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Argentina investiga irregularidades ambientales en una base antártica mientras ignora advertencias jurídicas y preventivas ya publicadas. El problema no es la falta de normas: es la falta de decisión política para aplicarlas.
Mientras el Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR) investiga presuntas irregularidades ambientales y denuncias de maltrato en la Base Antártica Conjunta Petrel, un dato incómodo vuelve a escena: el Estado argentino ya fue advertido, con fundamentos jurídicos sólidos, de los riesgos sanitarios, ambientales y operativos del sistema antártico. Y aun así, eligió mirar para otro lado.
La advertencia no proviene de un panfleto militante ni de una denuncia mediática, sino de un artículo académico publicado en diciembre de 2025 en la Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente (Edición Nº 8), órgano del Capítulo de Derecho Antártico, Gestión y Geopolítica del Atlántico Sur.
El trabajo —titulado “Policía sanitaria y competencia estatal en la Antártida: análisis jurídico-preventivo ambiental del personal invernante antártico”— fue firmado por Cintia Mónica Ogas Méndez, Melina Orquídea Alcántara Cornielle y Jorge Rodolfo Schweizer. El diagnóstico es claro: el Estado argentino tiene competencia jurídica plena para prevenir, regular y controlar. Lo que no tiene —o no ejerce— es voluntad política.
El Estado puede. El Estado sabe. El Estado no hace
El artículo demuestra, mediante un análisis jerárquico-normativo (Constitución Nacional, Ley 18.513, decretos reglamentarios y Protocolo de Madrid), que la función de policía sanitaria en la Antártida es indelegable y permanece en cabeza del Estado, incluso cuando ciertas tareas técnicas puedan tercerizarse.
Dicho sin rodeos: 👉 la Dirección Nacional del Antártico (DNA) tiene la responsabilidad primaria de planificación, control y dirección política; 👉 el COCOANTAR, el sostén logístico permanente. No hay vacío legal. Hay vaciamiento de responsabilidad.
El estudio es contundente al señalar que el aislamiento extremo, la imposibilidad de evacuación rápida, las condiciones climáticas severas y la necesidad de continuidad operativa justifican estándares sanitarios y ambientales más exigentes que en cualquier otro territorio nacional.
La conclusión académica es incómoda para el poder:
“El Estado cuenta con competencia suficiente para regular requisitos sanitarios reforzados, siempre que se respeten los principios de razonabilidad, proporcionalidad y consentimiento informado”.
Petrel: el caso testigo de una política que llega tarde
La investigación abierta en la Base Petrel —por presunta quema y vertido de residuos peligrosos, manejo indebido de combustibles y fallas en la planta de tratamiento de aguas— no es una anomalía aislada. Es el síntoma de una gestión que actúa cuando el daño ya está hecho.
El artículo académico advertía, meses antes, que la prevención ambiental en la Antártida no puede depender del “mérito, oportunidad y conveniencia” del mando de turno, porque allí el error no se corrige: se paga con daño irreversible.
La quema de residuos prohibidos, denunciada en Petrel, viola directamente el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, vigente desde 1998. Pero también evidencia algo más profundo: la desconexión entre el saber técnico-jurídico y la práctica estatal real.
La Antártida no es épica: es gestión
Durante años, el discurso oficial habló de soberanía, presencia y orgullo antártico. Pero como advierten los autores del estudio, la soberanía no se declama: se administra. Y administrar implica controles, protocolos, consentimiento informado, evaluación interdisciplinaria y decisiones políticas que incomodan.
Desde una mirada filosófica, el problema no es nuevo: un Estado que prefiere la épica a la prevención termina gobernando por excepción permanente. Desde una mirada satírica —inevitable—, la Antártida parece ser el único territorio donde todo está regulado… salvo cuando molesta aplicarlo.
La pregunta que el Estado no quiere responder
El artículo científico deja una pregunta abierta que hoy, a la luz del caso Petrel, se vuelve urgente:
¿Por qué, si el marco jurídico existe, el Estado argentino sigue reaccionando después del daño y no antes?
La Antártida no admite improvisación. Cada omisión es una decisión política. Y cada decisión política, en ese continente, deja huella.
Fuente académica: Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, Edición Nº 8, diciembre 2025 Artículo: Policía sanitaria y competencia estatal en la Antártida Autores: Ogas Méndez – Alcántara Cornielle – Schweizer
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REDACCIÓN
Melina Schweizer
