REDACCIÓN
El gobierno de Javier Milei cedió a la minera Vicuña (controlada por la gigante australiana BHP) el 90% de la capacidad de transporte remanente de una línea de 500 kV en San Juan. La infraestructura, que los argentinos financiaron durante más de dos décadas a través del sistema eléctrico, será destinada prioritariamente a abastecer el megaproyecto de cobre más grande del país, con una inversión estimada en 18.000 millones de dólares . La decisión, tomada sin consulta previa a las autoridades provinciales, desató un escándalo político y regulatorio. El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) exige una audiencia pública, el intendente de Calingasta habla de «avasallamiento» y anticipa una presentación judicial, mientras en el sector minero crecen las sospechas sobre el trato preferencial a una empresa cuyos ejecutivos se reunieron tres veces con Milei en los últimos meses .
La noticia cayó como una bomba en la provincia cuyana. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aprobó la Resolución 079/26, que concede a Vicuña Argentina S.A. prioridad sobre el 90% de la capacidad remanente de la línea de extra alta tensión de 500 kV que une las localidades de Nueva San Juan y Rodeo . Se trata de una infraestructura estratégica, financiada durante un cuarto de siglo con recursos del sistema eléctrico que pagan todos los argentinos, y que ahora será destinada casi en exclusividad a un emprendimiento privado.
Vicuña es la empresa conjunta formada por la australiana BHP (la mayor minera del mundo) y la canadiense Lundin Mining para desarrollar los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, en el distrito minero Vicuña, en la cordillera de San Juan . El proyecto promete inversiones por 18.000 millones de dólares a lo largo de varias décadas y aspira a convertirse en una de las cinco minas de cobre, oro y plata más grandes del planeta . En diciembre de 2025, la compañía presentó su solicitud para adherir al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) bajo la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP) .
El «enamoramiento» oficial
Las sospechas de que la decisión del ENRE responde a un trato preferencial hacia BHP se basan en hechos concretos. Según reveló un medio local, los ejecutivos de Vicuña se reunieron en tres ocasiones con el presidente Javier Milei en los últimos siete meses, convirtiéndose en la empresa que más veces visitó la Casa Rosada en ese período . José Luis Morea, country director de Vicuña en Argentina, trabajó con Luis Caputo durante el gobierno de Mauricio Macri . La cercanía entre el ministro de Economía y los directivos de la compañía es pública y notoria.
El canciller Pablo Quirno celebró el anuncio del proyecto en su cuenta de X: «Gracias a las reformas estructurales impulsadas por el Presidente Milei, especialmente el RIGI, avanzan inversiones extranjeras directas sin precedentes. Argentina contará con una de las mayores minas de cobre, oro y plata del mundo (top 5 a nivel mundial)» .
La reacción de San Juan: «Es un avasallamiento»
La respuesta de las autoridades sanjuaninas fue inmediata y contundente. El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) presentó formalmente ante el ENRE un pedido de convocatoria a audiencia pública para discutir la medida . El organismo provincial argumenta que la infraestructura de transporte eléctrico forma parte de un sistema financiado por los usuarios y por el propio desarrollo del mercado eléctrico, por lo que cualquier decisión que afecte su disponibilidad debe contar con una instancia de debate público .
Pero el más duro en sus declaraciones fue el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, el departamento donde se concentra buena parte del desarrollo minero. «Tomamos conocimiento de esta novedad que realmente nos incomodó muchísimo», expresó en declaraciones radiales, y calificó la resolución como un «avasallamiento» a la provincia .
Carbajal explicó que la medida afecta no solo a Calingasta, sino a los departamentos de Iglesia, Jáchal y parte de Valle Fértil, y «pone en peligro inversiones millonarias que ya están aprobadas» . El intendente anticipó que los municipios afectados trabajan en una estrategia judicial para frenar la resolución, con la presentación de un recurso de amparo y una medida cautelar. También anunció que recurrirá a los legisladores nacionales de San Juan para que el tema se trate en el Congreso .
La controversia técnica y las alternativas
El conflicto tiene también una dimensión técnica. La línea de 500 kV en cuestión tiene capacidad limitada y forma parte del sistema eléctrico nacional. La preocupación central del EPRE y de los municipios es que la reserva de potencia para un emprendimiento privado termine condicionando el abastecimiento futuro de otros proyectos productivos e incluso afecte al sistema eléctrico del Gran San Juan .
Carbajal planteó que existen alternativas para abastecer de energía al proyecto minero sin afectar la línea de 500 kV. Mencionó la posibilidad de conectarse con proyectos ubicados en Chile, como las líneas vinculadas a Cacerones o Los Helados, cercanas al área donde opera Vicuña. Recordó el caso de la mina Veladero, que se abastece mediante una línea de alta tensión proveniente desde Chile a través del proyecto Libertadores. «Eso permite mantener el caudal energético interno, abaratar costos y ampliar el proyecto. Por eso no entendemos por qué se avasalla la línea de 500 cuando existen otras soluciones», concluyó el intendente .
El malestar en la Cámara Minera
El escándalo también generó ruido dentro del propio sector minero. La empresa McEwen Copper, que opera el proyecto Los Azules, presentó formalmente su oposición ante el ENRE . Pero el conflicto más delicado se dio dentro de la Cámara Minera de San Juan, cuyo presidente, Iván Grgich, es también gerente de Relaciones Comunitarias del Proyecto Josemaría, uno de los yacimientos de Vicuña .
Varias empresas de la Cámara cuestionan si Grgich tenía conocimiento previo de la resolución y si advirtió al EPRE o al gobierno provincial sobre lo que se avecinaba. «Hay al menos tres empresas fuertes de la Cámara Minera que están de los pelos con Grgich por lo ocurrido», aseguró una fuente del sector citada por un medio local . Grgich quedó atrapado entre la defensa de los intereses de su empleador y su rol institucional al frente de la cámara que agrupa a todas las mineras que operan en San Juan.
El gobernador en offside
El gobernador Marcelo Orrego salió este sábado a intentar apaciguar las aguas. En un posteo en X, comunicó que mantuvo una reunión en Vancouver con directivos de Vicuña para «avanzar en los términos de un acuerdo integral para el desarrollo de este proyecto minero» . Según Orrego, «el acuerdo contempla inversiones que la empresa realizará en infraestructura de soporte y de uso público vinculada al proyecto, y también recursos que permitirán llevar adelante obras provinciales» .
Pero la jugada no parece suficiente para calmar el malestar. Como señala un análisis de LPO, «Orrego tiene la oportunidad y el desafío de desactivar la bronca de los intendentes de su provincia por el regalo de Caputo a la minera. El gobernador deberá hacer equilibrio entre la preocupación de las comunidades locales y el interés de atribuirse el desembarco de la minera durante su mandato».
Mientras Caputo y Milei celebran reuniones con ejecutivos de BHP en la Rosada y firman resoluciones que ceden infraestructura pública a cambio de promesas de inversión, en San Juan los intendentes claman contra un «avasallamiento» que no dudan en judicializar. La línea de 500 kV que pagaron todos los argentinos durante 25 años ahora será para el proyecto minero más grande del país. Las alternativas técnicas existen, pero nadie las considera. El mensaje es claro: en la Argentina de Milei, los recursos públicos están para servir al capital privado. Y al que no le guste, que se presente a las urnas. O a la Justicia.
Melina Schweizer
