Melina Orquidea
El exmayor y psiquiatra militar fue condenado por asesinar a 13 personas y herir a otras 32 en Fort Hood en 2009. Si la sentencia se concreta, será la primera ejecución de la Justicia militar estadounidense desde 1961 y el primer fusilamiento militar desde 1945.
Donald Trump aprobó la ejecución por pelotón de fusilamiento de Nidal Malik Hasan, el exmayor del Ejército estadounidense condenado a muerte por el ataque que dejó 13 personas asesinadas y otras 32 heridas en la base militar de Fort Hood, Texas, en 2009.
Tras la autorización presidencial, el secretario interino del Ejército, Adam Telle, fijó la ejecución para el 3 de diciembre de 2026, a las 13, en la misma base donde se produjo la masacre. La decisión había sido recomendada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y posteriormente ratificada por Trump.
“El día del juicio para Hasan finalmente ha llegado”, afirmó el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, al comunicar la aprobación presidencial.
Pese al anuncio, el fusilamiento todavía podría ser suspendido. Hasan conserva la posibilidad de presentar un recurso de habeas corpus ante la Justicia federal civil, una vía que podría detener la ejecución mientras se revisan aspectos constitucionales y procesales de su condena.
La masacre de Fort Hood
El ataque ocurrió el 5 de noviembre de 2009 dentro de un centro de procesamiento médico de Fort Hood, una de las mayores instalaciones militares de Estados Unidos.
Hasan, que se desempeñaba como psiquiatra del Ejército, abrió fuego contra soldados y personal civil con una pistola equipada con mira láser. Mató a 12 militares y a un trabajador civil, además de herir a otras 32 personas.
El ataque terminó cuando una agente de la policía civil le disparó. Hasan sobrevivió, pero quedó parcialmente paralizado y desde entonces utiliza una silla de ruedas.
Durante el juicio militar de 2013, reconoció ser el autor de los disparos y sostuvo que había actuado para evitar que soldados estadounidenses fueran enviados a Afganistán a combatir y matar musulmanes. Llegó a describirse como un militar que había “cambiado de bando”.
La investigación también documentó sus comunicaciones con Anwar al Awlaki, un clérigo extremista vinculado con Al Qaeda que posteriormente murió en Yemen durante un ataque estadounidense con drones.
Hasan decidió representarse a sí mismo, presentó una defensa mínima y no llamó a declarar a ningún testigo. Un jurado militar lo declaró culpable de 13 asesinatos premeditados y 32 intentos de asesinato y lo condenó a muerte en agosto de 2013.
Trump dio la autorización que exige la Justicia militar
En el sistema militar estadounidense, una sentencia de muerte no puede ejecutarse sin la aprobación expresa del presidente. La decisión de Trump completó esa instancia, luego de que la condena atravesara el sistema de apelaciones militares y la Corte Suprema rechazara intervenir.
Sin embargo, la autorización presidencial no elimina por completo las posibilidades de revisión. La defensa todavía puede recurrir a tribunales federales civiles para cuestionar el procedimiento, la representación legal o la constitucionalidad de la ejecución.
Existe un antecedente directo. En 2008, el entonces presidente George W. Bush autorizó la ejecución del soldado Ronald Gray, condenado por asesinatos y violaciones. Un juez federal suspendió posteriormente la medida y Gray continúa detenido en el corredor de la muerte militar.
Actualmente, cuatro hombres —incluido Hasan— permanecen condenados a muerte en la prisión militar de Fort Leavenworth, Kansas.
La primera ejecución militar en 65 años
Si se concreta el 3 de diciembre, Hasan será el primer condenado ejecutado por la Justicia militar estadounidense desde 1961.
La última ejecución militar fue la del soldado John Bennett, ahorcado después de ser condenado por la violación y el intento de asesinato de una niña de 11 años. Desde entonces, el sistema militar impuso pocas condenas capitales y ninguna llegó a ejecutarse.
El caso de Hasan marcaría además el primer fusilamiento realizado por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1945.
La decisión se inscribe en la política de Trump de ampliar y acelerar la aplicación de la pena capital. Durante su primera presidencia, el Gobierno federal ejecutó a 13 personas entre julio de 2020 y enero de 2021, después de casi dos décadas sin ejecuciones federales.
En su segundo mandato, la administración volvió a habilitar métodos como el pelotón de fusilamiento, la electrocución y la asfixia con gas, además de la inyección letal. La ampliación fue impulsada en medio de las dificultades para obtener las sustancias utilizadas en las ejecuciones y de las denuncias sobre procedimientos fallidos.
Un debate que vuelve a dividir a Estados Unidos
La autorización del fusilamiento reabrió el debate sobre la pena de muerte, los métodos de ejecución y el alcance del poder presidencial en la Justicia militar.
Familiares de las víctimas y sobrevivientes expresaron posiciones diferentes. Algunos consideran que la ejecución representa el cierre de un proceso judicial que lleva 17 años; otros cuestionan que la muerte del condenado pueda reparar el daño causado.
Las organizaciones contrarias a la pena capital advirtieron que el fusilamiento constituye un castigo cruel y que ninguna ejecución puede garantizar una reparación para las víctimas.
Por el momento, la fecha está fijada. Pero la historia reciente de la Justicia militar demuestra que una autorización presidencial no garantiza que la sentencia llegue a ejecutarse. La última palabra podría quedar nuevamente en manos de los tribunales federales.
GONZALO SCHWEIZER
