Melina Schweizer
La intercepción de 65 migrantes haitianos en la provincia dominicana de Dajabón, luego de cruzar el río Masacre, vuelve a poner en primer plano una realidad que trasciende el hecho puntual: la frontera entre Haití y República Dominicana se ha convertido en uno de los escenarios más visibles de la crisis humanitaria, política y geopolítica que atraviesa el Caribe.
El grupo fue detectado mediante vigilancia aérea con drones operados por el Ejército de República Dominicana (ERD), específicamente por el Décimo Batallón de Infantería, con base en la histórica Fortaleza Beller, una de las principales instalaciones militares dominicanas en la frontera norte.
Según el reporte militar, las unidades aéreas identificaron al grupo cuando cruzaba el río por la zona conocida como La Sal, uno de los pasos informales más utilizados para atravesar la frontera. Tras el monitoreo aéreo, tropas terrestres fueron desplegadas en la zona e interceptaron a las personas migrantes ya en territorio dominicano.
El grupo estaba compuesto por 55 hombres, 8 mujeres y 2 menores de edad, todos de nacionalidad haitiana y sin documentación migratoria, según informó el propio ejército.
Pero detrás de ese número hay una historia mucho más compleja que una simple “intercepción migratoria”.
Haití: un país al borde del colapso
La migración haitiana actual no puede entenderse sin observar el colapso institucional que atraviesa Haití, considerado por organismos internacionales como uno de los escenarios de crisis más graves del hemisferio occidental.
Según datos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, bandas armadas controlan aproximadamente el 80% de Puerto Príncipe, la capital del país. Estas pandillas —muchas de ellas vinculadas al tráfico de armas, secuestros y control territorial— dominan barrios enteros, carreteras, puertos y corredores comerciales.
La situación se agravó tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, que dejó al país sin estabilidad institucional y abrió una etapa de disputas de poder, crisis económica y deterioro social.
El impacto humanitario es profundo:
- Más de 360.000 personas desplazadas internamente, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
- Millones de personas enfrentando inseguridad alimentaria severa, de acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
- Colapso de hospitales, escuelas y servicios básicos en amplias zonas del país.
En muchos barrios de Puerto Príncipe, el Estado simplemente ha dejado de existir.
Migración forzada en un contexto geopolítico
A esta crisis interna se suma un factor que rara vez aparece en el debate público: la presión migratoria generada por las deportaciones desde otros países.
Durante los últimos años, Estados Unidos ha intensificado la expulsión de migrantes haitianos, especialmente mediante mecanismos como el Título 42 y otras políticas migratorias restrictivas que permitieron deportaciones aceleradas durante y después de la pandemia.
Entre 2021 y 2024, decenas de miles de haitianos fueron expulsados desde territorio estadounidense, muchos de ellos después de haber atravesado Centroamérica y México durante años de migración.
También Bahamas, Cuba y otros países del Caribe han incrementado las deportaciones hacia Haití.
El resultado es un fenómeno conocido por especialistas como “migración circular forzada”: personas expulsadas de distintos países regresan a un Haití devastado y vuelven a intentar migrar hacia territorios cercanos, siendo República Dominicana el destino más inmediato.
La respuesta del gobierno dominicano
Ante este escenario, el gobierno del presidente Luis Abinader ha adoptado una política migratoria basada en control territorial y seguridad fronteriza, que se ha intensificado desde 2023.
Entre las principales medidas se encuentran:
- Construcción de un muro fronterizo a lo largo de varios tramos de los 390 kilómetros de frontera dominico-haitiana.
- Despliegue de tecnología de vigilancia con drones y sensores.
- Incremento del patrullaje militar en las provincias fronterizas.
- Operativos masivos de deportación de migrantes en situación irregular.
El gobierno dominicano sostiene que estas acciones buscan proteger la soberanía nacional y ordenar la migración, en un contexto donde Haití enfrenta un vacío institucional prolongado.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales han advertido que el enfoque de seguridad puede generar tensiones humanitarias, especialmente en lo que respecta a detenciones, deportaciones colectivas y condiciones de traslado de personas migrantes.
Una frontera cargada de historia
El río Masacre, donde ocurrió la interceptación del grupo de migrantes, es mucho más que un accidente geográfico.
Su nombre remite a uno de los episodios más traumáticos de la historia caribeña: la masacre de haitianos ordenada por la dictadura de Rafael Trujillo en 1937, cuando miles de personas fueron asesinadas en la frontera dominicana.
Hoy, casi un siglo después, el río sigue siendo un símbolo de una frontera atravesada por conflictos históricos, desigualdades económicas y flujos migratorios permanentes.
Una crisis regional, no solo fronteriza
La situación que empuja a miles de haitianos a cruzar esa frontera no es únicamente un problema de seguridad territorial.
Es el resultado de una crisis regional donde confluyen pobreza estructural, violencia armada, intervenciones internacionales fallidas y políticas migratorias restrictivas en todo el continente.
Mientras Haití continúa atrapado en una espiral de inestabilidad y violencia, y mientras los países de la región responden con muros, patrullas y deportaciones, la pregunta de fondo sigue abierta:
¿Puede una crisis humanitaria de esta magnitud resolverse únicamente con controles fronterizos, o requiere una respuesta internacional mucho más profunda?.
Porque detrás de cada cruce del río Masacre hay algo más que una infracción migratoria.
Hay personas huyendo de un país donde, para millones, quedarse ya no es una opción posible.
CONCHITA PRETA
