Melina Schweizer
El fiscal Gerardo Pollicita abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y pidió reconstruir el patrimonio, los ingresos y los movimientos financieros del presidente de la AFA. La causa, originada en una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, le permitió al Gobierno porteño trasladar la disputa al terreno político y colocar a Axel Kicillof ante el costo de sostener o desplazar a Tapia de una empresa pública estratégica.
La imputación de Claudio “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito abrió un nuevo frente judicial alrededor del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, pero también puso en marcha una operación política que excede largamente la discusión sobre su patrimonio. El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó formalmente la investigación y solicitó una batería de medidas destinadas a reconstruir los ingresos, los bienes y los movimientos financieros del dirigente durante su paso por la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado, el CEAMSE.
La causa quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá decidir ahora cuáles de las diligencias pedidas por el fiscal autoriza. La imputación no significa que Tapia haya sido declarado culpable ni supone que las irregularidades denunciadas estén probadas. En esta instancia, el Ministerio Público consideró que existen elementos suficientes para investigar el origen y la evolución de su patrimonio, levantar los secretos fiscal, bancario y bursátil y confrontar sus declaraciones juradas con sus ingresos legalmente registrados.
El expediente nació a partir de una denuncia de Guillermo Tofoni, empresario que durante años organizó partidos amistosos de la Selección argentina mediante su firma World Eleven y terminó enfrentado con la conducción de la AFA después de perder ese negocio. Ese antecedente no invalida la denuncia ni reemplaza el análisis de las pruebas, pero obliga a leer el caso dentro de una guerra comercial, judicial y política en la que ninguno de sus protagonistas aparece desprovisto de intereses.
El salto patrimonial bajo investigación
La denuncia sostiene que Tapia experimentó un crecimiento patrimonial difícil de explicar entre 2017 y 2024. Cuando comenzó a ejercer como vicepresidente del CEAMSE habría declarado cuatro propiedades, un vehículo y activos líquidos inferiores a 1,5 millones de pesos, equivalentes entonces a unos 43.000 dólares.
Dos años después incorporó, según la presentación de Tofoni, varios inmuebles: una casa de 315 metros cuadrados en Beccar, un departamento de 291 metros cuadrados en Caballito, una propiedad cercana al complejo Sofitel de Cardales y un terreno de 2.430 metros cuadrados en Campana. La denuncia pone la lupa sobre la adquisición simultánea de esos bienes y cuestiona si los ingresos informados por Tapia alcanzaban para justificarlos.
El segundo punto sensible aparece en la declaración correspondiente a 2024. Allí se habrían registrado más de 1.002 millones de pesos depositados en distintas cuentas, 39 millones en efectivo y 246.206 dólares en una caja de ahorro. El denunciante calcula que la liquidez total se acercaba al millón de dólares y representaba un crecimiento real de alrededor del 1.000% respecto de 2017.
El interrogante central no es solamente cómo reunió esos recursos. En la declaración jurada presentada en julio de 2025, Tapia habría informado que ya no poseía dinero en efectivo ni depósitos bancarios. La investigación deberá establecer si esos fondos fueron invertidos, transferidos, utilizados para adquirir otros bienes, cancelaron obligaciones o simplemente dejaron de aparecer en la documentación pública.
Una variación patrimonial, por más llamativa que resulte, no constituye automáticamente enriquecimiento ilícito. Para acreditar ese delito será necesario determinar que existió un incremento apreciable e injustificado, que se produjo durante el ejercicio de una función pública y que Tapia no pudo explicar razonablemente su origen. Por eso las medidas solicitadas por Pollicita son determinantes: las declaraciones juradas aisladas pueden mostrar inconsistencias, pero solamente la reconstrucción bancaria, tributaria y registral permitirá saber si detrás de esas diferencias existió una maniobra ilegal.
El fiscal pidió información al CEAMSE, ARCA, ANSES, Banco Central, Comisión Nacional de Valores y empresas vinculadas con criptoactivos. También solicitó el legajo laboral de Tapia, sus remuneraciones, cuentas bancarias, inversiones y declaraciones tributarias. El juez Lijo todavía debe autorizar esas medidas, por lo que no corresponde presentar los datos aportados por Tofoni como hechos judicialmente comprobados.
El cargo público que abrió la puerta judicial
La investigación por enriquecimiento ilícito puede avanzar porque Tapia no es solamente el presidente de una asociación civil que administra el fútbol argentino. Desde hace años integra la conducción del CEAMSE: primero representó a la Ciudad de Buenos Aires como vicepresidente y desde enero de 2025 ocupa la presidencia en representación de la provincia de Buenos Aires.
Esa función lo obliga a presentar declaraciones juradas y permite someter la evolución de su patrimonio a los controles correspondientes a un funcionario público. La paradoja es evidente: el cargo que le dio estructura política y visibilidad fuera del fútbol es el que ahora ofrece la base legal para investigar sus bienes.
El CEAMSE no es una dependencia secundaria donde pueda colocarse a un aliado sin consecuencias públicas. Es una sociedad estatal integrada por los gobiernos bonaerense y porteño y está encargada del transporte, tratamiento y disposición final de los residuos del Área Metropolitana.
El Complejo Ambiental Norte III recibe aproximadamente 18.000 toneladas diarias y concentra alrededor del 85% de los residuos que ingresan al sistema. Solo esa instalación alcanza a una población estimada en 14 millones de personas.
La conducción de la empresa controla contratos, licitaciones, infraestructura ambiental, tratamiento de lixiviados, generación energética y una extensa relación financiera con la Ciudad y numerosos municipios bonaerenses. Por eso el debate sobre la continuidad de Tapia no puede reducirse a una pelea entre Jorge Macri, Kicillof y la AFA.
Una conducción debilitada por causas judiciales puede afectar la confianza institucional y los controles internos. Pero remover a un presidente apenas se abre una investigación también puede consolidar una práctica peligrosa: convertir la sola presentación de una denuncia en un mecanismo para desplazar adversarios de organismos públicos.
Jorge Macri encontró la forma de trasladarle el costo a Kicillof
El jefe de Gobierno porteño analiza pedirle a Kicillof que remueva a Tapia. La maniobra tiene una eficacia política evidente porque la Ciudad no puede decidir unilateralmente su salida: Tapia ocupa la presidencia en representación bonaerense y el sitio oficial del organismo todavía lo identifica como su máxima autoridad.
El estatuto original del CEAMSE establece una presidencia rotativa entre la Provincia y la Ciudad. Esa arquitectura obliga a ambos distritos a administrar conjuntamente una cuestión que no reconoce fronteras políticas: la basura producida en la capital termina siendo transportada y tratada en territorio bonaerense.
Jorge Macri intenta explotar esa particularidad. Si reclama públicamente la destitución, coloca a Kicillof ante dos opciones incómodas. Si lo mantiene, el gobernador será acusado de proteger a un dirigente investigado por enriquecimiento ilícito. Si lo desplaza antes de que existan pruebas concluyentes, entregará una pieza política relevante y reconocerá que la imputación volvió insostenible la continuidad de Tapia.
El planteo también le permite al macrismo desplazar la discusión sobre una contradicción propia. Tapia había llegado originalmente al CEAMSE en representación de la Ciudad, durante administraciones del PRO, y permaneció durante años en la estructura interjurisdiccional. Presentarlo ahora como un problema exclusivamente bonaerense borra la responsabilidad política de quienes facilitaron anteriormente su consolidación institucional.
La pelea, por lo tanto, no enfrenta a una administración impoluta con un dirigente ajeno al sistema. Tapia construyó su poder mediante relaciones sucesivas con gobiernos, intendentes, sindicatos, clubes y actores empresariales de distintos signos. Su capacidad para atravesar cambios de gestión explica tanto su permanencia como la intensidad de la ofensiva actual.
El enfrentamiento con Milei y el negocio de las sociedades anónimas
La presión judicial sobre Tapia ocurre en medio de su enfrentamiento con Javier Milei por el intento oficial de habilitar las sociedades anónimas deportivas. La AFA defiende el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y resiste una reforma que permitiría el ingreso directo de grandes capitales privados a los clubes.
Ese conflicto convirtió al presidente de la AFA en uno de los adversarios más visibles del Gobierno. Para Milei, debilitar a Tapia significa remover el principal obstáculo político e institucional para transformar el fútbol argentino en un mercado abierto a fondos de inversión, conglomerados internacionales y propietarios privados.
Para Tapia, en cambio, resistir la reforma le permite presentarse como defensor de los clubes mientras preserva un sistema concentrado sobre el cual la conducción de la AFA ejerce un poder enorme. El hecho de que el Gobierno tenga interés en desplazarlo no vuelve falsas las acusaciones judiciales; del mismo modo, las investigaciones patrimoniales no convierten automáticamente en virtuoso el proyecto privatizador de Milei.
Las dos disputas pueden coexistir. Puede haber elementos que justifiquen investigar seriamente a Tapia y, al mismo tiempo, sectores políticos y económicos interesados en utilizar esas causas para controlar el negocio del fútbol.
Por eso debe rechazarse la falsa elección entre defender al presidente de la AFA o acompañar la ofensiva gubernamental. Investigar su patrimonio no exige entregar los clubes a capitales privados. Defender el carácter social de las instituciones deportivas tampoco puede significar garantizar impunidad a sus dirigentes.
Tofoni no es un denunciante sin intereses
La denuncia fue presentada por un empresario que mantuvo durante años contratos con la AFA y perdió luego la representación comercial de los amistosos de la Selección. Su enfrentamiento con Tapia se profundizó con la aparición de TourProdEnter, empresa vinculada a Javier Faroni que comenzó a intervenir en la comercialización internacional de la entidad.
Tofoni también impulsó acusaciones por presunto lavado de dinero y operaciones financieras vinculadas con firmas radicadas en Estados Unidos. La Justicia estadounidense pidió información sobre TourProdEnter y sobre movimientos relacionados con contratos internacionales de la AFA. Sin embargo, la propia asociación negó que Tapia o Pablo Toviggino hubieran sido citados o que las autoridades norteamericanas les hubieran secuestrado dispositivos. Reuters corroboró que la AFA rechazó esas versiones y que el FBI no realizó comentarios públicos sobre el expediente.
La precisión es importante porque alrededor de Tapia se mezclan causas confirmadas, denuncias todavía no probadas, versiones periodísticas y operaciones políticas. Informar que existe una investigación en Estados Unidos sobre movimientos empresariales vinculados con la AFA no equivale a afirmar que el presidente de la entidad ya fue acusado formalmente por la Justicia norteamericana.
Tofoni puede disponer de información relevante por haber trabajado dentro del circuito comercial de la AFA. Pero también busca recuperar influencia, disputar contratos y dañar a quienes lo desplazaron. Esa combinación no descalifica sus pruebas: obliga a examinarlas con mayor rigor.
Quiénes ganan y quiénes pierden
El primer beneficiado político es Jorge Macri. Sin capacidad directa para remover a Tapia, puede instalar el reclamo y trasladarle todo el costo a Kicillof. También obtiene una oportunidad para mostrarse activo frente a una causa de corrupción y despegarse del período en que el dirigente representaba al Gobierno porteño dentro del CEAMSE.
Milei y los promotores de las sociedades anónimas deportivas también ganan terreno. Cada expediente que debilita a Tapia reduce la capacidad de la AFA para resistir la privatización de los clubes y deteriora la legitimidad de quienes presentan el modelo asociativo como una defensa del patrimonio social.
Los adversarios internos de Tapia dentro del fútbol reciben otra oportunidad para discutir la sucesión, los contratos internacionales y la distribución de recursos. Lo mismo ocurre con empresarios desplazados de los negocios de la Selección, que podrían recuperar posiciones si la conducción actual pierde poder.
Kicillof queda en la posición más incómoda. Tapia mantiene vínculos con intendentes, sindicatos y sectores del peronismo, pero su permanencia al frente del CEAMSE puede convertirse en un costo creciente si la investigación avanza. El gobernador deberá decidir con criterios institucionales y no únicamente por conveniencia partidaria.
También puede perder la propia sociedad si el escándalo paraliza o partidiza la administración de una empresa ambiental esencial. Los millones de habitantes que dependen del sistema necesitan continuidad operativa, controles transparentes y autoridades capaces de rendir cuentas. La pelea por la basura metropolitana no puede resolverse como una extensión de la guerra por la AFA.
Investigar no es condenar; sostener tampoco puede significar encubrir
La decisión más razonable no consiste en absolver políticamente a Tapia ni en exigir su expulsión inmediata. Kicillof debería reclamar una explicación patrimonial pública, ordenar una auditoría interna independiente y garantizar que el CEAMSE entregue toda la documentación requerida por la Justicia.
Si aparecen pruebas de ocultamiento, falsedad en las declaraciones juradas, utilización del cargo o incapacidad para justificar el incremento patrimonial, su continuidad será institucionalmente insostenible. Si la investigación no confirma las acusaciones, la imputación no puede utilizarse retrospectivamente como una condena.
Tapia debe explicar cómo pasó de los activos declarados en 2017 a la liquidez informada en 2024 y qué ocurrió con esos recursos en 2025. El origen interesado de la denuncia no lo exime de rendir cuentas. Pero tampoco autoriza a sus enemigos a presentar como delito probado lo que recién comienza a investigarse.
La causa Ceamse es, en definitiva, el cruce de tres poderes: el dinero del fútbol, la estructura del Estado y la Justicia federal. Pollicita abrió la puerta para seguir el patrimonio. Jorge Macri convirtió esa decisión en una presión contra Kicillof. Milei obtiene una nueva herramienta contra quien bloquea su proyecto para privatizar los clubes.
Detrás del expediente no se discute solamente si Tapia puede justificar sus bienes. También se disputa quién controlará la AFA, qué modelo tendrá el fútbol argentino y quién administrará una de las empresas públicas más estratégicas del área metropolitana. La Justicia deberá investigar los números. La política, mientras tanto, ya empezó a repartir sus beneficios.
Rodolfo Gudino
