CONCHITA PRETA
Fuentes oficiales aseguran que Karina Milei asignó custodia a Adorni por “arreglo de palabra”. Los móviles habrían sido usados para traslados personales, salidas nocturnas y tareas domésticas. El caso agrava el escándalo y suma críticas por uso indebido de recursos públicos.
El problema ya no es sólo qué hizo Manuel Adorni, sino para qué usó el Estado, porque cuando la custodia presidencial deja de ser un dispositivo de seguridad y pasa a funcionar como servicio puerta a puerta para la vida privada, la discusión deja de ser política y se vuelve casi doméstica, con móviles oficiales recorriendo Palermo como si fueran remises de confianza y agentes de seguridad convertidos en choferes multitasking.
La escena, según fuentes de la propia Casa Rosada, no tiene demasiada vuelta: un funcionario que no tenía rango para contar con custodia permanente la recibe igual, no por protocolo ni por evaluación de riesgo sino por “arreglo de palabra”, una categoría administrativa que no figura en ningún manual pero que parece tener más peso que cualquier normativa cuando la firma no es necesaria y la orden baja igual.
El argumento, dicen, era el miedo, una explicación que habilitó la excepción y terminó abriendo la puerta a un uso que poco tiene que ver con la seguridad institucional, porque a partir de ahí los móviles empezaron a circular no sólo para cubrir al jefe de Gabinete sino también a su entorno, su familia, sus rutinas, sus necesidades cotidianas, un despliegue que desdibuja completamente el sentido original del recurso.
La ecuación se vuelve incómoda cuando se la escribe sin eufemismos, recursos públicos + uso privado = abuso funcional, y en este caso el abuso no aparece como un exceso puntual sino como una práctica sostenida, donde los custodios pasan de proteger a trasladar, de custodiar a esperar, de prevenir a hacer mandados.
Los relatos que circulan dentro del propio oficialismo son más gráficos que cualquier denuncia, móviles no identificables asignados para uso casi exclusivo, un Toyota Corolla para Adorni, un Ford Focus para su esposa, recorridos que incluyen llevar a la empleada doméstica a hacer compras, buscar a los hijos para llevarlos al club, esperar turnos de manicura y hasta trasladar amigas después de salidas nocturnas, como si la estructura de seguridad del Estado hubiera sido rediseñada para resolver logística personal.
El punto más delicado no es la anécdota sino el precedente, porque cuando un recurso pensado para proteger a funcionarios se transforma en un servicio discrecional, la línea entre lo público y lo privado se borra, y lo que debería ser una excepción justificada se convierte en una práctica naturalizada, sostenida en el tiempo y difícil de explicar sin caer en contradicciones.
En paralelo, el malestar crece incluso dentro de los propios equipos de seguridad, que ven cómo su tarea se redefine sin criterio técnico, obligados a cumplir funciones que exceden su rol y que los colocan en una zona gris donde la orden se cumple pero el sentido se pierde, una tensión que no suele hacerse pública pero que en este caso empieza a filtrarse.
El dato político es inevitable, porque el caso Adorni ya venía cargado de cuestionamientos por su patrimonio, sus viajes y sus vínculos, y esta nueva capa no hace más que reforzar una imagen de uso discrecional del poder que choca de frente con el discurso oficial de austeridad y combate a los privilegios.
Entonces el problema deja de ser individual y pasa a ser estructural, porque no se trata sólo de quién usó los recursos sino de quién los habilitó, bajo qué criterio y con qué controles, preguntas que no se responden con un “arreglo de palabra” ni con una explicación circunstancial.
Cuando el Estado empieza a funcionar como extensión de la vida privada de quienes lo administran, el límite ya no es difuso. Es inexistente.
Viste que la casta siempre fuimos nosotros, debes de darte cuenta.
Melina Schweizer
