Melina Schweizer
El 9 de abril de 2026, fiscales pidieron nuevas indagatorias por una causa que involucra más de $75.000 millones. Investigan sobreprecios, cartelización y desvío de fondos en la ANDIS. El expediente alcanza a exfuncionarios, empresarios y suma ya decenas de imputados.
Una causa que crece y vuelve a escalar
La investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo de alto impacto judicial.
Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez solicitaron una nueva indagatoria para Diego Spagnuolo, ex titular del organismo, junto con otras 28 personas, en el marco de una causa que ya acumula procesamientos y nuevas líneas de investigación.
El pedido, presentado el 9 de abril de 2026, se basa en la detección de maniobras que amplían el alcance del expediente y refuerzan la hipótesis de un esquema sistemático de corrupción.
El monto en juego: más de $75.000 millones
Uno de los datos más contundentes del caso es la cifra involucrada.
Según el Ministerio Público Fiscal, las maniobras investigadas habrían movilizado $75.478.149.019 del Estado, canalizados hacia un grupo reducido de empresas proveedoras.
El volumen del dinero no solo marca la magnitud del presunto fraude.
También posiciona a la causa como una de las más relevantes en materia de corrupción reciente.
Cómo funcionaba el esquema, según la Fiscalía
La hipótesis central describe un sistema organizado entre funcionarios y empresarios para direccionar contrataciones.
Entre las prácticas señaladas se incluyen:
- Sobreprecios en insumos médicos de alto costo
- Cartelización entre empresas proveedoras
- Uso de información privilegiada
- Intervención directa de privados en decisiones estatales
El objetivo habría sido asegurar adjudicaciones millonarias a cambio de retornos económicos.
Insumos sensibles y destinatarios vulnerables
El foco de las irregularidades está puesto en la compra de insumos conocidos como PACBI, destinados a personas con discapacidad.
Esto agrega un componente especialmente sensible al caso: los fondos involucrados estaban destinados a sectores de alta vulnerabilidad.
La denuncia no solo apunta al desvío de recursos.
También al impacto social de esas maniobras.
Los nuevos imputados y la expansión de la causa
Además de Spagnuolo, la lista de personas convocadas a indagatoria incluye:
- Exfuncionarios del programa Incluir Salud
- Dirigentes políticos
- Más de 20 empresarios vinculados a proveedores
En total, el expediente ya cuenta con 19 personas procesadas y una red de más de 30 firmas bajo análisis.
Esto refleja una estructura que, según la Fiscalía, operaba de manera coordinada.
Un sistema armado para direccionar fondos
Los fiscales describen un funcionamiento que excede irregularidades aisladas.
Según el expediente, la ANDIS habría operado como una estructura que permitía:
- Autorizar proveedores específicos
- Definir ganadores de licitaciones
- Coordinar precios entre empresas
- Intervenir en la contratación de personal
En otras palabras, un sistema donde las reglas del mercado eran reemplazadas por decisiones discrecionales.
El rol de Spagnuolo y el impacto político
Diego Spagnuolo aparece como una figura central en la investigación.
Su nombre ya había tomado relevancia al involucrar en declaraciones a sectores del poder político, lo que le dio al caso una dimensión adicional.
La nueva indagatoria refuerza su peso dentro del expediente.
Y mantiene abierto el frente político del conflicto.
Corrupción en áreas sensibles
Los casos de corrupción en áreas sociales suelen tener un impacto mayor.
No solo por el dinero involucrado.
Sino porque afectan políticas destinadas a sectores vulnerables.
Esto amplifica el costo político y social de las irregularidades.
Una causa que deja al descubierto un sistema
La investigación sobre la ANDIS ya no se limita a hechos puntuales.
Lo que emerge es una estructura donde decisiones públicas, intereses privados y falta de controles se combinan en un mismo circuito.
El avance de la causa muestra que el foco ya no está solo en quién participó.
Sino en cómo se organizó el mecanismo.
Y cuando la Justicia empieza a reconstruir ese funcionamiento, el problema deja de ser individual.
Pasa a ser estructural.
REDACCIÓN
