Melina Schweizer
Pablo Quirno hijo integra Argentina Global, una fundación que ha realizado actividades junto a la embajada británica. Entre sus fundadoras figura Paola Di Chiaro, hoy secretaria de Malvinas. El vínculo no prueba una irregularidad, pero coloca una pregunta incómoda en el centro del giro soberanista del Gobierno.
Javier Milei endureció su discurso frente al Reino Unido por la explotación petrolera en Malvinas. Su canciller, Pablo Quirno, quedó a cargo de traducir esa posición en acciones diplomáticas. En ese contexto cobra relevancia la participación de su hijo en Argentina Global, una fundación vinculada a actividades con la embajada británica y el programa de becas Chevening. Paola Di Chiaro, la funcionaria responsable del área de Malvinas en la Cancillería, figura entre sus fundadoras.
El dato no autoriza a atribuirle al canciller las actividades de su hijo ni demuestra que Di Chiaro haya tomado una decisión contraria al interés argentino. Pero sí obliga a mirar cómo se gestionan los vínculos institucionales dentro del organismo encargado de sostener el reclamo de soberanía. ¿Qué relación mantiene hoy la secretaria con la fundación que ayudó a crear? ¿Intervino en actividades con la embajada británica desde que asumió su cargo? ¿Existen declaraciones de intereses o mecanismos para apartarse de decisiones que pudieran generar un conflicto? Son preguntas que requieren respuestas oficiales, no insinuaciones.
Chevening es un programa público financiado por el Gobierno británico para formar profesionales y construir redes internacionales. Que una organización argentina participe en sus actividades no constituye, por sí mismo, una falta. Al mismo tiempo, tampoco es irrelevante cuando esa organización tiene vínculos con una funcionaria cuya responsabilidad específica es la política sobre Malvinas. La influencia diplomática rara vez necesita secretos: también funciona mediante becas, encuentros y relaciones de largo plazo, promovidos abiertamente por los Estados.
La contradicción política para Milei aparece entre la contundencia del anuncio y la falta de explicaciones sobre su ejecución. Amenazar con sanciones es sencillo; aplicarlas de manera consistente, identificar a todos los actores alcanzados y sostener una posición frente a Londres exige una política de Estado. También exige que la Cancillería pueda mostrar con claridad quién toma las decisiones y bajo qué resguardos.
A eso se suma la tentación de presentar las declaraciones de Donald Trump como una victoria diplomática. Trump puede utilizar Malvinas para presionar al Reino Unido y cambiar de tono al día siguiente. Sin una decisión formal de Washington, sus palabras no modifican la disputa ni reemplazan una estrategia argentina. Tampoco hay elementos públicos suficientes para presentar como hecho consumado un supuesto acuerdo entre Argentina, el Reino Unido y Estados Unidos.
El reclamo argentino tiene una base diplomática concreta: Naciones Unidas reconoce la existencia de una disputa de soberanía y llama a ambos países a negociar una solución pacífica. Fortalecer esa posición requiere continuidad, apoyos internacionales y decisiones verificables, no depender del humor político de un presidente extranjero.
Quirno puede despejar una parte de las dudas sin esperar ninguna negociación internacional: explicar el alcance de los vínculos de su equipo con Argentina Global y la embajada británica, y precisar qué medidas institucionales impiden que se mezclen intereses. Si el Gobierno pide unidad nacional por Malvinas, debe ofrecer primero una política exterior que la sociedad pueda examinar. La soberanía no se defiende con sospechas, pero tampoco con silencios.
CONCHITA PRETA
