Adorni se anota en el «Régimen de Inocencia Fiscal» para que ARCA le haga la declaración jurada y la oposición pide que intervenga la Justicia

Manuel Adorni, el jefe de Gabinete investigado por enriquecimiento ilícito, acaba de adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias, una modalidad especial que permite que sea la propia Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) la que le confeccione una «pre modelo» de declaración jurada, que el funcionario luego puede «modificar, confirmar y presentar». La maniobra ocurre en la previa de la presentación de su detalle patrimonial ante la Oficina Anticorrupción y días después de que su esposa, Bettina Angeletti, se anotara primero en el mismo esquema. La decisión generó un fuerte rechazo en la oposición y entre las organizaciones anticorrupción.

El régimen, conocido informalmente como «inocencia fiscal», es una herramienta pensada para monotributistas y pequeños contribuyentes. No fue diseñado para que un funcionario de la máxima jerarquía del Estado, con una causa penal en curso, delegue en el fisco la confección de su declaración. La ley 27.799, que regula el sistema, establece que pueden adherir las personas humanas que cumplan ciertos requisitos. Adorni los cumple. Pero la oposición cuestiona que un jefe de Gabinete use esta vía precisamente cuando debe explicar incrementos patrimoniales que la Justicia todavía no logra justificar. El diputado Esteban Paulón (Provincias Unidas) calificó la decisión como «una burla a la transparencia». El bloque de Unión por la Patria presentó un pedido de informes para que ARCA detalle si el funcionario puede acogerse a este beneficio estando bajo investigación. La Oficina Anticorrupción, por su parte, aún no se pronunció.

El propio Adorni, en declaraciones a la prensa, aseguró que la adhesión al régimen «no tiene nada que ver con la causa judicial» y que su declaración jurada «va a ser pública y transparente». Lo que no dijo es que bajo el sistema simplificado, los datos los recopila ARCA y la información disponible para el control ciudadano es mucho más acotada. En lugar de detallar bienes, cuentas y orígenes de fondos, el funcionario podrá limitarse a confirmar o rectificar la información que el organismo ya tiene. «Es como llenar un formulario con las opciones que te dan, no con lo que realmente tenés», explicó a este medio un contador especializado en derecho tributario.

El trasfondo político de la maniobra es claro. La investigación por presunto enriquecimiento ilícito avanza a paso lento. El fiscal Gerardo Pollicita sigue acumulando pruebas. El juez Ariel Lijo no tiene apuro. El contratista Matías Tabar ya declaró que le pagó 245.000 dólares en efectivo para reformar la casa del country Indio Cuá, que estaba a nombre de la esposa. Las dos jubiladas que le prestaron 200.000 dólares sin interés ya declararon que no lo conocen. La escribana Adriana Nechevenko se olvidó el celular en el auto. Y Adorni, en lugar de presentar una declaración detallada, se mete en un régimen de excepción. La estrategia es ganar tiempo. Cuanto menos datos entregue, menos preguntas le harán. Cuanto más opaco sea el proceso, más fácil será bordear los controles.

La reacción del oficialismo no se hizo esperar. El diputado libertario Santiago Santurio salió al cruce: «El jefe de Gabinete está en todo su derecho de acogerse a las herramientas legales que le ofrece el sistema». Lo que Santurio no dijo es que esas herramientas no fueron diseñadas para funcionarios investigados por corrupción. La ley 27.799, en su artículo 4°, establece que la adhesión al régimen simplificado es voluntaria, pero no contempla una incompatibilidad expresa para imputados judiciales. Es un vacío legal que Adorni y su equipo aprovecharon.

La decisión de Angeletti de adherirse al mismo régimen unos días antes no fue casual. La maniobra es conyugal y coordinada. Ambos quieren blindarse ante la justicia fiscal mientras la justicia penal los investiga. La pregunta que flota es si ARCA, que ahora deberá confeccionar la declaración jurada de Adorni, tiene la capacidad técnica y la voluntad política para cruzar datos de todas las cuentas, inversiones y movimientos que el matrimonio acumuló en los últimos años. Las auditorías automáticas del fisco no siempre detectan inconsistencias en patrimonios complejos, y menos cuando el contribuyente no declara voluntariamente la totalidad de sus activos.

Adorni insiste en que «no tiene nada que esconder». Pero entonces, ¿por qué no presenta una declaración jurada detallada como cualquier ciudadano común? ¿Por qué delegar en ARCA la tarea de confeccionar su patrimonio? ¿Por qué blindarse bajo la excepción de un régimen pensado para pequeños contribuyentes cuando es el jefe de Gabinete? Las preguntas se multiplican. Las respuestas, siempre, llegan tarde.