El oficialismo reconoce dificultades para avanzar con la eliminación de las primarias en el Congreso. Gobernadores, radicales y hasta aliados del PRO dudan o rechazan la iniciativa.
La reforma electoral entra en zona de negociación y expone los límites políticos del Gobierno.
El Gobierno de Javier Milei quiere avanzar con la eliminación de las PASO, pero se encontró con un problema básico: no tiene los votos.
La señal más clara la dio el propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que en los últimos días detectó que el oficialismo no logra reunir el respaldo necesario para aprobar la reforma. Según fuentes parlamentarias, el riojano incluso pidió a la Casa Rosada que demore el envío del proyecto hasta cerrar acuerdos políticos más sólidos.
La dificultad no es menor. El oficialismo necesita construir mayorías en un Congreso donde está lejos de tener control, y la eliminación de las PASO no genera consensos automáticos. Por el contrario, abre resistencias en casi todo el arco político.
En ese escenario, la Casa Rosada activó negociaciones con gobernadores clave como Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora. La oferta, según trascendió, incluye moderar la competencia electoral de La Libertad Avanza en sus provincias de cara a 2027 a cambio de respaldo legislativo.
Pero ni siquiera ese esquema garantiza resultados.
En el espacio de Provincias Unidas advierten que la eliminación de las PASO puede jugar en contra de figuras con aspiraciones nacionales, como Juan Schiaretti, que necesitaría una primaria abierta para ordenar candidaturas. Es decir, el mismo mecanismo que el Gobierno quiere eliminar es el que algunos dirigentes consideran clave para competir.
La resistencia también aparece en otros sectores. En la Unión Cívica Radical el rechazo es amplio, y dentro del PRO —uno de los aliados naturales del oficialismo— tampoco hay una postura unificada. El bloque que conduce Cristian Ritondo mantiene dudas y evita definiciones, lo que refleja la incomodidad frente a una reforma que puede alterar las reglas del juego electoral.
En el peronismo, en tanto, el debate está abierto. Aunque las PASO fueron impulsadas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, hoy no hay una posición homogénea. Algunos sectores las defienden como herramienta de legitimación interna, mientras otros evalúan alternativas para ordenar candidaturas sin ese mecanismo.
Lo que sí queda claro es que el proyecto del Gobierno no avanza por inercia.
La eliminación de las PASO no es solo una discusión técnica sobre costos electorales, como plantea el oficialismo. Es una disputa política sobre cómo se construyen las candidaturas, quién decide y qué grado de participación tiene el electorado en ese proceso.
Sin primarias abiertas, la competencia interna se traslada a los partidos, donde pesan más las estructuras, los acuerdos y los recursos. Ese cambio, lejos de simplificar el sistema, modifica el equilibrio de poder entre las fuerzas políticas.
Por eso la negociación es tan delicada.
El Gobierno necesita votos, pero los gobernadores y bloques opositores saben que están discutiendo algo más que una ley. Están definiendo las reglas con las que se va a competir en 2027.
Y en ese juego, nadie quiere ceder sin garantías.
Por ahora, la reforma electoral que Milei presentó como un avance contra “la casta” choca con una realidad más concreta: sin acuerdos, no hay votos.
Y sin votos, no hay reforma.



























