Melina Schweizer
Un preceptor cobra entre $400.000 y $550.000, mientras una maestra apenas supera los $570.000 mensuales. ATE denuncia una pérdida salarial del 106% frente a la inflación y movilizará el jueves en los institutos educativos de las Fuerzas Armadas.
La crisis salarial que atraviesan los docentes civiles que trabajan en los institutos educativos de las Fuerzas Armadas sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que trabajadores y representantes gremiales denunciaran que el Gobierno nacional mantiene congeladas las negociaciones salariales mientras miles de educadores continúan percibiendo ingresos por debajo de la línea de pobreza.
El conflicto involucra a docentes, preceptores y personal educativo que prestan funciones en instituciones dependientes del Ejército Argentino, entre ellas el Instituto Dámaso Centeno, el Colegio Militar de la Nación, la Escuela Sargento Cabral, la Facultad de Ingeniería del Ejército y la Escuela Superior de Guerra.
Según los relevamientos realizados por trabajadores del sector, los salarios actuales se encuentran entre los más bajos del sistema educativo argentino. Un preceptor de nivel superior percibe alrededor de 400 mil pesos mensuales de bolsillo, mientras que un preceptor de nivel medio ronda los 550 mil pesos. En el caso de una maestra de grado, el ingreso apenas supera los 570 mil pesos y sólo alcanza esa cifra gracias a un bono remunerativo extraordinario incorporado durante 2025.
La situación adquiere una dimensión todavía más crítica cuando se compara con otras jurisdicciones.
Los docentes denuncian que los salarios del sistema educativo dependiente de las Fuerzas Armadas se encuentran un 106% por debajo de los ingresos que perciben trabajadores equivalentes en la Ciudad de Buenos Aires y más de un 50% por debajo de provincias como Salta.
Frente a ese escenario, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció una jornada nacional de protesta para el próximo jueves. La medida incluirá abrazos simbólicos a los establecimientos educativos, asambleas y actividades de visibilización dentro de los institutos militares.
La decisión de evitar un paro total responde a una situación que los propios trabajadores describen como insostenible. Según explican fuentes gremiales, las últimas medidas de fuerza derivaron en descuentos salariales sobre docentes que ya enfrentan ingresos extremadamente deteriorados.
El conflicto no se limita únicamente a los haberes.
ATE denuncia además la falta de convocatoria a la paritaria sectorial desde hace más de treinta meses, la persistencia de trabajadores precarizados sin estabilidad laboral y el deterioro creciente de la obra social IOSFA, que presta cobertura médica a personal de las Fuerzas Armadas y sus familias.
Precisamente IOSFA aparece como otro de los focos de malestar dentro del sector. Los trabajadores denuncian suspensión de prestaciones, dificultades para acceder a especialistas y problemas recurrentes en la cobertura de tratamientos médicos.
Durante las últimas semanas representantes docentes fueron recibidos por autoridades del Instituto Dámaso Centeno en busca de respuestas. Sin embargo, según relataron participantes del encuentro, no hubo anuncios concretos de recomposición salarial ni compromisos para resolver los reclamos planteados.
La falta de respuestas profundizó el malestar entre docentes que sostienen que mientras el Gobierno nacional anunció mejoras, suplementos y beneficios para personal militar activo y retirado, los trabajadores civiles continúan excluidos de cualquier esquema de actualización significativo.
«Esa diferencia de trato es lo que más bronca genera», explican desde el sector. Señalan que durante los últimos meses se aprobaron distintos beneficios para cuadros militares mientras los docentes permanecen con salarios que no alcanzan para cubrir necesidades básicas.
La situación también comienza a impactar sobre el funcionamiento educativo.
Según denuncian trabajadores y delegados gremiales, la pérdida de poder adquisitivo está provocando una creciente salida de profesionales hacia otros sistemas educativos provinciales o privados que ofrecen mejores condiciones laborales. Esa migración de personal especializado afecta especialmente áreas técnicas y de formación superior donde resulta más difícil cubrir vacantes.
Para ATE, el conflicto excede la discusión salarial y pone en debate el rol que el Estado asigna a la educación dentro de las instituciones militares.
«Estamos hablando de trabajadores que forman a futuros oficiales, suboficiales y profesionales del sistema de defensa. Sin embargo, cobran salarios de pobreza», sostienen desde el sindicato.
Mientras tanto, el Gobierno nacional no anunció nuevas convocatorias paritarias ni propuestas de recomposición salarial.
Por eso la protesta del jueves aparece como una nueva señal de una crisis que ya lleva más de dos años acumulando reclamos y que ahora amenaza con profundizarse aún más en uno de los sectores educativos menos visibles del sistema público argentino.
REDACCIÓN
