Melina Schweizer
La Cámara en lo Contencioso Administrativo levantó la cautelar impulsada por la CGT y el Gobierno podrá empezar a aplicar la reforma laboral. Quedaron habilitados cambios sobre indemnizaciones, jornada laboral, horas extras y poder empresarial dentro de las empresas. La pelea judicial sigue, pero el oficialismo ya consiguió lo que buscaba: empezar a flexibilizar las relaciones laborales.
El gobierno de Javier Milei acaba de conseguir una de las victorias políticas y judiciales más importantes desde la aprobación de su reforma laboral. La Justicia en lo Contencioso Administrativo resolvió levantar la cautelar que había frenado parte central de la denominada “Ley de Modernización Laboral”, habilitando así al Ejecutivo a comenzar con la aplicación efectiva de un paquete de cambios que impacta directamente sobre derechos laborales conquistados durante décadas.
El fallo fue firmado por la jueza Macarena Marra Giménez, titular del juzgado 12 del fuero Contencioso Administrativo, quien decidió dejar sin efecto la medida cautelar que había sido otorgada previamente desde el fuero laboral a pedido de la CGT. Con esa decisión, el Gobierno consiguió remover el principal obstáculo judicial que impedía avanzar con la implementación de 81 artículos de la reforma.
No se trata de una discusión menor ni técnica.
Lo que acaba de habilitarse es una modificación profunda de las relaciones laborales en Argentina.
Y eso explica por qué la disputa entre el Gobierno y la CGT lleva meses escalando entre tribunales, apelaciones y conflictos de competencia judicial.
La central obrera había logrado inicialmente frenar la aplicación de buena parte de la reforma mediante una cautelar concedida por el juez laboral Alejandro Ojeda, en una estrategia que buscaba mantener el expediente dentro del fuero laboral, históricamente más receptivo a planteos sindicales y de protección de derechos laborales.
Pero desde el inicio, la Casa Rosada intentó exactamente lo contrario.
El Gobierno quería sacar la causa del ámbito laboral y trasladarla al fuero Contencioso Administrativo, un espacio judicial que suele concentrar litigios contra el Estado nacional y que, históricamente, resulta más favorable a los gobiernos de turno cuando están en discusión políticas públicas o reformas estructurales.
La batalla por el expediente fue tan importante como la discusión de fondo.
Porque en Argentina, muchas veces, el resultado de una causa empieza a definirse por el tribunal que termina analizándola.
Finalmente, una resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo terminó inclinando la balanza a favor del oficialismo y dejó el expediente bajo la órbita de ese fuero. El fallo de este viernes terminó de consolidar esa ventaja procesal para el Gobierno.
La decisión judicial habilita ahora la entrada en vigencia de aspectos centrales de la reforma impulsada por Milei y aprobada por el Congreso en febrero. Entre los puntos que habían quedado suspendidos por la cautelar aparecen modificaciones sobre horas extras, indemnizaciones, jornada laboral, ampliación de facultades empresariales dentro de las relaciones de trabajo y limitaciones vinculadas a la actividad sindical.
También vuelve a escena uno de los artículos más polémicos del paquete: el traspaso del fuero laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, una iniciativa resistida tanto por sindicatos como por sectores judiciales que consideran que podría debilitar la autonomía y el funcionamiento histórico de la justicia laboral nacional.
La CGT sostiene que la reforma implica una degradación general de las condiciones de protección para los trabajadores. En sus presentaciones judiciales, la central obrera denunció que la norma reduce el alcance de la Ley de Contrato de Trabajo, fortalece el poder jerárquico de los empleadores y restringe herramientas de organización colectiva y acción sindical.
No es casual que el Gobierno use otra terminología.
Mientras el sindicalismo habla de flexibilización, pérdida de derechos y precarización, la Casa Rosada insiste con conceptos como “modernización”, “libertad contractual” y “desburocratización del mercado laboral”. Detrás de esa disputa semántica hay una discusión mucho más profunda sobre el modelo de trabajo que busca instalar el oficialismo. Porque la reforma no apunta solamente a bajar costos laborales. Busca alterar el equilibrio histórico entre trabajadores y empleadores.
Y eso se ve especialmente en el nuevo esquema de relaciones laborales que impulsa el Gobierno: menos intervención estatal, menor capacidad de litigio para los trabajadores y más margen de decisión para las empresas.
El oficialismo sostiene que la rigidez laboral argentina desalienta inversiones y fomenta informalidad. Bajo esa lógica, flexibilizar condiciones de contratación permitiría generar empleo y reducir litigiosidad.
Pero los críticos de la reforma plantean algo distinto. Que el problema principal del mercado laboral argentino no es el exceso de derechos sino la crisis económica, la caída del consumo y la destrucción de empleo formal. Y que flexibilizar en un contexto de recesión suele terminar debilitando aún más la posición de los trabajadores.
La decisión judicial llega además en un momento delicado para el mundo laboral. Según distintos relevamientos, el empleo no registrado ya supera el 43%, mientras el propio Gobierno avanza simultáneamente en un esquema que reduce inspecciones y transforma controles laborales en “visitas de cortesía” orientadas a persuadir empresarios en lugar de sancionarlos.
Es decir: la flexibilización no llega sola. Llega acompañada por una retirada progresiva del Estado como órgano de control laboral. Y eso explica buena parte de la preocupación sindical.
El fallo tampoco cierra definitivamente el conflicto. La CGT todavía puede apelar dentro del mismo fuero y eventualmente llevar la discusión hasta la Corte Suprema. De hecho, el máximo tribunal ya intervino indirectamente esta semana cuando rechazó el pedido de “per saltum” impulsado por el Gobierno para acelerar una definición definitiva sobre la constitucionalidad de la reforma.
Ese rechazo mostró algo importante.
La Corte no quiere quedar pegada prematuramente al conflicto.
Al menos por ahora.
Pero el oficialismo igual consiguió un triunfo clave: aunque la pelea judicial siga abierta, la reforma empieza a aplicarse desde ahora. Y en política, el tiempo también construye hechos consumados. Porque una vez que las nuevas reglas empiezan a funcionar dentro de empresas, convenios y relaciones laborales, revertirlas se vuelve mucho más difícil. Ahí está la verdadera importancia de este fallo. No solamente habilita artículos. Habilita un cambio de época.
La discusión que atraviesa la Argentina ya no es únicamente económica. Es sobre qué derechos sobreviven cuando un gobierno decide que el mercado debe ordenar incluso las relaciones laborales. Y la Justicia, al menos esta vez, acaba de darle vía libre para intentarlo.
