Melina Schweizer
El peronismo impulsa una respuesta a Ficha Limpia que obligaría a funcionarios electos, jueces, policías y autoridades públicas a superar exámenes físicos, psicológicos y toxicológicos. El texto permite impedir la asunción o continuidad de quienes obtengan un resultado “adverso”, pero no define qué significa esa calificación, quién tendrá la última palabra ni cómo se evitará su utilización política.
La iniciativa bautizada como “Ficha Sana” fue presentada como la respuesta del peronismo a la ofensiva libertaria para incorporar “Ficha Limpia” dentro de una reforma electoral. Sin embargo, detrás de un nombre diseñado para disputar la agenda pública aparece una propuesta institucional mucho más profunda —y riesgosa— que la realización de un simple examen psicotécnico para candidatos.
El proyecto S-32/26 establece evaluaciones psicofísicas y toxicológicas obligatorias antes de asumir un cargo y cada dos años durante su ejercicio. No se limita a quienes integren listas electorales: alcanza al presidente y vicepresidente, ministros, legisladores nacionales, gobernadores, intendentes, concejales, jueces, fiscales, defensores, autoridades policiales y militares, directivos de empresas públicas, responsables de organismos de control y funcionarios de áreas consideradas críticas.
El dato central está en el artículo 5. Allí se dispone que quienes obtengan un resultado “adverso” no podrán asumir ni continuar desempeñando sus funciones.
Es decir, la propuesta no crea solamente un control preventivo. Construye un mecanismo administrativo con capacidad para desplazar a una autoridad elegida por el voto, impedir la asunción de un legislador o condicionar la permanencia de un juez. Todo ello sin explicar qué cuadro clínico, condición psicológica, resultado toxicológico o característica física convertiría a una persona en “no apta”.
Una respuesta política a Ficha Limpia
El origen de Ficha Sana es esencialmente político. El peronismo busca responder a Ficha Limpia, la iniciativa utilizada por el oficialismo para excluir de las elecciones a personas condenadas por determinados delitos de corrupción.
La operación discursiva es sencilla: si el Gobierno pretende controlar los antecedentes judiciales de los candidatos, la oposición propone examinar también su aptitud psicológica. El mensaje implícito apunta contra el estilo confrontativo, los exabruptos y las conductas públicas de Javier Milei, aunque el proyecto evita mencionarlo.
Como provocación parlamentaria, la iniciativa puede resultar eficaz. Obliga al oficialismo a pronunciarse sobre la salud de quienes gobiernan y le devuelve una consigna fácil de comunicar: no alcanza con tener “ficha limpia”; también sería necesario poseer “ficha sana”.
Pero una ironía política puede convertirse en una mala ley. El problema aparece cuando la chicana se transforma en un procedimiento estatal capaz de revisar la legitimidad de autoridades electas.
Ficha Limpia parte de hechos jurídicos verificables: una condena, una sentencia y la intervención previa de jueces. Puede discutirse qué instancia judicial debe exigirse, qué delitos deben incluirse y si la medida vulnera la presunción de inocencia. Sin embargo, existe un acontecimiento objetivo sobre el cual se construye la inhabilitación.
Ficha Sana se apoya, en cambio, sobre conceptos abiertos. La evaluación psicológica no produce una verdad matemática ni permite determinar de manera indiscutible si una persona será un buen gobernante. Mucho menos puede anticipar honestidad, equilibrio político, capacidad de negociación o respeto por las instituciones.
El peligro de convertir la salud mental en un arma política
Una persona puede atravesar una depresión, un trastorno de ansiedad o recibir tratamiento psiquiátrico y conservar plenamente su capacidad para ejercer un cargo. Del mismo modo, alguien puede aprobar un psicotécnico y tomar decisiones autoritarias, corruptas o profundamente perjudiciales.
La salud mental no es sinónimo de moralidad. Tampoco un diagnóstico equivale automáticamente a incapacidad o peligrosidad.
La Ley Nacional de Salud Mental 26.657 parte de la presunción de capacidad de las personas y busca impedir que los padecimientos mentales se transformen en etiquetas destinadas a restringir derechos. La Argentina también otorgó jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que prohíbe la discriminación y exige reconocer la capacidad jurídica en igualdad de condiciones.
Ficha Sana puede entrar en tensión con esos principios si permite que una condición de salud, sin relación directa y comprobable con el desempeño de la función, sea utilizada para impedir el acceso a un cargo público.
También abre la puerta a la psiquiatrización de la disputa política. En lugar de cuestionar una medida por sus consecuencias económicas, sociales o institucionales, podría intentarse desacreditar a quien la adopta mediante una supuesta anomalía psicológica. La política dejaría de discutir decisiones para comenzar a discutir diagnósticos.
La historia ofrece demasiados ejemplos de gobiernos que utilizaron la medicina y la psiquiatría para excluir opositores, perseguir disidentes o presentar el conflicto político como una enfermedad. Por eso, cualquier evaluación relacionada con la salud mental necesita criterios clínicos precisos, organismos independientes, derecho a revisión y garantías extraordinarias contra su manipulación.
Nada de eso está desarrollado en el proyecto.
¿Quién decide quién está sano para gobernar?
La iniciativa afirma que los exámenes serán realizados por profesionales designados por la “autoridad competente”. También deja en manos del Poder Ejecutivo la determinación de la autoridad de aplicación y remite buena parte del procedimiento a una futura reglamentación.
El proyecto entregaría así al Ejecutivo una influencia decisiva sobre el sistema encargado de evaluar a funcionarios de otros poderes. Esa arquitectura es especialmente problemática si los controles alcanzan a legisladores, magistrados, fiscales y autoridades provinciales.
Un gobierno podría terminar interviniendo, directa o indirectamente, en la certificación de aptitud de sus adversarios. Incluso si nunca se concretara una exclusión, la sola posibilidad de filtrar un diagnóstico, demorar un certificado o disponer un nuevo examen podría funcionar como herramienta de presión.
El texto tampoco establece una instancia de apelación, una segunda evaluación independiente ni un tribunal encargado de resolver divergencias entre profesionales. No determina si el afectado podrá presentar peritos propios, qué ocurrirá ante resultados contradictorios o cuánto tiempo durará una eventual inhabilitación.
Tampoco define “resultado adverso”. Esa omisión es el corazón del problema. ¿El consumo ocasional de una sustancia alcanza para impedir una asunción? ¿Qué ocurre con medicamentos recetados que pueden aparecer en una prueba toxicológica? ¿Una enfermedad física crónica puede producir una declaración de falta de aptitud? ¿Qué indicadores psicológicos serían incompatibles con el ejercicio del poder?
Sin respuestas taxativas, la reglamentación podría terminar escribiendo la verdadera ley.
El choque con la Constitución
La Constitución Nacional establece las condiciones necesarias para acceder a la Presidencia, al Congreso y a otros cargos constitucionales. Una ley ordinaria que agregue una nueva causal de inhabilitación podría ser cuestionada por modificar indirectamente requisitos que la Constitución ya fijó.
El proyecto invoca el artículo 16, que establece que todos los habitantes son admisibles en los empleos públicos sin otra condición que la idoneidad. Pero la idoneidad no habilita necesariamente a crear un examen psicológico eliminatorio para cargos electivos. En una democracia, la principal evaluación política de un candidato la realizan los ciudadanos mediante el voto.
Una cosa es exigir aptitudes técnicas para conducir una aeronave, portar un arma o realizar una tarea médica. Otra muy distinta es delegar en un equipo profesional la facultad de invalidar la representación popular.
También existe un conflicto con los mecanismos constitucionales de remoción. El presidente, los ministros, los jueces y los legisladores no pueden ser desplazados mediante cualquier procedimiento administrativo. Existen el juicio político, el desafuero, la exclusión de las cámaras, los jurados de enjuiciamiento y otras garantías diseñadas para proteger la división de poderes.
Ficha Sana podría crear una vía paralela: un certificado médico terminaría produciendo efectos equivalentes a una destitución, pero sin debate parlamentario, proceso judicial ni control político.
El problema federal es igualmente evidente. El articulado incluye gobernadores, intendentes, concejales, policías provinciales y funcionarios locales, pero luego invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir. Si la adhesión es voluntaria, la ley nacional no puede imponer directamente el régimen sobre las instituciones provinciales. La contradicción revela una redacción todavía precaria.
La cuestión de los datos sensibles
Los resultados psicológicos, físicos y toxicológicos constituyen información sanitaria especialmente protegida. La Ley de Protección de Datos Personales 25.326 los considera datos sensibles y limita estrictamente su tratamiento.
El proyecto promete confidencialidad, pero no resuelve la contradicción fundamental: si un funcionario no puede asumir por un resultado adverso, la decisión necesariamente tendrá consecuencias públicas.
Aunque el diagnóstico permanezca reservado, la sociedad sabrá que la persona fue rechazada por razones de salud o por un examen toxicológico. Esa revelación indirecta puede provocar estigmatización, daño reputacional y utilización partidaria.
Tampoco se establece quién custodiará las historias clínicas, cuánto tiempo se conservarán, quién podrá consultarlas ni qué sanciones recibiría quien filtrara información. En un sistema político donde los expedientes reservados suelen convertirse en operaciones mediáticas, la promesa genérica de confidencialidad resulta insuficiente.
Lo que el proyecto sí podría discutir
Que el texto presente problemas graves no significa que deba ignorarse la aptitud funcional de quienes ocupan posiciones críticas. Existen responsabilidades públicas —especialmente las vinculadas con armas, seguridad, transporte o tareas operativas— donde los controles médicos y toxicológicos pueden estar justificados.
Pero esos exámenes deben evaluar capacidades concretas relacionadas con una función determinada, no construir un certificado general de normalidad psicológica. También necesitan protocolos científicos, pruebas confirmatorias, cadena de custodia, organismos independientes, derecho a una segunda opinión y vías de apelación.
Para los cargos electivos, una regulación razonable podría concentrarse en situaciones objetivas de incapacidad sobreviniente y establecer procedimientos institucionales con intervención judicial y parlamentaria. No debería convertir un test en una instancia superior al voto.
Una buena consigna y una peligrosa solución
Ficha Sana funciona mejor como eslogan que como legislación. Le permite al peronismo devolver el golpe de Ficha Limpia, colocar bajo observación el comportamiento de los gobernantes y explotar políticamente las contradicciones del oficialismo.
Pero el precio institucional puede ser demasiado alto.
La democracia no necesita gobernantes declarados “normales” por una oficina estatal. Necesita autoridades responsables por sus actos, sometidas a controles públicos, límites constitucionales, transparencia patrimonial y mecanismos efectivos de remoción cuando cometen delitos o incumplen sus deberes.
El proyecto pretende proteger a la sociedad de funcionarios supuestamente incapaces, pero podría terminar entregando a un grupo de evaluadores —y al poder político que los designe— la facultad de corregir el resultado de una elección.
La pregunta decisiva no es si quienes gobiernan deberían estar en condiciones de hacerlo. La pregunta es quién tendrá el poder de definir esa condición.
Tal como está redactada la iniciativa, Ficha Sana no solamente examinaría a los funcionarios. También pondría a examen el principio mismo de soberanía popular.
GONZALO SCHWEIZER
