REDACCIÓN
Un grupo de diputados denunció que el Gobierno no giró fondos del impuesto a los combustibles. Se trata de más de $1,16 billones que debían ir a obras viales por ley. El deterioro de las rutas y el aumento de accidentes agravan el conflicto.
Un número que explica el estado de las rutas
El deterioro crítico de las rutas nacionales tiene, según diputados opositores, una explicación concreta: $1.165.491 millones que no fueron destinados a infraestructura vial, pese a estar legalmente asignados.
El señalamiento apunta al ministro de Economía, Luis Caputo, por la retención de fondos provenientes del impuesto a los combustibles.
La cifra surge de un análisis realizado por legisladores que reconstruyeron la evolución de la recaudación y su destino.
Qué dice la ley y qué pasó con los fondos
El esquema legal es claro:
- La Ley 23.966 establece que el 28,58% del impuesto a los combustibles debe destinarse al sistema vial
- Esos recursos financian el Sistema Vial Integrado (SISVIAL)
- Su objetivo es el mantenimiento, mejora y expansión de rutas
Sin embargo, según el reclamo presentado ante el Ministerio de Economía, esos fondos no fueron ejecutados conforme a su destino específico.
Recaudación en alza, inversión en caída
El documento de los diputados muestra un dato clave:
- En 2024, la recaudación del impuesto creció más de 378%
- En 2025, volvió a subir 92%
- En 2026, siguió en aumento
A pesar de ese crecimiento, los fondos destinados al sistema vial no acompañaron esa evolución, lo que evidencia una subejecución de recursos.
Según el análisis oficial del expediente, se trata de fondos con asignación específica, no de libre disponibilidad
El destino de los recursos: inversiones financieras
Uno de los puntos más sensibles del reclamo es el destino de esos fondos.
De acuerdo al documento:
- Parte del dinero fue derivado a colocaciones financieras
- No se utilizó para obras viales como establece la ley
- Se produjo una “desnaturalización” del objetivo del fondo
Esto implica que recursos destinados a infraestructura terminaron utilizados para sostener otras variables del programa económico.
El impacto real: rutas en estado crítico
El efecto de esta política se refleja en todo el país:
- Rutas con baches y falta de mantenimiento
- Señalización deficiente
- Banquinas deterioradas
- Obras paralizadas
El propio documento advierte que esta situación:
aumenta el riesgo de accidentes
encarece el transporte
afecta la competitividad productiva
Consecuencias económicas y sociales
El deterioro vial no es solo un problema de infraestructura.
Tiene efectos en cadena:
- Mayor costo logístico para el transporte
- Pérdida de eficiencia en economías regionales
- Incremento de siniestros viales
- Impacto directo en vidas humanas
El informe incluso señala que el abandono de rutas puede derivar en “consecuencias humanas graves”
Crece el conflicto político
El tema ya escaló a nivel institucional:
- Diputados presentaron reclamos formales
- Intendentes preparan acciones coordinadas
- Gobernadores analizan medidas conjuntas
El eje del conflicto es claro:
Nación retiene recursos
Provincias enfrentan las consecuencias
El costo oculto del superávit
El caso expone una tensión de fondo en la política económica.
El Gobierno sostiene el equilibrio fiscal.
Pero, según los denunciantes, lo hace incumpliendo destinos específicos de fondos públicos.
El resultado no es solo contable.
Se ve en la ruta.
En cada pozo, en cada obra frenada, en cada accidente evitable.
Porque cuando el ajuste pasa por la infraestructura, el costo no queda en los números.
Se traslada directamente a la vida cotidiana.
Melina Schweizer
