Melina Schweizer
Doce activistas de Greenpeace fueron detenidos tras una protesta pacífica contra la reforma de la Ley de Glaciares. Pero la noticia no fue esa, sino la brutalidad desatada contra la prensa que cubría el hecho. Facundo Tedeschini, camarógrafo de A24, fue gaseado, golpeado, pateado en el piso y esposado mientras trabajaba. El mismo gobierno que busca derogar el Estatuto del Periodista y dejar sin protección laboral a los trabajadores de prensa, ahora les muestra, en la calle, cómo los va a tratar.
La sesión en el Senado estaba convocada para las 11 de la mañana. En el temario, tres temas pesados: el pliego de Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea, el acuerdo Mercosur-UE y, la vedette de la jornada, la reforma de la Ley de Glaciares . Adentro, los senadores negociaban cambios de último minuto para garantizar los votos. Afuera, la historia fue otra.
Un grupo de doce activistas de Greenpeace saltó el perímetro del Congreso y desplegó una intervención pacífica en las escalinatas: se sentaron sobre inodoros con un cartel que decía «No se caguen en el agua» . Una protesta simbólica, sin violencia, sin agresiones. La respuesta del Estado no se hizo esperar, pero no fue contra los manifestantes. Fue contra quienes registraban lo que pasaba.
EL ATAQUE A LA PRENSA: UNA POLÍTICA, NO UN EXCESO
Facundo Tedeschini, camarógrafo de A24, estaba en la vereda, detrás del cordón policial, haciendo su trabajo. Cuando los efectivos comenzaron a trasladar a los detenidos, él intentó registrar la escena. Fue entonces que un grupo de cinco a siete policías se abalanzó sobre él. Lo tiraron al piso, lo patearon, lo esposaron. «Me pegaban patadas por abajo. Yo gritaba ‘paren, paren'», relató horas después, ya liberado por orden del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi .
Agustina Binotti, cronista del mismo canal, recibió gas pimienta en los ojos. Roberto Chiappalone y Facundo Muñoz, de Crónica, fueron empujados y agredidos con spray lacrimógeno . Todo mientras el Secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, y la ministra Alejandra Monteoliva, miraban desde algún lado, o no miraban, pero el protocolo ya está escrito: cuando la prensa molesta, se la corre.
Patricia Bullrich, la exministra que comandó la seguridad durante el ataque a Pablo Grillo, salió a dar la cara. Pero no para repudiar, sino para justificar. «Un camarógrafo intentó entrar al lugar donde estaban los detenidos», dijo, contradiciendo lo que las imágenes mostraban . Cuando una periodista le recalcó que Tedeschini estaba en la vereda, Bullrich respondió: «No he visto las imágenes pero les cuento objetivamente lo que ha sucedido» . La frase es una obra de arte del cinismo: contar objetivamente lo que no se vio.
EL FANTASMA DE PABLO GRILLO
La familia de Pablo Grillo, el fotógrafo que el año pasado estuvo al borde de la muerte tras recibir un disparo de gas lacrimógeno en la cabeza durante una protesta, emitió un comunicado que debería helar la sangre de cualquier funcionario: «A Pablo lo atacaron por realizar su trabajo. No vamos a callarnos ante la repetición de esta historia. Si un uniformado no es capaz de distinguir a un trabajador de prensa identificado de una amenaza, lo que hay es una decisión operativa de no distinguir» .
La decisión operativa de no distinguir. Esa es la clave. No es un error, no es un exceso. Es una política. El mismo gobierno que busca derogar el Estatuto del Periodista —esa ley que protege a los trabajadores de prensa de despidos sin causa y garantiza su independencia editorial— ahora les muestra, en la calle, cómo piensa tratarlos. Sin estatuto, sin derechos, sin convenio colectivo, un periodista es apenas un trabajador precarizado más. Y si encima levanta la cámara para filmar lo que no debe, puede terminar esposado en el piso.
La performance de los activistas en el Congreso. Foto: Martín Katz.
EL CONTEXTO: LA LEY DE GLACIARES Y EL AGUA EN JUEGO
Mientras tanto, adentro del Congreso, se debatía una reforma que, según organizaciones ambientalistas, pone en riesgo las reservas estratégicas de agua dulce del país. El proyecto impulsado por el oficialismo modifica la Ley 26.639, sancionada en 2010, y establece que los glaciares y geoformas periglaciales deberán cumplir con «funciones de reserva estratégica de recursos hídricos» para ser protegidos . En criollo: lo que no demuestre que sirve para algo, puede ser explotado.
La reforma además delega en las provincias la definición de qué proteger, lo que según especialistas del IANIGLA —el organismo científico encargado del Inventario Nacional de Glaciares— abre la puerta a la discrecionalidad y al avance de la megaminería sobre zonas hasta ahora vedadas . El informe del IANIGLA, que relevó 16.968 cuerpos de hielo en la cordillera de los Andes, no fue consultado para elaborar la reforma . El agua, ese recurso que el 36% de la superficie continental argentina recibe del deshielo glaciar, quedó en manos de negociaciones de escritorio .
LO QUE ESTÁ EN JUEGO
El informe presentado por Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre, WCS y Fundación Humedales advierte que el 56% de las especies de vertebrados del país habita en regiones alimentadas por agua de glaciares, y esa dependencia trepa al 86% en mamíferos, 78% en reptiles y 69% en anfibios . No es sólo el litio o el cobre. Es la vida. Es el agua que beben millones de personas en 20 provincias.
Pero el gobierno de Javier Milei tiene otra prioridad: atraer inversiones mineras. Ya lo hizo con el RIGI, que benefició a gigantes como Glencore, BHP y Lundin Mining . Ahora busca el corolario legal que permita explotar la cordillera sin los frenos de la ley vigente. La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) lo celebra: «La minería moderna puede operar en zonas cordilleranas sin afectar reservas hídricas» . Los ambientalistas, los científicos y los pueblos que viven aguas abajo no están tan seguros.
LA HIPOCRESÍA DEL PODER
Mientras los senadores negociaban cambios de último minuto para garantizar los votos, afuera, un trabajador de prensa recibía patadas en el piso por hacer su trabajo. Mientras el oficialismo ajusta el texto para contentar a los aliados, un grupo de activistas que protestaba pacíficamente fue detenido. Mientras la CAEM aplaude la «modernización» de la ley, el agua que beberán las próximas generaciones queda en veremos.
El Estatuto del Periodista, ese que protege a los trabajadores de prensa de las presiones del poder, está en la mira. La Ley de Glaciares, esa que protege el agua, también. En ambos casos, el gobierno avanza sobre derechos conquistados con la misma lógica: lo que no sirve al mercado, no sirve.
La represión al camarógrafo no fue un error. Fue un mensaje: cuando la prensa estorbe, la respuesta será la fuerza; cuando el agua estorbe, la respuesta será la ley. En el medio, los trabajadores, los periodistas, los que protestan, los que viven río abajo. Todos descartables en el altar del negocio.
