REDACCIÓN
El 11 de abril de 2026, la defensa de un imputado pidió citar a un ex administrador clave de la Corte Suprema. Un arrepentido lo vinculó a una presunta maniobra de extorsión en la Justicia Federal. El caso expone redes de poder, dinero y decisiones judiciales bajo sospecha.
Un nombre pesado entra en escena
La causa por presunta corrupción y extorsión que sacude a la Justicia Federal sumó un giro de alto impacto: la defensa de uno de los imputados pidió que declare como testigo Héctor Daniel Marchi, el histórico funcionario que durante años manejó los fondos del máximo tribunal.
No se trata de un actor menor. Marchi fue durante más de una década una figura central en la administración del Poder Judicial, con influencia directa sobre recursos millonarios.
Su eventual declaración podría reconfigurar el caso.
La acusación: una extorsión armada
El pedido se basa en la declaración de un arrepentido clave: Carlos Vaudagna, quien sostuvo que Marchi habría impulsado desde Buenos Aires una maniobra de extorsión contra operadores bursátiles de Rosario.
Según ese testimonio:
- Se habría armado una causa judicial para presionar a empresarios
- Se buscaban pagos para frenar la investigación
- Existía una coordinación entre actores judiciales y externos
La acusación aún debe ser probada, pero introduce un elemento explosivo: la posible participación de un alto funcionario del sistema judicial.
Los protagonistas de la trama
El expediente ya involucra a figuras de peso:
- Santiago Busaniche, acusado de gestionar vínculos y presuntas maniobras
- Marcelo Bailaque, procesado y detenido
- Fernando Whpei, también procesado
Todos están señalados por su rol en un supuesto esquema de presión judicial a cambio de dinero.
El mecanismo bajo sospecha
La investigación describe un circuito típico de corrupción judicial:
- Armado de una causa penal
- Presión sobre los involucrados
- Pedido de dinero para frenar o desactivar el proceso
Uno de los arrepentidos admitió haber cobrado USD 160.000 en pagos para detener el avance de una causa.
Una prueba clave: los teléfonos
En este escenario, la defensa pidió medidas sensibles:
- Secuestro del teléfono de Marchi
- Análisis de contactos y comunicaciones
- Citación sin obligación de jurar decir la verdad
Este último punto no es menor: se utiliza cuando existe la posibilidad de autoincriminación.
La estrategia detrás del pedido
Especialistas judiciales señalan que la jugada de la defensa tiene un objetivo claro: subir el nivel de la causa
Al involucrar a una figura de mayor peso institucional, buscan:
- Diluir responsabilidades
- Reconfigurar el foco de la investigación
- Forzar a actores de poder a intervenir
El trasfondo: poder dentro de la Corte
El nombre de Marchi también remite a una interna histórica dentro de la Corte Suprema.
Su llegada al cargo estuvo ligada a Ricardo Lorenzetti, con quien comparte origen político y territorial.
Su salida en 2023 se dio en medio de tensiones internas, lo que añade una capa política al caso.
Un sistema bajo presión
El expediente se inscribe en una serie de investigaciones que en los últimos años pusieron en foco:
- Relaciones entre jueces y operadores
- Influencia de intermediarios en causas judiciales
- Circuitos informales de poder
El caso Rosario aparece como un punto de condensación de esas prácticas.
Una causa que puede escalar
La posible declaración de Marchi marca un punto de inflexión.
No porque confirme la acusación.
Sino porque introduce en la causa a una figura que operó en el corazón del sistema judicial argentino.
Si su nombre se sostiene dentro del expediente, el caso deja de ser un episodio local.
Y pasa a convertirse en una radiografía incómoda del funcionamiento del poder judicial.
Donde las decisiones no siempre se explican en los tribunales.
Sino en las redes que los rodean.
CONCHITA PRETA
GONZALO SCHWEIZER
