Rodolfo Gudino
Marcelo Molins, excandidato del espacio de Carolina Losada, controló el 35% de Sanabria SRL antes del ingreso de una sociedad vinculada a Fernando Cerimedo. La empresa pasó de administrar una guardería náutica a buscar un lugar en el lucrativo mercado de servicios portuarios del Paraná. Los vínculos políticos no prueban por sí solos una maniobra ilegal, pero revelan cómo un proyecto sin habilitación municipal consiguió abrirse camino dentro de un sector dominado por permisos estatales, gremios y grandes capitales agroexportadores.
La aparición de Fernando Cerimedo en el negocio de la Hidrovía Paraná-Paraguay no fue el desembarco solitario de un consultor político que decidió convertirse repentinamente en empresario portuario. Antes de que una sociedad vinculada con su entorno ingresara a Sanabria SRL, la firma había pasado por las manos de un dirigente relacionado con Carolina Losada, había buscado apoyo en sectores del poderoso gremio aceitero y había intentado obtener la habilitación del municipio de Puerto General San Martín.
La secuencia permite reconstruir algo más importante que una fotografía de dirigentes conocidos. Expone cómo se arma una red de acceso político alrededor de un territorio donde confluyen exportaciones agroindustriales, abastecimiento de embarcaciones, logística, combustible, seguridad portuaria y habilitaciones públicas. En ese mercado, una autorización administrativa puede separar una guardería de lanchas de una compañía con capacidad para facturar millones mediante servicios a remolcadores y barcazas.
Los vínculos comprobados hasta el momento no demuestran que Carolina Losada o Patricia Bullrich hayan intervenido personalmente para favorecer a Sanabria. Tampoco prueban que Cerimedo sea formalmente propietario de la empresa. Lo que sí muestran es una cadena de relaciones políticas, societarias y territoriales que conectó a personas de esos espacios con un negocio situado en uno de los puntos más estratégicos de la economía argentina.
Molins, el socio que venía del armado de Losada
Marcelo Molins fue dueño de 175 de las 500 cuotas de Sanabria SRL, equivalentes al 35% del capital social. Las restantes 325 estaban en manos de Iván Alberto Sanabria. La composición surgió de documentación societaria publicada en el Boletín Oficial de Santa Fe.
Molins no era solamente un inversor privado. En 2021 respaldó públicamente a Carolina Losada durante la campaña que la llevó al Senado y en 2023 integró su armado provincial como candidato a concejal de Puerto General San Martín. Esa ciudad constituye uno de los centros neurálgicos del complejo portuario y agroexportador asentado sobre el río Paraná.
En enero de 2023, Molins transfirió su participación a Sergio Ezequiel Amarilla y salió formalmente de la sociedad. Por lo tanto, su presencia anterior no permite afirmar que haya participado en las operaciones posteriores de Cerimedo o que conservara una intervención oculta. Pero prueba que Sanabria ya había sido penetrada por actores relacionados con la política local antes de su acercamiento al universo libertario.
El parentesco de Molins con Herme “Vino Caliente” Juárez agrega otra capa. Durante décadas, Juárez concentró poder en el sistema portuario de la región mediante el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos y la Cooperativa de Trabajos Portuarios. Su estructura articulaba representación gremial, provisión de mano de obra y servicios empresariales hasta que fue desplazado después de una investigación judicial durante el gobierno de Mauricio Macri.
Esa relación familiar no convierte a Molins en responsable de las actuaciones atribuidas a Juárez. Sin embargo, ayuda a explicar que su llegada a Sanabria no provenía de un universo ajeno al negocio: estaba inserto en una trama territorial que conoce el funcionamiento de los puertos, las organizaciones sindicales y los resortes políticos necesarios para ingresar a un mercado cerrado.
La cadena que llega hasta Bullrich
La relación política entre Molins y Losada conduce indirectamente hacia Patricia Bullrich. La entonces referente del PRO fue una de las principales promotoras de la candidatura de Losada a gobernadora de Santa Fe en 2023 y la apoyó en la interna de Juntos por el Cambio contra Maximiliano Pullaro.
Pero la conexión con Cerimedo no depende únicamente de esa alianza. El propio consultor contó que ingresó a la política argentina a través de Bullrich y que trabajó con ella entre 2019 y 2021. Posteriormente se vinculó con el armado de Javier Milei y se convirtió en uno de los operadores digitales más conocidos de la nueva derecha latinoamericana.
Cerimedo admitió públicamente su utilización de cuentas creadas artificialmente para intervenir en la conversación de las redes sociales. Su recorrido muestra el poder adquirido por consultores que, sin ocupar cargos públicos ni someterse a controles administrativos, obtienen acceso a candidatos, funcionarios y presidentes.
De allí surge el verdadero interés de la conexión. No se trata de asegurar que Bullrich le entregó un puerto a Cerimedo ni que Losada gestionó permisos para Sanabria, porque no existen pruebas públicas suficientes para sostenerlo. El punto es que el empresario no llegó al sector portuario desde afuera del sistema político: transitó por redes construidas durante años dentro del PRO, el radicalismo y posteriormente La Libertad Avanza.
Para determinar responsabilidades concretas sería necesario conocer quién presentó cada expediente, qué funcionarios intervinieron, en qué fechas se concedieron las autorizaciones y si existieron comunicaciones entre los beneficiarios y dirigentes nacionales. Sin esa documentación, la cercanía política constituye un indicio relevante para investigar, pero no una prueba de tráfico de influencias.
El intento de abrir la puerta desde el municipio
Después de la salida de Molins, Sanabria buscó otro punto de apoyo político. Luciano Mandón, dirigente del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo, compitió en 2023 por la intendencia de Puerto General San Martín contra el histórico jefe comunal Carlos De Grandis.
Fuentes del sector portuario citadas por La Política Online aseguran que la empresa esperaba conseguir la habilitación municipal si Mandón ganaba las elecciones. Esa afirmación debe mantenerse atribuida: no se difundieron hasta ahora documentos que prueben la existencia de un acuerdo formal o una promesa escrita.
La derrota electoral frustró esa vía. De Grandis conservó el municipio y Sanabria continuó sin la habilitación definitiva que necesitaba para ampliar su actividad. La empresa tenía entonces un activo decisivo —un predio con acceso al Paraná—, pero no contaba con todas las autorizaciones necesarias para transformarlo en una base de servicios portuarios.
La intervención del sector aceitero tampoco resulta casual. El cordón industrial del Gran Rosario concentra fábricas, terminales y plantas de molienda que convierten a la región en el corazón exportador del país. Los gremios que representan a trabajadores aceiteros y portuarios poseen capacidad para paralizar embarques, negociar con multinacionales y condicionar el funcionamiento cotidiano de las terminales.
En esa estructura, la frontera entre actividad sindical, poder territorial y negocios complementarios puede volverse difusa. Un dirigente gremial puede conocer las necesidades operativas del sector, las relaciones con las empresas y las limitaciones de los prestadores. Ese conocimiento tiene valor económico y político.
El ingreso del entorno de Cerimedo
Cuando la estrategia municipal no prosperó, apareció Surlibre Inversiones SA, sociedad vinculada con el entorno empresario de Cerimedo. El 31 de mayo de 2024 habría adquirido 150 de las 500 cuotas de Sanabria, equivalentes al 30% del capital.
Cerimedo no figura formalmente como administrador de Sanabria. Su conexión se establece mediante Surlibre y Vicente Quintanal, empresario que compartió otras sociedades con el consultor y quedó como representante dentro de la firma portuaria. Fuentes regionales y registros societarios ubican precisamente allí el puente entre ambos entramados.
La distinción es jurídicamente importante. Decir que una sociedad está vinculada con el entorno de Cerimedo no equivale a afirmar que él sea su propietario real o beneficiario final. Para determinarlo habría que acceder al libro societario completo, movimientos bancarios, contratos de adquisición, origen de los fondos y declaraciones de beneficiarios finales.
El uso de sociedades interpuestas tampoco constituye por sí mismo un delito. Puede responder a una organización empresarial ordinaria. El problema aparece cuando esa estructura impide conocer quién aporta el dinero, quién recibe las ganancias y quién toma efectivamente las decisiones, especialmente cuando la empresa obtiene autorizaciones dentro de un mercado regulado.
La velocidad administrativa que necesita explicaciones
Tras el ingreso de Surlibre, Sanabria aceleró el proceso para pasar de guardería náutica a prestadora de servicios navales, incluida la provisión de combustible para embarcaciones que navegan el Paraná.
La empresa consiguió autorizaciones provisorias de Prefectura Naval mientras todavía no contaba con la habilitación municipal definitiva. Ese desfasaje no demuestra necesariamente una irregularidad, porque cada organismo controla aspectos diferentes: Prefectura interviene en cuestiones relacionadas con la seguridad de la navegación y las operaciones portuarias, mientras el municipio controla el uso del suelo y la habilitación comercial local.
Sin embargo, la velocidad y la secuencia deben ser investigadas. Una autorización provisoria concedida a una compañía que intenta cambiar sustancialmente su actividad exige conocer los informes técnicos, las inspecciones realizadas, los requisitos cumplidos y la identidad de quienes firmaron cada actuación.
La afirmación de una fuente empresaria citada por LPO sobre la necesidad de pagar 100.000 dólares para obtener una autorización de Prefectura constituye una denuncia periodística anónima, no un hecho probado. No puede utilizarse para afirmar que Sanabria pagó una coima ni que algún funcionario la recibió. Sí debería motivar pedidos de acceso a los expedientes y, si existen elementos adicionales, una presentación ante los organismos de control.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación también habría intervenido en el circuito que permitió avanzar a la firma. El expediente completo debería revelar si Sanabria recibió un tratamiento ordinario, si se acortaron plazos o si se le concedieron excepciones que no estaban disponibles para otros operadores.
Por qué la Hidrovía vale tanto
La Hidrovía no es solamente un canal por el cual circulan barcos. Es la principal vía de salida de la producción agroindustrial argentina y un corredor estratégico para Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay. Alrededor de ella se organiza una economía de dragado, balizamiento, practicaje, remolque, combustible, reparaciones, almacenamiento, seguridad y provisiones.
Una empresa no necesita controlar una gran terminal cerealera para obtener ganancias importantes. Alcanzaría con ocupar un lugar estable en el abastecimiento de barcazas y remolcadores, dos servicios constantes dentro de una ruta con intenso tráfico comercial.
Sanabria contaba con una ventaja difícil de fabricar: el acceso físico al río. Para convertir ese predio en una unidad económicamente relevante necesitaba capital, habilitaciones y contactos. La secuencia investigada muestra que esos tres componentes fueron buscados por vías distintas: primero mediante el vínculo político local de Molins; después a través de dirigentes del gremio aceitero; finalmente mediante un operador con llegada al poder nacional.
La expansión posterior incluyó negociaciones del entorno de Cerimedo para adquirir un predio portuario de aproximadamente 30 hectáreas en Puerto General San Martín. La operación habría sido conducida por Quintanal, aunque no se informó que la compra se concretara.
El salto revela la escala pretendida. Ya no se trataba solamente de mejorar una pequeña guardería, sino de construir una posición dentro del corredor logístico que concentra buena parte de las divisas del país.
Quién se beneficia y quién pierde
Los beneficiarios directos son los socios que logren transformar el predio en una prestadora habilitada. El valor económico de Sanabria crecería considerablemente si pudiera abastecer combustible, asistir embarcaciones y ampliar sus instalaciones.
También se benefician los dirigentes capaces de actuar como intermediarios entre la empresa y el Estado. En un sector donde los permisos son escasos, el contacto político se transforma en un activo comercial. El verdadero capital no siempre aparece en los balances: puede consistir en acceder al funcionario que firma.
Los grupos que buscan disputar el control territorial a De Grandis encuentran, además, una fuente potencial de financiamiento y poder. Una empresa portuaria puede generar empleos, contratos, proveedores y relaciones con sindicatos, convirtiéndose en una plataforma política dentro de una ciudad pequeña pero económicamente decisiva.
Los perjudicados son los operadores que deben cumplir todas las exigencias sin disponer del mismo acceso al poder. Si algunos ingresan por capacidad técnica y otros mediante relaciones partidarias, el mercado deja de premiar eficiencia y comienza a distribuir privilegios.
También pierde el Estado cuando desconoce al beneficiario final de quienes utilizan espacios estratégicos, almacenan combustible o prestan servicios a embarcaciones. La seguridad portuaria no puede depender de relaciones personales ni de autorizaciones opacas.
Las comunidades ribereñas enfrentan otro riesgo. La ampliación de actividades con combustibles exige controles ambientales, planes de contingencia y capacidad de respuesta ante derrames. Si la urgencia comercial se impone sobre la evaluación técnica, las ganancias quedan en manos privadas y el costo ambiental termina socializado.
La trama que todavía falta identificar
La historia de Sanabria contiene tres etapas claramente diferenciadas. Primero, la participación societaria de Molins y su inserción en el armado de Losada. Después, la búsqueda de respaldo territorial en dirigentes relacionados con el gremio aceitero. Finalmente, el ingreso de Surlibre y el entorno de Cerimedo, acompañado por una aceleración de los trámites nacionales.
Esa secuencia no alcanza para responsabilizar a Losada o Bullrich por el negocio. La relación política no reemplaza la prueba de una gestión concreta. Pero tampoco puede descartarse como una simple coincidencia cuando los permisos estatales constituyen la llave económica del proyecto.
La investigación debe concentrarse en los expedientes: quién solicitó las autorizaciones, qué documentación presentó, qué organismos emitieron dictámenes, cuánto demoró cada trámite, qué funcionarios intervinieron y si existieron comunicaciones con referentes políticos.
También debe identificarse el origen del dinero utilizado para comprar las cuotas y financiar la reconversión del predio. Sin esa trazabilidad, el nombre de Cerimedo puede desaparecer detrás de sociedades y representantes mientras su entorno conserva la capacidad de decisión.
La pregunta final no es únicamente quién acercó el negocio a Cerimedo. La pregunta más incómoda es quién abrió las puertas del Estado cuando el proyecto no lograba atravesar el municipio.
La Hidrovía es demasiado estratégica para administrarse mediante favores y demasiado rentable para aceptar explicaciones incompletas. El Paraná transporta granos, aceites, minerales, combustibles y buena parte de los dólares que sostienen la economía argentina. Quien controla sus puertos no necesita aparecer en una boleta electoral: alcanza con conocer a quienes firman las habilitaciones.
GONZALO SCHWEIZER
Melina Schweizer
