los gobernadores empezaron a cansarse de mirar cómo la mayoría de los cargos judiciales quedan concentrados entre Buenos Aires y Capital Federal mientras las provincias siguen esperando nombramientos propios. Y esa bronca ya se trasladó al Senado, donde el oficialismo empezó a descubrir algo incómodo: no alcanza con tener aliados si esos aliados sienten que solo los llaman para votar.
La rebelión incluye nombres que hasta hace pocas semanas orbitaban cerca del Gobierno sin demasiados sobresaltos: Carlos Espínola, Martín Goerling Lara, Maximiliano Abad, Flavia Royón y Carolina Losada, entre otros. Radicales, macristas, peronistas disidentes y provinciales que, por distintas razones, coinciden en algo básico: no piensan seguir firmando pliegos mientras la Rosada ignora los nombres que bajan los gobernadores.
La tensión escaló rápido.
Según trascendió, la propia Patricia Bullrich tuvo que salir a apurar a Mahiques para destrabar el conflicto después de comprobar que el oficialismo no conseguía las firmas necesarias en la comisión de Acuerdos. El problema es matemático y político al mismo tiempo: La Libertad Avanza tiene apenas 21 senadores y necesita construir mayorías con sectores aliados para llegar a los 37 votos que exige la aprobación de jueces en el recinto.
Pero ahora esos aliados empezaron a pasar factura.
Y el mensaje fue brutalmente explícito.
“Yo no firmo nada”, habría dicho Goerling Lara durante la reunión de comisión. Abad, por su parte, directamente se levantó antes del cierre sin acompañar ningún dictamen. El resultado fue un golpe concreto para el Gobierno: ninguno de los 47 postulantes que desfilaron por audiencias públicas logró reunir las firmas necesarias para avanzar.
La escena deja algo más profundo al descubierto.
La política judicial de Milei empezó a chocar contra la lógica federal del Senado.
Porque mientras la Casa Rosada acelera nombramientos ligados a causas sensibles para el oficialismo, los gobernadores reclaman lugares propios en juzgados, fiscalías y cámaras federales de sus provincias. Y no están dispuestos a resignarlos silenciosamente.
Ahí aparece el problema de fondo para Mahiques.
Desde su desembarco en el Ministerio de Justicia, el ex procurador porteño quedó asociado a una lógica muy concentrada en Comodoro Py y en los intereses judiciales del círculo más cercano al poder libertario. En el Senado ya circula la idea de que el ministro avanzó rápido con expedientes sensibles para sectores ligados a la AFA y determinados actores judiciales, mientras demoró los acuerdos que reclamaban los mandatarios provinciales.
Esa percepción empezó a erosionar vínculos.
Y en política judicial, cuando los gobernadores se sienten excluidos, el Senado se convierte en una muralla.
Porque los pliegos no pasan por Twitter.
Pasan por acuerdos territoriales.
El problema para el Gobierno es que el reloj ya corre en contra. Según trascendió, Mahiques habría prometido enviar los pliegos faltantes durante los próximos días para intentar desactivar la rebelión. Pero incluso si lo hace, los tiempos parlamentarios complican el operativo: el reglamento obliga a esperar siete días desde la firma de los dictámenes antes de llevar los pliegos al recinto.
Y ahí aparece otra amenaza silenciosa.
El calendario político.
Porque en el Senado ya saben que, una vez que arranque el Mundial y después se acelere la campaña electoral, será mucho más difícil sentar a los senadores para negociar jueces, cargos y estructuras judiciales. En otras palabras: el oficialismo está entrando en una ventana cada vez más corta para ordenar su esquema de poder judicial.
La situación además expone otra tensión interna dentro del oficialismo.
Mientras Milei intenta sostener una narrativa de autoridad absoluta, la realidad parlamentaria muestra otra cosa: un gobierno que depende permanentemente de aliados que no controla del todo y que empiezan a endurecer condiciones a medida que perciben debilidad política.
Y la debilidad existe.
El escándalo alrededor de Manuel Adorni, las disputas internas por la sucesión en la Jefatura de Gabinete y la creciente tensión entre Karina Milei y sectores aliados del PRO empezaron a deteriorar algo clave para cualquier oficialismo: la sensación de invulnerabilidad.
Eso se siente especialmente en el Senado.
Porque los gobernadores leen el poder mejor que nadie.
Y cuando detectan fragilidad, negocian más caro.
Por eso esta rebelión no es solamente una discusión por nombres judiciales. Es una advertencia política. Los aliados ya no quieren ser convidados de piedra mientras la Rosada concentra poder y reparte cargos sin equilibrio federal.
El Gobierno todavía puede ordenar el conflicto.
Pero el episodio dejó una marca.
El Senado empezó a mostrar que no piensa votar a libro cerrado.
Y Mahiques acaba de descubrir que manejar jueces no es lo mismo que manejar Twitter.
Enzo Cabrera
