Melina Schweizer
Los salarios del sistema científico perdieron 40,3% de poder adquisitivo desde noviembre de 2023. Un docente-investigador universitario pasó de cobrar el equivalente a 1,45 canastas básicas a apenas 1,15, mientras un cargo testigo del Conicet cayó de 1,72 a 1,09. En tres años, la masa salarial del sector acumularía un recorte de 33,1%, equivalente a $1,38 billones que dejaron de percibir sus trabajadores. El ajuste mejora la cuenta fiscal de corto plazo, pero Argentina lo paga con salarios deteriorados, pérdida de capacidades y una brecha creciente frente a otros sistemas científicos de la región.
La discusión sobre el ajuste científico argentino puede parecer abstracta cuando se habla de presupuestos, organismos y porcentajes. Los salarios permiten convertirla en una dimensión mucho más concreta: un trabajador del sistema científico necesitaría hoy un aumento del 67,7% simplemente para recuperar el poder adquisitivo que tenía en noviembre de 2023.
No sería un aumento real ni una mejora respecto de aquella situación. Sería regresar al punto de partida.
Desde entonces, el poder adquisitivo cayó 40,3%. La matemática explica por qué perder 40% y recuperar 40% no devuelve al mismo lugar: si un salario que valía 100 pasa a valer 59,7, necesita aumentar 67,5% aproximadamente para volver a 100. Esa asimetría permite dimensionar el pozo salarial acumulado.
El problema tampoco se corrigió con la desaceleración inflacionaria de 2026. En agosto, docentes e investigadores universitarios perdieron otro 1,6% real, el segundo retroceso consecutivo. Conicet y el Sistema Nacional de Empleo Público obtuvieron apenas 0,2% de recuperación real porque recibieron una suba nominal de 1,9% frente a una inflación mensual de 1,7%.
Después de perder 40,3%, recuperar dos décimas no es recomposición: es permanecer prácticamente en el mismo piso.
Los precios subieron 336% y los salarios científicos quedaron muy atrás
La dimensión del ajuste aparece con claridad cuando se comparan salarios y precios desde noviembre de 2023. Durante ese período, el IPC acumuló un incremento de 336%. Frente a esa evolución, los salarios universitarios aumentaron 226,8%, los correspondientes al Sinep 196,6% y los del Conicet apenas 160,1%.
La distancia explica la pérdida real.
No se trata solamente de que los investigadores “ganen poco” en una comparación subjetiva. Los precios se multiplicaron mucho más rápidamente que sus remuneraciones. Cada peso de salario científico compra hoy considerablemente menos bienes y servicios que antes del comienzo de la gestión.
La desaceleración reciente de la inflación tampoco borra esa diferencia. El IPC aumentó 1,7% en agosto, acumuló 21,3% durante los primeros ocho meses de 2026 y registró 33,5% interanual. Bajar la inflación significa reducir la velocidad a la que aumentan los precios; no devuelve automáticamente el poder adquisitivo perdido mientras esos precios crecían mucho más rápido que los salarios.
Por eso la discusión salarial científica no se resuelve solamente perforando el 2% mensual. Para recomponer el ingreso es necesario que durante un período suficientemente prolongado los salarios crezcan por encima de los precios.
De 1,72 canastas básicas a apenas 1,09
Existe un indicador todavía más contundente que los porcentajes salariales: cuántas Canastas Básicas Totales puede comprar un sueldo.
En noviembre de 2023, el cargo universitario utilizado como referencia —profesor adjunto con dedicación exclusiva y diez años de antigüedad— alcanzaba para 1,45 canastas básicas. Actualmente permite comprar apenas 1,15.
En Conicet el deterioro es todavía mayor: el cargo testigo pasó de cubrir 1,72 canastas a solamente 1,09.
La comparación muestra cuánto se estrechó el margen entre el ingreso científico y el costo mínimo utilizado para medir pobreza. Un ingreso equivalente a 1,09 canastas significa que prácticamente toda la distancia que existía respecto de esa referencia fue consumida por el deterioro salarial.
Eso no significa que todos los científicos sean estadísticamente pobres: la pobreza se determina a nivel del hogar, considerando composición familiar e ingresos totales. Pero sí demuestra algo extraordinariamente grave para un sistema que requiere años de formación especializada: un salario científico de referencia quedó apenas por encima de una canasta básica.
Y entre los becarios el problema puede resultar todavía más delicado porque muchos están al comienzo de sus carreras y dependen fundamentalmente del estipendio.
El ajuste no termina en el salario: faltan recursos para investigar
Comparar solamente remuneraciones tampoco muestra todo el problema. La investigación necesita salarios, pero también equipamiento, reactivos, campañas, mantenimiento, bibliografía, infraestructura, subsidios y financiamiento de proyectos.
Un investigador puede conservar formalmente su puesto y, al mismo tiempo, perder capacidad efectiva para investigar.
Esta diferencia es fundamental. El capital científico no es únicamente una persona contratada por el Estado; es una combinación de conocimiento acumulado, equipos de trabajo, infraestructura y continuidad de proyectos.
Cuando alguno de esos componentes desaparece, reconstruirlo posteriormente puede ser mucho más caro que conservarlo. Un experimento interrumpido puede perder años de trabajo; un equipo que se dispersa no necesariamente vuelve a reunirse; un investigador que consigue una carrera estable en otro país puede no regresar simplemente porque posteriormente mejore el presupuesto argentino.
Ahí aparece uno de los principales riesgos económicos del ajuste científico: el ahorro es inmediato; la pérdida de capacidades puede durar años.
Argentina empieza a perder también frente a la región
La comparación internacional muestra otro problema. Según los datos aportados, los escalafones científicos en Chile, Brasil y México se ubican aproximadamente entre USD 1.400 y USD 4.500 mensuales. En Argentina, la escala del Conicet comienza alrededor de USD 1.200 y alcanza aproximadamente USD 2.300, mientras la docencia universitaria se encuentra todavía por debajo.
Las comparaciones salariales en dólares deben tomarse con cautela porque el costo de vida y el poder adquisitivo son diferentes en cada país. Pero la amplitud de la brecha sí permite identificar un problema de competitividad laboral.
Argentina no compite solamente por inversiones o exportaciones. También compite por personas altamente calificadas.
Un investigador formado durante una década puede comparar salarios, financiamiento disponible, estabilidad profesional y posibilidades de desarrollar proyectos entre Argentina, Brasil, Chile, México, Europa o Estados Unidos. Si la diferencia se amplía demasiado, el mercado internacional empieza a funcionar como aspiradora del capital humano que Argentina financió durante años.
$1,38 billones menos para los trabajadores científicos
La dimensión fiscal del ajuste aparece en la evolución de la masa salarial completa del sistema científico y tecnológico. Cayó 14,8% en 2024 y otro 17,7% en 2025, mientras para 2026 se proyecta una reducción adicional del 4,7%.
El resultado acumulado sería una contracción de 33,1% en tres años.
Traducido a dinero, el cálculo equivale a aproximadamente $1,38 billones que los trabajadores del sistema dejaron de percibir respecto de la trayectoria de referencia desde 2023.
Este dato permite comprender por qué el ajuste científico contribuye al resultado fiscal. El Estado está destinando una masa salarial real mucho menor al sector. Desde la perspectiva estrictamente contable del Tesoro, representa ahorro.
Pero desde la economía completa significa otra cosa: $1,38 billones menos en remuneraciones son también ingresos que no llegaron a investigadores, docentes, técnicos, profesionales y becarios. Y esos ingresos son consumo, alquileres, alimentos, servicios y actividad económica.
El ahorro de una planilla estatal es simultáneamente la pérdida de ingreso de otra persona.
Quién gana: el Tesoro consigue una parte del ajuste
El ganador fiscal inmediato es el Estado nacional. Reducir 33,1% la masa salarial real del sistema científico disminuye una parte del gasto y contribuye a sostener el objetivo de equilibrio fiscal.
Para el programa de Milei, el beneficio es además político: demostrar que áreas históricamente protegidas del presupuesto también quedaron sometidas al criterio general de reducción del gasto.
Pero incluso desde una perspectiva favorable a la austeridad fiscal aparece una pregunta de eficiencia: no todo gasto produce el mismo retorno económico futuro.
Reducir burocracia redundante puede producir un ahorro permanente con pocos costos productivos. Reducir inversión en investigación capaz de generar tecnología, patentes, conocimiento, mejoras sanitarias o productividad puede producir un ahorro presente acompañado de un costo futuro.
El balance correcto, por lo tanto, no consiste simplemente en preguntar cuánto se ahorró, sino qué capacidad se perdió para conseguir ese ahorro.
Quién pierde: investigadores, becarios y docentes
Los perdedores directos son inequívocos. Los trabajadores científicos perdieron 40,3% de poder adquisitivo. Los universitarios retrocedieron nuevamente 1,6% real en agosto. Becarios y personal del Conicet quedaron entre los grupos más castigados, mientras existen además trabajadores cuyos contratos finalizaron antes de conocerse los resultados de procesos de evaluación para ingresar al organismo.
Los jóvenes enfrentan un problema particular. Una persona que recién inicia una carrera científica tiene menos antigüedad, menores ingresos, menor patrimonio acumulado y más posibilidades de abandonar el sistema si encuentra mejores oportunidades.
Ese proceso puede generar selección adversa: los investigadores con mayores posibilidades internacionales son precisamente quienes tienen más herramientas para irse.
Argentina puede terminar ahorrando salarios de quienes abandona el sistema, pero también perdiendo parte del capital humano más competitivo que financió durante su formación.
También pierden las universidades y el sistema productivo
Las universidades pierden por dos vías. Primero, porque sus docentes e investigadores cobran menos. Segundo, porque el deterioro salarial dificulta retener profesionales que pueden encontrar mejores remuneraciones en el sector privado o en el exterior.
Pero el costo no termina dentro de los laboratorios.
También puede perder el sector productivo argentino, porque una parte de la investigación pública desarrolla conocimientos, tecnologías y recursos humanos que posteriormente utilizan empresas privadas. Agricultura, energía, industria farmacéutica, biotecnología, software, minería, salud y alimentos dependen en distintos grados de capacidades científicas y técnicas.
El mercado puede financiar investigación rentable en el corto plazo. Tiene muchos menos incentivos para sostener investigación básica cuyo rendimiento comercial es incierto o puede tardar décadas en aparecer.
Por eso prácticamente todos los países con sistemas científicos desarrollados mantienen inversión pública: el conocimiento produce beneficios que una empresa individual no siempre puede apropiarse completamente y, por eso, el mercado tiende a financiar menos investigación básica de la socialmente deseable.
La paradoja: gastan más de lo previsto sin mejorar salarios
Existe además un dato presupuestario particularmente revelador. La ejecución del gasto en personal científico se encuentra ocho puntos porcentuales por encima de la trayectoria teórica prevista hasta agosto, pero no porque los salarios hayan sido recompuestos.
Parte del desvío responde a los retiros voluntarios del INTA, que obligaron a acelerar pagos de liquidaciones finales. En Conicet, el desfase presupuestario ronda los 11 puntos y se estima que podría necesitar una ampliación cercana a $80.000 millones antes de finalizar el año.
CNEA requeriría aproximadamente $10.000 millones adicionales y ANLIS otros $5.000 millones. En conjunto, las necesidades adicionales del sistema podrían rondar $104.000 millones, siempre que la inflación no supere lo proyectado.
La paradoja es notable: el Estado puede terminar necesitando más presupuesto para financiar la salida de trabajadores y cubrir insuficiencias nominales sin que eso implique mejorar el salario real de quienes permanecen.
Es gasto adicional sin recomposición.
El sector privado tampoco quedó completamente afuera
El deterioro no se limita al empleo estatal. Los salarios privados registrados vinculados con investigación y desarrollo también presentan una caída real, aunque mucho menor: 1,6% desde 2023.
La diferencia con el derrumbe del sistema público es significativa y puede profundizar el desplazamiento de investigadores hacia empresas privadas.
Desde la perspectiva individual, ese movimiento puede representar una mejora. Desde la perspectiva del sistema, puede debilitar áreas donde el sector privado no tiene incentivos suficientes para sustituir al Estado.
El resultado puede ser una ciencia más pequeña y concentrada en investigaciones con rentabilidad comercial inmediata, mientras pierden espacio proyectos básicos, sanitarios, ambientales o estratégicos cuyo retorno no aparece rápidamente en un balance empresarial.
El Gobierno gana caja hoy y arriesga capital humano mañana
Políticamente, la cuestión científica plantea una contradicción difícil de medir porque sus consecuencias no aparecen todas durante un mandato presidencial.
El beneficio fiscal es inmediato: se pagan salarios reales más bajos, se reduce personal y disminuye la masa salarial.
El costo puede tardar.
Un investigador que abandona el país hoy puede ser un laboratorio que no se dirige dentro de cinco años. Un becario que deja su doctorado puede ser una patente que nunca existe. Un equipo desarmado puede significar una línea de investigación perdida. Un técnico altamente especializado puede tardar años en ser reemplazado.
Por eso la ciencia tiene una temporalidad diferente de la política fiscal: el ahorro se contabiliza este mes; el costo puede aparecer dentro de una década.
Y allí está la pregunta central sobre quién gana y quién pierde.
Gana el Tesoro, porque reduce gasto salarial.
Pierden investigadores, becarios y docentes, porque necesitan 67,7% de aumento simplemente para regresar a noviembre de 2023.
Pierden universidades y organismos científicos, porque disminuye su capacidad para atraer y retener personal.
Puede ganar el sector privado o el exterior, porque recibe profesionales altamente formados sin haber financiado necesariamente todo el costo de su formación.
Puede perder el aparato productivo argentino, si el debilitamiento científico reduce innovación y transferencia tecnológica.
Y pierde el Estado a largo plazo si después necesita reconstruir capacidades que destruyó para obtener ahorro fiscal de corto plazo.
El dato que resume todo no necesita demasiada retórica: los precios aumentaron 336% desde noviembre de 2023; los salarios del Conicet, 160,1%. Un cargo que podía comprar 1,72 canastas básicas ahora compra 1,09. Y hacen falta 67,7% de aumento para volver exactamente al punto de partida.
Eso no es solamente una discusión salarial.
Es una decisión sobre cuánto conocimiento está dispuesta a perder Argentina para reducir el gasto público hoy.
CONCHITA PRETA
Rodolfo Gudino
