Melina Schweizer
Cuando el Estado convierte su fracaso en ley
Más del 95 % de los delitos graves en Argentina son cometidos por adultos, pero el Congreso discute castigar a las infancias. Los menores de 16 años explican apenas el 1–1,5 % de los casos, según datos oficiales.
La agenda del castigo entra al Congreso
La inclusión del proyecto de Ley Penal Juvenil en el temario de sesiones extraordinarias no es un accidente legislativo ni una deuda técnica. Es una decisión política tomada en un contexto preciso: ajuste económico, deterioro social acelerado y necesidad oficial de construir un enemigo rápido, identificable y comunicable. Cuando el Estado no puede —o no quiere— garantizar derechos, suele ofrecer castigo.
Patricia Bullrich fue la encargada de marcar el tono. “Sin consecuencias, hay libertad para delinquir”, dijo al anunciar el tratamiento del proyecto que propone bajar la edad de punibilidad a los 14 años. La frase no busca describir la realidad: busca simplificarla. Reduce una trama social compleja a una ecuación moral binaria —castigo o caos— y elimina del mapa décadas de evidencia empírica, investigación criminológica y doctrina penal.
En la misma línea, el diputado Gabriel Bornoroni sostuvo que la baja de la edad “no puede esperar más”, apelando a la figura recurrente de “los argentinos de bien”. Una categoría abstracta, moralizada y excluyente que sirve para justificar políticas punitivas sin discutir sus efectos reales.
La escena se repite: frente a un problema estructural, el oficialismo propone una respuesta simbólica. No para resolver el delito, sino para administrarlo discursivamente.
El problema que se dice resolver (y el que se decide ignorar)
La pregunta que el debate oficial esquiva no es si existe delito juvenil —porque existe— sino qué dimensión real tiene y qué herramientas funcionan para abordarlo. Los datos, cuando aparecen, incomodan.
Entre 2023 y 2025, los registros consolidados del Observatorio de Justicia Penal Juvenil y UNICEF muestran un dato contundente:
- Menores de 16 años: ~1,2 % de los delitos graves
- Jóvenes de 16 a 17 años: ~3,8 %
- Adultos: ~95 %
No hay epidemia juvenil. Hay una excepción convertida en amenaza. Mientras los menores de 16 años explican poco más del uno por ciento de los delitos graves, el Congreso discute bajar la edad de punibilidad como si la violencia tuviera cara de infancia.
El Tercer Informe del Observatorio de Justicia Penal Juvenil refuerza el punto: los menores de 16 años participan en menos del 1,5 % de los delitos graves a nivel nacional. UNICEF agrega una capa que el discurso oficial omite: más del 70 % de los adolescentes judicializados proviene de hogares bajo la línea de pobreza, con trayectorias atravesadas por la deserción escolar, el trabajo informal temprano, la violencia institucional y la ausencia de políticas públicas sostenidas.
El problema no es la edad. Es el abandono estructural.
Moral punitiva y simplificación política
“El que las hace las paga” se repite como consigna. Funciona bien en titulares, mal en políticas públicas. El senador Ezequiel Atauche lo sintetizó sin rodeos: “Un país normal es donde el Estado cuida a las víctimas, no a los delincuentes”. La frase suena firme, pero es tramposa. Plantea una falsa dicotomía donde el Estado solo puede elegir entre castigar o ser cómplice.
Desde la criminología crítica, Eugenio Raúl Zaffaroni lo explicó con claridad: el sistema penal no actúa sobre el delito en abstracto, sino sobre personas concretas, seleccionadas casi siempre por su condición social, territorial y económica. El castigo no es neutral. Se aplica de manera desigual y selectiva.
Los datos lo confirman:
- Más del 80 % de los adolescentes judicializados vive bajo la línea de pobreza.
- 8 de cada 10 ya estaban fuera del sistema educativo antes de tener una causa penal.
- Dos tercios trabajaron de forma informal y precoz.
- Más de la mitad sufrió violencia institucional previa.
- Casi la mitad tuvo acceso irregular a la salud.
No estamos frente a “menores peligrosos”. Estamos frente a trayectorias de exclusión sistemática. El sistema penal llega último, cuando el Estado ya falló en todo lo demás.
Castigar cuesta caro (y produce más violencia)
El discurso del orden se desarma con una cuenta simple. Privar de libertad a un adolescente cuesta más de 6,5 millones de pesos por año. Con menos de un tercio de ese monto, el Estado podría garantizar escolarización, atención en salud y acompañamiento comunitario.
El encierro no es más barato. No es más eficiente. No es preventivo. Es la política más cara y la menos eficaz.
El Mapa BGD 2024 muestra además que la privación temprana de libertad aumenta la reincidencia y consolida trayectorias delictivas. Los números son claros:
- Encierro penal juvenil → reincidencia cercana al 65 %
- Medidas socioeducativas → reincidencia alrededor del 25 %
No es un dilema moral. Es evidencia empírica.
Endurecer el sistema penal implica expandir el gasto punitivo: más jueces, más fiscales, más fuerzas de seguridad, más instituciones de encierro. Todo esto mientras el propio Estado se retira de educación, salud y políticas sociales. No es austeridad. Es reasignación del castigo.
El mito del “vacío legal”
Cada tragedia mediática vuelve a activar el mismo atajo legislativo. Casos excepcionales convertidos en argumento general. Pero no existe un vacío legal en Argentina respecto de adolescentes en conflicto con la ley. Existen marcos normativos, dispositivos judiciales específicos y medidas socioeducativas compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos.
Lo que no existe es una política pública integral, sostenida y territorializada que actúe antes del conflicto penal. Ese es el verdadero vacío. Y no se llena con cárceles.
¿Problema real o problema construido?
La inseguridad existe. Pero su traducción en política pública no es neutra. Bajar la edad de punibilidad no es inevitable: es una elección ideológica que desplaza la responsabilidad estatal hacia los cuerpos más jóvenes y más pobres, construyendo un enemigo funcional para un modelo que no quiere —o no puede— garantizar derechos.
No busca reducir el delito. Busca ordenar simbólicamente el desorden. Ofrecer sensación de control mientras se profundizan las causas estructurales de la violencia.
Gobernar es cuidar, no castigar primero
Cada vez que el Estado baja la edad de punibilidad, está diciendo algo más profundo que lo que escribe en una ley: está admitiendo que llegó tarde, que no estuvo antes, que no garantizó condiciones mínimas de vida y que ahora pretende resolver ese abandono con tribunales y encierro.
No hay nada moderno en eso. Es viejo. Es conocido. Y ya fracasó.
La pregunta no es si el proyecto se aprobará. La pregunta es qué tipo de sociedad se consolida cuando el castigo reemplaza a la política y el miedo se convierte en programa de gobierno.
