La Cámara de la Construcción advirtió que la falta de mantenimiento vial genera pérdidas por USD 25.000 millones anuales. A la par, la deuda del Estado con constructoras y el freno a la obra pública profundizan la caída del sector.
22 de abril de 2026. La paralización de la obra pública y el deterioro de la infraestructura vial comienzan a mostrar su impacto económico en cifras concretas. La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) estimó que el país pierde USD 25.000 millones por año como consecuencia del abandono de rutas y la falta de mantenimiento adecuado.
El dato no refiere a un gasto directo del Estado, sino a un costo económico agregado. Incluye pérdidas por:
- mayores costos logísticos
- tiempos de transporte más largos
- daños en vehículos
- menor competitividad productiva
En términos macroeconómicos, se trata de una pérdida de eficiencia que afecta a toda la economía.

Qué significa perder USD 25.000 millones
Para dimensionar la cifra:
- equivale a varios puntos del PBI
- supera ampliamente la inversión anual en obra pública
- representa un costo estructural, no puntual
Es decir, no invertir en infraestructura no implica ahorro, sino un traslado del costo al sector privado y a los consumidores.
Rutas sin mantenimiento: el núcleo del problema
El reclamo del sector se centra en los 30.000 kilómetros de rutas no concesionadas, que dependen directamente del Estado nacional.
El problema es doble:
- falta de mantenimiento básico
- paralización de nuevas obras
Esto genera un deterioro progresivo de la red vial, que incrementa los costos de operación en toda la cadena productiva.

Impacto en la economía real
El deterioro de la infraestructura afecta directamente:
- transporte de mercancías
- costos de distribución
- precios finales
Cuando el costo logístico aumenta, se traslada a:
- alimentos
- bienes industriales
- exportaciones
Esto reduce la competitividad del país, especialmente en sectores que dependen del transporte terrestre.
Construcción en crisis
El impacto también se refleja en el propio sector:
- caída del 22% en la demanda de insumos en 15 meses
- freno generalizado de la actividad
- empresas con problemas de liquidez
La construcción es uno de los sectores más sensibles al ciclo económico y al gasto público. La paralización de obras reduce la actividad de manera inmediata.
Deuda del Estado: un problema financiero adicional
A la caída de actividad se suma otro factor crítico: la deuda del Estado con las empresas constructoras.
El problema no es solo el monto, sino la forma de pago.
El Gobierno analiza cancelar esas deudas mediante bonos, en lugar de transferencias en efectivo. Esto implica:
- postergar el pago real
- trasladar el riesgo financiero a las empresas
- dificultar la liquidez del sector
Para muchas compañías, esto puede significar:
- problemas para pagar salarios
- dificultades para sostener operaciones
- riesgo de cierre
Ajuste fiscal y costo oculto
El freno a la obra pública se inscribe en la estrategia fiscal del Gobierno:
- reducción del gasto
- búsqueda de superávit
Sin embargo, el dato de CAMARCO muestra un punto clave, el ajuste en infraestructura tiene un costo económico mayor en el mediano plazo.
No invertir hoy implica:
- mayores costos productivos
- menor crecimiento futuro
- pérdida de competitividad
Un problema estructural
Desde el sector advierten que la falta de inversión en infraestructura no es solo un problema coyuntural.
Es una limitación estructural para el desarrollo económico.
Sin una red vial eficiente:
- se encarece la producción
- se dificultan las exportaciones
- se limita la integración territorial
La pérdida de USD 25.000 millones anuales por el deterioro de rutas expone una contradicción central
El ajuste en obra pública reduce el gasto en el corto plazo, pero genera un costo económico mayor en el conjunto de la economía.
A esto se suma la deuda con las constructoras, que agrava la crisis del sector y limita su capacidad operativa.
El resultado es un doble impacto:
- menor inversión
- mayor costo productivo
En ese escenario, la infraestructura deja de ser una variable secundaria.
Pasa a ser un factor central del funcionamiento económico.



























