GONZALO SCHWEIZER
La CNV dio marcha atrás con una medida que en mayo había presentado como una flexibilización para empresas y pymes. Desde ahora, los cheques y eCheqs ya no podrán utilizarse para ingresar o retirar fondos de las cuentas comitentes: deberán utilizarse transferencias desde cuentas bancarias o CVU vinculadas al titular. El giro llegó después de que la recaudación real del impuesto al cheque cayera 11% en junio, 6,3% en julio y 9% en agosto.
El Gobierno encontró un límite inesperado para una de sus principales banderas económicas: desregular también puede costarle plata al Estado. Apenas cuatro meses después de flexibilizar el uso de cheques electrónicos en el mercado de capitales, la Comisión Nacional de Valores dio marcha atrás y cerró la operatoria que permitía utilizarlos para fondear cuentas en sociedades de Bolsa. La decisión fue interpretada por parte de la City como una nueva restricción, pero detrás del cambio aparece una cuestión mucho más concreta: el mecanismo permitía mover dinero evitando, bajo determinadas condiciones, el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios.
La nueva Resolución General 1166 establece que el dinero que ingrese a una ALyC deberá provenir de una cuenta bancaria a la vista del propio cliente o de una CVU vinculada a su CUIT. Para retirar los fondos se aplicará el mismo criterio. La CNV justificó el cambio en la necesidad de garantizar disponibilidad inmediata del dinero, evitar rechazos de cheques y fortalecer los controles frente a posibles conductas irregulares. Sin embargo, la secuencia temporal expone una contradicción política difícil de disimular: en mayo el propio organismo había abierto la puerta que ahora decidió cerrar.
De la desregulación celebrada al freno en cuatro meses
Las resoluciones 1139 y 1141 habían incorporado el cheque electrónico a estas operaciones y permitido que los eCheqs circularan sin límite en la cantidad de endosos, siempre que pudiera garantizarse su trazabilidad. Se mantenía un máximo de dos pagos diarios por cliente, pero desaparecía la restricción sobre la cantidad de veces que podía endosarse el instrumento.
La medida buscaba facilitar el acceso de empresas y pymes al mercado de capitales, pero produjo un efecto adicional. El endoso de cheques se encuentra entre las operaciones exentas del impuesto sobre créditos y débitos bancarios, por lo que algunas empresas comenzaron a utilizar eCheqs para ingresar fondos a sociedades de Bolsa, invertirlos en instrumentos financieros de muy corto plazo y posteriormente retirarlos mediante transferencia.
El circuito podía completarse en alrededor de 48 horas. Para una tesorería empresaria, la ventaja era evidente: mantener el dinero colocado durante ese período y reducir el costo tributario asociado al movimiento bancario tradicional. Lo que para las empresas podía representar eficiencia financiera, para el Tesoro comenzó a convertirse en pérdida de recaudación.
Y allí terminó la vocación desreguladora.
La recaudación cayó y Economía cerró la puerta
Los números ayudan a entender el giro. La recaudación del impuesto al cheque cayó en términos reales 11% interanual durante junio, 6,3% en julio y nuevamente 9% en agosto. Inicialmente, el deterioro fue asociado a la debilidad de la actividad económica, que naturalmente reduce movimientos bancarios y, con ellos, la base sobre la que se cobra el tributo.
Pero el aumento de los endosos electrónicos introdujo otra explicación. La operatoria habilitada pocos meses antes permitía que una parte de los movimientos financieros transitara por un circuito exento. Ante ese escenario, Economía decidió cerrarlo.
La contradicción resulta particularmente significativa porque el Gobierno no está eliminando una regulación heredada de otra administración: está revirtiendo una desregulación aprobada por su propia CNV cuatro meses antes. El Estado abrió un canal buscando facilitar operaciones financieras y volvió a cerrarlo cuando detectó que una consecuencia era reducir los ingresos tributarios.
El episodio demuestra que el equilibrio fiscal puede terminar imponiéndose incluso sobre la doctrina desreguladora. Cuando ambas prioridades chocaron, ganó la caja.
El impuesto al cheque que el Gobierno necesita seguir cobrando
La marcha atrás también desnuda una tensión más profunda del programa económico. El impuesto sobre créditos y débitos bancarios suele ser cuestionado por su efecto distorsivo y porque encarece las transacciones formalizadas, pero representa una fuente efectiva de recursos fiscales.
Por eso el problema no puede reducirse a una discusión entre regulación y libertad económica. Eliminar costos tributarios para las empresas significa simultáneamente resignar ingresos para el Estado, salvo que esa recaudación sea reemplazada por otra fuente o compensada con menores gastos.
La operatoria de los eCheqs puso esa tensión en términos concretos. Mientras el mecanismo permaneció acotado, podía presentarse como una herramienta para facilitar el financiamiento y la administración financiera de las empresas. Cuando comenzó a crecer y su utilización coincidió con una caída significativa de la recaudación, el beneficio privado empezó a tener un costo fiscal que Economía decidió no aceptar.
La paradoja es evidente: para proteger el superávit, el Gobierno terminó protegiendo la recaudación de un impuesto que su propia desregulación permitía esquivar legalmente mediante una operación exenta.
Las pymes quedan atrapadas en el cambio de reglas
Las sociedades de Bolsa reaccionaron con dureza porque la medida elimina una herramienta que se había vuelto atractiva para empresas y pymes. El managing partner de IEB Córdoba, Franco Tealdi, calificó públicamente la decisión como una “HORRIBLE medida” y sostuvo que los bancos llegan a retener preventivamente el impuesto incluso en operaciones donde luego corresponde reclamar su devolución. Su crítica apunta al costo y la burocracia que implica regresar obligatoriamente al circuito bancario.
El cuestionamiento resulta especialmente relevante para las pymes, porque el cheque sigue siendo una herramienta habitual de su funcionamiento comercial. Para empresas con menor liquidez, poder transformar rápidamente esos documentos en fondos invertibles podía representar una alternativa para administrar caja y obtener rendimiento sobre saldos de corto plazo.
Pero tampoco existe una única lectura dentro del mercado. Otros operadores consideraban que la flexibilización había terminado convirtiendo una exención destinada a facilitar operaciones del mercado de capitales en un mecanismo de administración de tesorería para reducir la carga del impuesto al cheque, sin que necesariamente existiera detrás financiamiento destinado a inversión productiva.
Esa diferencia es central. Una cosa es facilitar que una pyme descuente o negocie un cheque para obtener capital de trabajo; otra es utilizar sucesivos endosos como vehículo para mover liquidez corporativa minimizando el costo tributario. La discusión es precisamente dónde terminaba la primera función y comenzaba la segunda.
Los bancos recuperan un negocio que habían perdido
La pelea tampoco es exclusivamente tributaria. Detrás de los eCheqs existe una disputa por quién administra la liquidez de las empresas.
Los bancos venían cuestionando el mecanismo porque las sociedades de Bolsa estaban capturando fondos que tradicionalmente permanecían dentro del sistema bancario. Una empresa podía ingresar mediante eCheqs a una ALyC y colocar esos pesos en fondos money market, cauciones u otros instrumentos de corto plazo, reduciendo los depósitos y parte del negocio de tesorería que anteriormente quedaba en manos bancarias.
Con la Resolución 1166, buena parte de esos movimientos deberá volver a atravesar obligatoriamente cuentas bancarias o CVU vinculadas al titular.
El cambio deja entonces ganadores y perdedores bastante claros. Las ALyCs pierden una herramienta para captar liquidez corporativa; los bancos recuperan centralidad en el circuito; las empresas pierden una alternativa operativa y el Estado intenta recuperar una porción de la recaudación que estaba escapando por una vía legalmente exenta.
La contradicción no es el cheque: es el límite fiscal de la desregulación
El episodio adquiere importancia política porque toca uno de los principios con los que Javier Milei construyó su identidad económica. El Gobierno convirtió la eliminación de regulaciones en una señal de transformación estructural y presentó numerosas flexibilizaciones como evidencia de que el Estado dejaba de interferir en las decisiones privadas.
Pero la experiencia con los eCheqs muestra que la desregulación tampoco es fiscalmente neutral.
Una norma puede eliminar burocracia, aumentar competencia o facilitar operaciones y, al mismo tiempo, abrir oportunidades para reducir legalmente una obligación tributaria. Cuando ese efecto adquiere escala, el Gobierno debe decidir qué prioridad preserva.
En este caso eligió la recaudación.
La CNV puede sostener razones operativas, de trazabilidad y seguridad para justificar la resolución, y esas razones forman parte de la explicación oficial. Pero la caída real del impuesto al cheque y el crecimiento del circuito de endosos introducen una dimensión fiscal imposible de ignorar.
El Gobierno desreguló en mayo y volvió a regular en septiembre. No porque haya abandonado públicamente su programa económico, sino porque descubrió uno de sus límites prácticos: la libertad financiera resulta mucho menos atractiva para el Tesoro cuando empieza a agujerear la caja que sostiene el superávit.
Rodolfo Gudino
