Melina Schweizer
A 44 años de la guerra, la Corte Suprema aún no se pronuncia sobre si las torturas a soldados argentinos constituyen delitos de lesa humanidad. El dictamen fiscal que pide su imprescriptibilidad lleva más de dos años sin resolución.
A más de cuatro décadas de la Guerra de Malvinas, el conflicto no terminó. Cambió de escenario. Hoy se libra en los tribunales. Y allí, el tiempo se volvió una forma de injusticia.
La causa por torturas a conscriptos —abierta formalmente en 2006— sigue sin una definición central: si esos hechos deben ser considerados delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. El dato más contundente es institucional: desde 2022, la Corte Suprema tiene en sus manos un dictamen del procurador interino Eduardo Casal que respalda esa interpretación. Sin embargo, el máximo tribunal aún no se pronunció.
Ese silencio no es neutro.
El núcleo jurídico: qué está en juego realmente
La discusión no es técnica. Es estructural.
Definir si las torturas en Malvinas son delitos de lesa humanidad implica dos cosas:
- que no prescriben
- que el Estado tiene obligación de investigar y sancionar
El fiscal Javier De Luca fue claro: los crímenes de guerra y de lesa humanidad generan obligaciones internacionales que no pueden ser eludidas por figuras como la prescripción.
Esto coloca el debate en un plano superior al derecho interno. Lo ubica en el terreno del derecho internacional de los derechos humanos.
Ejemplo:
los delitos cometidos durante dictaduras en América Latina fueron reabiertos décadas después justamente bajo este principio.
La contradicción judicial: dos fallos, dos criterios
El recorrido de la causa muestra una fractura dentro del propio sistema judicial.
- Cámara Federal de Comodoro Rivadavia → consideró los hechos como delitos de lesa humanidad
- Cámara de Casación Penal (2021) → declaró la prescripción por mayoría
Esta contradicción es el motivo por el cual el caso llegó a la Corte.
Ejemplo institucional:
cuando tribunales inferiores tienen criterios opuestos sobre un mismo hecho, la Corte debe fijar doctrina.
El problema es que no lo hizo.
El factor tiempo: cuando la demora también es una decisión
Uno de los elementos más críticos del caso es la dimensión temporal.
- denuncia inicial → 2006
- fallo de Casación → 2021
- dictamen del procurador → 2022
- situación actual → sin resolución
Es decir, casi 20 años de proceso sin sentencia definitiva.
En causas de derechos humanos, el tiempo tiene un peso particular.
Ejemplo:
cuando los procesos se dilatan, no solo se retrasa la justicia. Se la debilita.
Porque:
- las víctimas envejecen
- los imputados también
- las pruebas se deterioran
En ese contexto, la demora puede funcionar como una forma indirecta de cierre del caso.
Los hechos: tortura sistemática, no episodios aislados
La causa no investiga hechos marginales. Investiga prácticas.
Según la fiscalía, las torturas:
- no fueron aisladas
- respondieron a una lógica de control interno
- se aplicaron de forma sistemática sobre conscriptos
Entre las prácticas documentadas aparecen:
- estaqueamientos (atar a soldados durante horas o días)
- enterramientos hasta el cuello
- inmersión en agua helada
- castigos por hambre o agotamiento
- discriminación (incluyendo antisemitismo)
Ejemplo concreto: soldados atados durante toda una noche bajo temperaturas extremas como castigo por quedarse dormidos debido al hambre y al cansancio.
Este punto es clave.
La sistematicidad es uno de los criterios centrales para calificar un delito como de lesa humanidad.
La responsabilidad estatal: más allá de los ejecutores
Otro elemento central es cómo se interpreta la responsabilidad.
El fiscal Rapoport sostiene que los hechos:
- no respondieron a decisiones individuales
- formaron parte de una práctica institucional
Esto cambia completamente la lectura.
Ejemplo:
- exceso individual → delito común
- práctica sistemática → crimen de Estado
Si se confirma esta segunda hipótesis, la causa adquiere otra dimensión jurídica y política.
El silencio y el pacto: la construcción de la impunidad
Uno de los aspectos más graves que surge de los testimonios es el llamado “pacto de silencio”.
Tras regresar al continente, los soldados:
- fueron obligados a firmar documentos
- recibieron instrucciones de no hablar
- permanecieron años sin poder denunciar
Este dato es clave para entender por qué las denuncias comenzaron décadas después.
Ejemplo histórico:
en muchos casos de violaciones a derechos humanos, el silencio inicial no es voluntario. Es impuesto.
Y ese silencio forma parte del mecanismo de impunidad.
La dimensión política: memoria, soberanía y relato nacional
El caso Malvinas tiene una particularidad: combina dos dimensiones que suelen aparecer separadas.
- soberanía nacional
- derechos humanos
Durante años, el relato dominante priorizó la primera.
Pero este proceso judicial obliga a incorporar la segunda.
Ejemplo:
defender la causa Malvinas no implica ignorar lo que ocurrió dentro de las propias fuerzas.
Este cruce genera tensiones políticas.
Porque obliga a revisar no solo el conflicto con el Reino Unido, sino también las prácticas internas del Estado argentino.
La Corte y el poder: decidir o no decidir
El rol de la Corte Suprema es central.
No tiene plazos para fallar.
Pero eso no implica que el tiempo sea irrelevante.
En términos políticos, no decidir también es una decisión.
Puede significar:
- evitar un conflicto institucional
- postergar una definición incómoda
- dejar que el tiempo reduzca el impacto del caso
Ejemplo:
en temas sensibles, las cortes suelen administrar los tiempos como parte de su estrategia.
Justicia pendiente en una democracia consolidada
El caso de las torturas en Malvinas expone una contradicción profunda.
Argentina es reconocida internacionalmente por su política de derechos humanos.
Pero aún tiene causas sin resolver en su propia historia reciente.
La decisión de la Corte no es solo jurídica.
Es política en el sentido más amplio:
- define cómo el Estado se posiciona frente a su pasado
- establece qué tipo de justicia se garantiza
- marca los límites de la memoria colectiva
Después de más de 40 años, la pregunta sigue abierta:
¿las torturas a soldados argentinos serán reconocidas como crímenes de lesa humanidad?
Mientras no haya respuesta, la deuda sigue vigente.
Y en ese punto, el problema deja de ser del pasado.
Se vuelve presente.
