Melina Schweizer
Antes de presentar el proyecto, el Gobierno llega con un antecedente difícil de disimular: entre enero y agosto de 2026, las transferencias corrientes nacionales a provincias y municipios cayeron cerca del 87 % real frente al mismo período de 2023. La oposición teme que esa política quede consolidada en las cuentas del año electoral.
El Presupuesto 2027 todavía no permite afirmar cuánto dinero recibirán las provincias el próximo año. Sí permite formular una pregunta política precisa antes de conocerlo: si Javier Milei busca sostener el equilibrio fiscal, ¿volverá a hacerlo reduciendo los recursos sobre los que tiene mayor margen de decisión, como las transferencias no automáticas y la inversión pública?
El antecedente está en la ejecución. Según Nadín Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, el gasto primario devengado de la Administración Pública Nacional acumuló hasta agosto una baja real del 32 % respecto del mismo período de 2023. Las transferencias corrientes a provincias registraron una caída cercana al 87 % y el rubro bienes de uso, que incluye obra pública, retrocedió alrededor del 84 %. Son comparaciones con el último año anterior a la gestión libertaria, no recortes adicionales ya anunciados para 2027.
La distinción importa porque el Gobierno todavía puede presentar un proyecto que modifique esa trayectoria. También puede presupuestar fondos que después no ejecute íntegramente. Por eso, la discusión legislativa no debería detenerse en una cifra global: tendrá que mirar cuánto se asigna a cada programa, qué obras tienen financiamiento identificable y cuánto poder conserva el Ejecutivo para alterar esas partidas durante el año.
Un ajuste que cambia de mostrador
Reducir transferencias nacionales no hace desaparecer automáticamente el costo de un servicio o de una obra. Si una provincia decide sostenerlos con recursos propios, el gasto cambia de jurisdicción. Si no puede hacerlo, el costo se expresa en demoras, proyectos suspendidos o prestaciones más débiles. Esa es una inferencia sobre el efecto posible del recorte, no una prueba de que todos los distritos hayan respondido de la misma manera.
El propio análisis fiscal advierte que parte importante de la reducción del gasto nacional se explica por menores envíos a provincias, universidades y otras entidades públicas. Esos destinatarios deben entonces ajustar sus gastos, aumentar sus ingresos o buscar otra fuente de financiamiento. La motosierra puede desaparecer del balance de la Nación y seguir operando en el presupuesto de quienes recibían los fondos.
El cálculo para el cierre de 2026 también requiere cuidado. El IARAF estima que el gasto primario nacional podría equivaler al 12,4 % del PBI —5,4 puntos menos que en 2023— si durante los meses restantes se mantiene la reducción real observada hasta agosto. Es una proyección condicionada, no un resultado anual cerrado.
La disputa por el control
La oposición teme que el Ejecutivo presente un presupuesto difícil de aprobar y termine administrando uno prorrogado. Ese escenario no puede atribuirse como intención probada al Gobierno. Pero el riesgo institucional merece atención: sin una nueva ley votada, se debilita la oportunidad del Congreso de discutir en detalle las prioridades de gasto del año siguiente. La Ley de Administración Financiera establece tanto el procedimiento de presentación del proyecto como las reglas aplicables si comienza el ejercicio sin un presupuesto aprobado.
La misma ley dispone que el Poder Ejecutivo debe enviar el proyecto a Diputados antes del 15 de septiembre. Mientras ese texto no se conozca, llamar «ajuste brutal del Presupuesto 2027» a una cifra concreta sería anticipar un dato inexistente. Lo que ya existe es el ajuste acumulado sobre las transferencias y la obra pública; lo que está por decidirse es si el Congreso lo acepta, lo modifica o permite que continúe sin una discusión presupuestaria efectiva.
En 2027 habrá elecciones. Para los gobernadores, la negociación no será sólo por números en una planilla: tendrán que explicar qué obras y servicios pueden sostener con los recursos disponibles. Para Milei, el presupuesto será la ocasión de mostrar si su equilibrio fiscal tiene una distribución explícita de costos o si, una vez más, la Nación exhibirá el ahorro y las provincias recibirán la factura.
Rodolfo Gudino
