Melina Schweizer
El predio estatal de Tecnópolis, de 54 hectáreas en el conurbano bonaerense, se encuentra en proceso de concesión por hasta 25 años. La oferta más firme está encabezada por DirecTV y Torneos, con participación de una productora vinculada al entorno de Karina Milei. El proyecto incluye la construcción de un shopping de gran escala, lo que abre un debate sobre el uso de un espacio público estratégico.
La licitación para la concesión de Tecnópolis dejó de ser un trámite administrativo para convertirse en un caso político de alto impacto. El eje del conflicto no es únicamente quién se quedará con el predio, sino qué tipo de transformación se proyecta sobre uno de los espacios públicos más emblemáticos de la última década. Según fuentes del sector empresarial y del ámbito de producción de espectáculos, la propuesta más sólida en carrera está encabezada por DirecTV, controlada por el grupo Werthein, en asociación con Torneos. A esa estructura se suma Foggia Group, firma vinculada a Mara Gorini, lo que introduce un componente político que tensiona el proceso.
El punto central del proyecto es la reconversión del predio. Más allá de la continuidad de actividades vinculadas a eventos y espectáculos, la iniciativa contempla el desarrollo de un centro comercial de aproximadamente 30.000 metros cuadrados. Este dato no es menor: implica transformar la lógica de uso de Tecnópolis, que pasaría de ser un espacio público orientado a la ciencia, la cultura y la educación a un complejo mixto con fuerte predominio comercial. En términos urbanísticos y económicos, esto representa un cambio de paradigma en la utilización de activos estatales.
La dimensión del negocio explica la intensidad de la disputa. Tecnópolis cuenta con infraestructura instalada de alto valor, entre ellas un estadio cubierto con capacidad para 12.000 personas, tribunas modulares, amplias áreas de circulación y alrededor de 2.700 plazas de estacionamiento. Esta base permite iniciar la explotación comercial casi de manera inmediata, reduciendo significativamente los costos de inversión inicial. A ello se suma un esquema de concesión que, según trascendidos, incluiría un plazo de hasta 25 años con posibilidad de prórroga y un período de gracia antes del pago del canon. En términos financieros, esto configura una oportunidad de alta rentabilidad: estimaciones del sector indican que el componente comercial del proyecto podría generar ingresos anuales cercanos a los 9 millones de dólares solo en concepto de alquileres.
Sin embargo, el proceso está atravesado por cuestionamientos que exceden lo económico. La participación de actores con vínculos directos o indirectos con el entorno del poder político genera dudas sobre la transparencia de la licitación. En particular, la relación entre Foggia Group y el entorno de Karina Milei alimenta sospechas de conflicto de intereses, más aún considerando que la adjudicación final se encuentra bajo la órbita del área de comunicación del Gobierno, encabezada por Manuel Adorni. Este cruce entre intereses privados y decisión pública es uno de los elementos que más inquietud genera en el sector.
A estos cuestionamientos se suma la controversia en torno a la exclusión de otros oferentes. Uno de los grupos competidores habría quedado fuera del proceso tras no responder a un requerimiento administrativo que, según su versión, fue enviado a una dirección de correo errónea. Este episodio podría derivar en una impugnación judicial y agrega incertidumbre a un proceso que ya se encuentra bajo observación.
El trasfondo del caso remite a una discusión más amplia sobre el rol del Estado en la gestión de bienes públicos. Tecnópolis no es un activo inmobiliario convencional. Fue concebido como un espacio de acceso masivo con una función simbólica y política clara: democratizar el acceso al conocimiento, la ciencia y la cultura. Su eventual reconversión en un polo comercial plantea interrogantes sobre los criterios que orientan la política pública en materia de patrimonio estatal.
En este sentido, la tensión no se limita a la licitación en sí, sino al modelo de desarrollo que se propone. La cesión de un predio de estas características a un consorcio privado por un período prolongado implica una redefinición de su función social. El pasaje de un espacio público a un emprendimiento con lógica de mercado no es un dato técnico, sino una decisión política que reconfigura el vínculo entre el Estado, el territorio y los actores económicos.
La resolución de la licitación aún no fue oficializada, pero el escenario ya está planteado. Más allá de quién resulte adjudicatario, el caso Tecnópolis expone un punto de inflexión: la posibilidad de que uno de los espacios públicos más significativos del país sea reconvertido en un negocio privado de gran escala. La discusión, en última instancia, no es solo sobre una concesión, sino sobre el destino de lo público en un contexto de creciente valorización económica del territorio.
El resultado final de la adjudicación y, sobre todo, las condiciones bajo las cuales se concrete, serán determinantes para definir si el predio mantiene su carácter original o se transforma en un nuevo polo de desarrollo comercial en el conurbano.
Rodolfo Gudino
