Rodolfo Gudino
Flávio Bolsonaro busca seducir al poder financiero brasileño con ajuste fiscal, desregulación y baja de impuestos inspirados en Javier Milei. Pero Brasil no es Argentina: su estructura industrial, su sistema federal, el peso del Congreso y su relación estratégica con China limitan cualquier copia. Si el bolsonarismo gana, el cambio más inmediato podría sentirse menos en la economía que en el equilibrio diplomático de toda la región.
La promesa de Flávio Bolsonaro de aplicar en Brasil un programa inspirado en Javier Milei no es solamente una propuesta económica. Es una definición política destinada a construir confianza en la Avenida Faria Lima, reagrupar al empresariado que acompañó a Jair Bolsonaro y ofrecerle a la derecha sudamericana un modelo común de gobierno: ajuste fiscal acelerado, reducción del Estado, privatizaciones, desregulación y alineamiento político con Estados Unidos.
Daniella Marques, coordinadora económica de la campaña del hijo mayor de Jair Bolsonaro y eventual candidata a ocupar el Ministerio de Economía, anunció que un nuevo gobierno bolsonarista revisaría más de mil normas tributarias y administrativas desde el primer día. Marques fue asesora del exministro Paulo Guedes y presidió la Caixa Econômica Federal, por lo que su designación funciona como una señal hacia el mercado: Flávio intenta demostrar que detrás de su apellido existe un equipo capaz de retomar y profundizar el programa liberal interrumpido por el regreso de Luiz Inácio Lula da Silva.
La economista presentó a Milei como ejemplo de recuperación de la capacidad de inversión, reducción de impuestos y eliminación de burocracia. Sin embargo, evitó explicar cómo se financiaría simultáneamente una baja tributaria, el equilibrio de las cuentas públicas y la preservación de los programas sociales.
Esa omisión no es secundaria. Es el centro del programa.
Milei como marca electoral
La utilización de Milei como referencia cumple una función política antes que técnica. Para el bolsonarismo, el presidente argentino representa la posibilidad de aplicar un ajuste profundo sin negociar previamente con los sectores afectados y convertir el costo social en una batalla cultural contra la “casta”, la burocracia y el gasto público.
El atractivo no está solamente en las medidas adoptadas en Argentina, sino en el método: decretos, velocidad, confrontación con sindicatos, debilitamiento de organismos públicos y presentación del equilibrio fiscal como medida superior a cualquier otra necesidad social.
Flávio Bolsonaro intenta apropiarse de esa imagen para mostrarse como el candidato capaz de romper con el gradualismo brasileño. La promesa de derogar mil normas durante los primeros días busca producir un efecto de autoridad y decisión frente a una estructura política conocida por las negociaciones interminables entre el Ejecutivo, el Congreso, los gobernadores, los partidos del llamado Centrão y los grandes grupos empresariales.
También le sirve para resolver una debilidad propia. Flávio no posee el liderazgo popular de su padre ni puede presentarse únicamente como heredero familiar. Necesita construir un perfil presidencial, articular a las distintas derechas y demostrar ante las élites económicas que su candidatura no será apenas una revancha contra Lula y el Supremo Tribunal Federal.
Daniella Marques cumple precisamente esa función. Es el puente entre el apellido Bolsonaro y Faria Lima.
Brasil no es Argentina
La principal debilidad de la comparación es estructural. Brasil posee una economía mucho más grande, diversificada e industrializada que la argentina. Cuenta con una poderosa banca pública, empresas estatales estratégicas, cadenas industriales complejas, un mercado interno de más de 200 millones de habitantes y una estructura federal en la que los estados y municipios administran una porción considerable del gasto.
El Estado brasileño no puede reducirse con la misma velocidad sin alterar las relaciones entre la Unión, los gobernadores y los gobiernos municipales. Tampoco puede eliminarse una parte sustancial de los impuestos mediante una decisión unilateral del presidente.
Marques reconoció que aquello que dependa de la “pluma” del Ejecutivo será modificado inmediatamente, pero las reformas tributarias, los cambios presupuestarios y buena parte de las privatizaciones necesitarán aprobación legislativa. En Brasil, el Congreso no es un actor periférico: controla partidas, impone negociaciones presupuestarias y puede paralizar al Ejecutivo si no recibe recursos, cargos y capacidad de intervención.
Un eventual presidente Bolsonaro tendría que negociar con el mismo sistema político que Milei suele denunciar desde Buenos Aires. Incluso con una mayoría conservadora, los legisladores brasileños representan intereses territoriales, agroindustriales, religiosos, empresariales y presupuestarios que no necesariamente aceptarán un ajuste contra sus propios estados.
La experiencia argentina puede servir como consigna electoral. Como manual de gobierno, se encuentra con un país completamente diferente.
El problema fiscal existe
La promesa bolsonarista no surge de la nada. Brasil enfrenta un problema fiscal concreto, agravado por el elevado costo de su deuda y las altas tasas de interés.
El Fondo Monetario Internacional proyectó para 2026 un déficit fiscal general cercano al 8,2% del Producto Bruto Interno y advirtió que la deuda brasileña resulta especialmente sensible a las variaciones de las tasas porque una parte importante posee vencimientos cortos o rendimientos variables. El Banco Mundial estima que la deuda pública podría continuar aumentando hasta aproximarse al 87,5% del PBI en 2028 si no se acelera la consolidación fiscal.
Pero Brasil tampoco es una economía al borde del colapso. El FMI proyecta un crecimiento de 2.4%, mientras la OCDE considera que la actividad conservará cierto dinamismo durante 2026 y 2027. El país mantiene reservas internacionales significativas, recibe inversión extranjera directa, posee una moneda propia y financia una parte sustancial de su deuda en reales y dentro del mercado doméstico.
Por eso, el argumento de una terapia de shock resulta más político que inevitable. Brasil necesita ordenar sus cuentas y reducir el costo financiero de su deuda, pero no enfrenta las mismas restricciones externas, monetarias y cambiarias que Argentina encontró al asumir Milei.
El bolsonarismo intenta presentar una opción ideológica como si fuera la única respuesta técnica posible.
Bajar impuestos sin tocar programas sociales
Daniella Marques prometió que el ajuste no afectará las políticas sociales y que el ahorro provendrá de la eliminación de privilegios, beneficios tributarios y estructuras administrativas innecesarias.
La formulación es atractiva porque evita identificar perdedores. Nadie defiende públicamente los privilegios y casi cualquier partida puede describirse como burocracia cuando no se explica qué organismo la ejecuta, qué servicio presta o quién depende de ella.
Pero el volumen del ajuste necesario difícilmente pueda obtenerse solamente eliminando automóviles oficiales, cargos políticos y oficinas duplicadas. Si el objetivo consiste en alcanzar rápidamente el equilibrio, reducir impuestos y generar espacio para que bajen las tasas, el recorte tendrá que alcanzar transferencias, inversiones públicas, subsidios, empresas estatales o políticas ejecutadas por estados y municipios.
Brasil sostiene programas sociales de enorme escala. Bolsa Família, el sistema público de salud, las universidades federales, las políticas de vivienda y las transferencias educativas cumplen una función económica además de asistencial: sostienen ingresos y consumo en las regiones más pobres.
El Nordeste sería especialmente vulnerable a una contracción abrupta del gasto federal. Allí las transferencias sociales poseen mayor peso sobre los ingresos familiares y el Estado tiene una presencia determinante en la provisión de salud, educación e infraestructura.
Una reducción de recursos podría ampliar la desigualdad territorial entre el sur industrializado, el centro-oeste agroexportador y las regiones históricamente postergadas. También afectaría de manera desproporcionada a las mujeres, que concentran las tareas de cuidado y dependen en mayor medida de la escuela, la atención sanitaria y las políticas públicas para sostener la vida familiar.
El ajuste siempre puede presentarse como una operación contable. Socialmente, nunca cae sobre una planilla: cae sobre cuerpos, territorios y servicios concretos.
Los ganadores del programa
El primer beneficiario político sería el propio bolsonarismo, que recuperaría un lenguaje económico capaz de unir a sectores actualmente dispersos. La defensa de la familia, la seguridad y la lucha contra el Supremo moviliza a su base ideológica; la promesa de bajar impuestos, privatizar y desregular busca incorporar al capital financiero y empresarial.
Los grandes grupos económicos con capacidad para comprar activos estatales, acceder al mercado de capitales y adaptarse rápidamente a las nuevas normas podrían beneficiarse de privatizaciones y aperturas regulatorias. También ganarían sectores agroexportadores, mineros y energéticos si el nuevo gobierno acelera licencias, flexibiliza controles ambientales y reduce obligaciones tributarias.
Faria Lima espera otro beneficio: que el ajuste fiscal permita al Banco Central bajar las tasas sin provocar una nueva presión inflacionaria o cambiaria. Marques defendió la autonomía de la autoridad monetaria y evitó prometer una reducción política del costo del dinero. El mensaje está dirigido directamente a los inversores: primero se recortaría el gasto; después, si el mercado confía, podrían bajar los intereses.
Pero existe una contradicción. Las tasas elevadas perjudican la inversión productiva y encarecen el servicio de la deuda, mientras ofrecen rendimientos extraordinarios al sector financiero. Una consolidación fiscal que preserve la renta financiera y descargue el costo sobre el gasto social podría ordenar algunos indicadores sin transformar la estructura económica.
No todo equilibrio fiscal produce desarrollo. También puede producir una sociedad más desigual con cuentas más prolijas.
China marca el límite diplomático
La promesa de mantener diálogo con China, Estados Unidos y Europa revela que el equipo de Flávio Bolsonaro entiende uno de los errores cometidos durante la presidencia de su padre: Brasil no puede subordinar su política exterior completamente a una afinidad ideológica.
China es el principal socio comercial brasileño y el mayor comprador de soja, mineral de hierro, petróleo, carne y otros productos estratégicos. En 2025, las exportaciones agropecuarias brasileñas hacia China alcanzaron aproximadamente 55.000 millones de dólares, más del doble que los envíos a la Unión Europea.
Un gobierno bolsonarista podría alinearse políticamente con Donald Trump, cuestionar a Beijing por razones ideológicas y endurecer su discurso contra los BRICS. Pero romper o deteriorar seriamente la relación con China chocaría con los intereses del agronegocio, uno de los pilares electorales de la derecha brasileña.
Marques intenta anticiparse a esa contradicción al definir la relación con las grandes potencias como una política de Estado. El mensaje es que Flávio puede ser ideológicamente cercano a Washington sin sacrificar los negocios con Beijing.
Brasil practicaría una diplomacia de doble carril: alineamiento político con Estados Unidos y pragmatismo comercial con China.
Ese equilibrio no será sencillo. Washington busca reducir la influencia china en infraestructura, telecomunicaciones, minerales críticos, energía y puertos latinoamericanos. Beijing, por su parte, considera a Brasil una pieza fundamental de los BRICS y de su estrategia económica en el Atlántico Sur.
La política exterior brasileña volvería a oscilar entre las preferencias ideológicas del presidente y las necesidades materiales de su economía.
Un eje Milei-Bolsonaro
La victoria de Flávio modificaría inmediatamente la relación con Argentina. Milei intervino abiertamente en la campaña brasileña, respaldó al candidato bolsonarista, atacó a Lula y cuestionó al juez Alexandre de Moraes. Brasil respondió reduciendo el nivel de su representación diplomática y dejando la relación bilateral en uno de sus momentos más fríos.
Un triunfo del Partido Liberal permitiría reconstruir el vínculo presidencial sobre una afinidad ideológica directa. Milei y Flávio podrían conformar un eje de derecha con capacidad para influir sobre Paraguay, Uruguay y otros gobiernos de la región.
Ese acercamiento facilitaría posiciones comunes sobre seguridad, reducción del Estado, migración, defensa de Israel, relación con Estados Unidos y críticas a los gobiernos progresistas. También podría debilitar espacios de concertación regional asociados con la izquierda y modificar el equilibrio dentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
Pero la afinidad no eliminaría la competencia. Argentina y Brasil disputan inversiones industriales, mercados agropecuarios, proyectos energéticos y liderazgo político. Brasil no aceptará subordinar su estrategia regional a Buenos Aires, y ningún presidente brasileño permitirá que la relación personal con Milei perjudique a sus exportadores.
La relación sería más cordial, pero no necesariamente más equilibrada.
El Mercosur bajo presión
Un gobierno de Flávio Bolsonaro podría profundizar la orientación comercial del Mercosur, flexibilizar el arancel externo común y permitir que los socios negocien acuerdos con mayor autonomía. Esa posición sería compatible con la política de Milei, que reclama una apertura más amplia y cuestiona las limitaciones del bloque.
Brasil y Argentina podrían impulsar conjuntamente un Mercosur menos político y más concentrado en la liberalización comercial. Esto favorecería el acuerdo con la Unión Europea y otros mercados, pero también podría debilitar las herramientas de protección industrial que permitieron construir cadenas regionales de producción.
La Unión Europea es el segundo socio comercial del Mercosur y representaba alrededor de una cuarta parte del intercambio total del bloque antes del nuevo acuerdo. La firma del tratado en enero de 2026 abrió una oportunidad exportadora, aunque su ratificación continúa atravesada por resistencias políticas y controles jurídicos europeos. La propia Comisión Europea reconoce la magnitud estratégica del vínculo.
Una apertura acelerada beneficiaría al agronegocio y a los sectores extractivos competitivos, pero podría presionar a la industria automotriz, metalúrgica, química, textil y de maquinaria. Brasil tiene mucho más que perder que Argentina si la liberalización destruye entramados industriales construidos durante décadas.
El programa no decidirá solamente cuánto Estado tendrá Brasil. También decidirá qué tipo de economía ocupará su lugar.
Dos proyectos de inserción internacional
La elección entre Lula y Flávio expresa dos formas diferentes de imaginar el poder brasileño.
Lula concibe a Brasil como una potencia autónoma del Sur Global, capaz de negociar con Estados Unidos, China, Rusia y Europa sin alinearse completamente con ninguno. Su diplomacia prioriza los BRICS, la integración latinoamericana, la reforma de los organismos internacionales y la búsqueda de protagonismo en conflictos globales.
Flávio Bolsonaro propone una inserción más cercana al bloque conservador liderado por Estados Unidos, con mayor apertura al capital privado y una política exterior orientada por la seguridad, el comercio y la afinidad ideológica. Sin embargo, la necesidad de conservar el vínculo con China lo obligaría a moderar cualquier ruptura.
La disputa excede a Brasil. Por su peso económico, territorial, demográfico y diplomático, cada cambio de orientación brasileña altera el equilibrio sudamericano. Un triunfo de Lula sostendría el principal contrapeso regional frente al eje Trump-Milei. Una victoria de Flávio ampliaría hacia Brasilia la ola derechista y dejaría a los gobiernos progresistas del continente mucho más aislados.
Sudamérica no elegirá en las urnas brasileñas, pero padecerá o aprovechará sus consecuencias.
El verdadero contenido de la promesa
El bolsonarismo utiliza a Milei para vender velocidad, ruptura y autoridad. Faria Lima escucha ajuste, privatizaciones y disciplina fiscal. Los exportadores oyen apertura de mercados. Washington imagina un aliado regional. China espera que el pragmatismo comercial sobreviva a la ideología. Los trabajadores y las regiones más pobres todavía no saben qué parte de la cuenta les correspondería pagar.
La promesa de reducir impuestos sin tocar programas sociales, bajar la deuda sin afectar inversiones y equilibrar las cuentas eliminando solamente privilegios constituye, hasta ahora, una fórmula electoral y no un programa presupuestario verificable.
El interrogante no es si Brasil necesita mejorar sus cuentas públicas. El interrogante es quién financiará esa mejora.
Flávio Bolsonaro promete importar el modelo Milei, pero Brasil no es un laboratorio vacío. Es una federación de 214 millones de habitantes, una potencia industrial y agroexportadora, el principal socio de Argentina, el mayor país del Mercosur y una pieza central de la competencia entre Estados Unidos y China.
Si el bolsonarismo gana, el ajuste puede comenzar en Brasilia. Sus efectos políticos, económicos y diplomáticos cruzarán todas las fronteras sudamericanas.
CONCHITA PRETA
