REDACCIÓN
El gobierno ugandés niega represión tras las elecciones presidenciales del 15 de enero, mientras la oposición denuncia violencia, detenciones y una militarización del desacuerdo político en un país gobernado por el mismo poder desde hace casi cuatro décadas.
El gobierno de Uganda niega.
Niega represión, niega persecución, niega violencia sistemática.
Niega, sobre todo, que el poder tenga responsabilidad alguna en lo que ocurrió después del 15 de enero.
Según los resultados oficiales, el presidente Yoweri Museveni obtuvo el 71 % de los votos en las elecciones presidenciales. Su principal rival, el opositor Bobi Wine, alcanzó el 24 %. Para el gobierno, la cifra cierra. Para la oposición, no solo es falsa: es parte de un proceso de manipulación electoral sostenida por la fuerza.
Lo que vino después no fue calma democrática. Fue militarización del desacuerdo.
En los días posteriores a los comicios, organizaciones opositoras denunciaron un aumento de la presión de las fuerzas de seguridad contra militantes, simpatizantes y referentes territoriales. Detenciones, operativos nocturnos, intimidaciones. El Estado respondió con un libreto conocido: no es represión, son “operativos de seguridad”.
Bobi Wine fue más lejos. Habló de una “masacre silenciosa” y aseguró que más de cien personas habrían muerto en hechos de violencia vinculados al proceso electoral. No presentó pruebas documentales, pero sí algo que en Uganda tiene peso histórico: memoria. La de elecciones anteriores, la de protestas reprimidas, la de un régimen que gobierna desde 1986 y que no tolera fisuras.
La tensión escaló cuando el jefe del Estado Mayor del Ejército, Muhoozi Kaynirugaba —hijo del propio Museveni— declaró públicamente que las fuerzas de seguridad habían matado a 22 presuntos “terroristas” de la oposición durante protestas postelectorales. No habló de manifestantes. Habló de enemigos internos.
El mensaje fue claro: discrepar es un riesgo.
El ministro de Información, Chris Barriomonsie, confirmó los arrestos, pero los redujo a una narrativa funcional: detenidos por disturbios, por incitación a la violencia, por delincuencia común. Dos categorías cómodas para borrar lo político del conflicto. Según su versión, los responsables ya fueron arrestados y quienes huyeron “serán capturados conforme a la ley”.
La pregunta que queda flotando —y que el gobierno evita— no es cuántos votos sacó cada candidato. Es qué tipo de orden necesita una democracia para sostenerse.
Y cuánta violencia requiere un poder para llamarse legítimo.
Uganda votó.
El Estado respondió.
La represión, como siempre, llegó envuelta en el lenguaje del orden.
En InfoNegro no lo llamamos estabilidad.
Lo llamamos democracia bajo custodia armada.
David Fonseca
Jorge R. Schweizer
