Melina Schweizer
El 8 de marzo de 2026 encuentra a las mujeres argentinas en una encrucijada de crisis múltiples. La guerra en Medio Oriente, el avance de la ultraderecha global y el ajuste local convergen en un cuadro de retrocesos materiales e institucionales. ONU Mujeres advirtió que casi una cuarta parte de los gobiernos del mundo reportó retrocesos contra la igualdad de género en 2024 . En Argentina, ese fenómeno tiene nombre y apellido: desmantelamiento del Ministerio de Mujeres, recortes en prevención de violencias, reforma laboral regresiva y discursos oficiales que estigmatizan a feminismos y disidencias. Pero la desigualdad nunca es homogénea: las mujeres negras, migrantes y trans quedan en la base de una pirámide de precariedad que el mileísmo profundiza con saña. Este 8M, la consigna no es celebrar, es resistir.
El Día Internacional de la Mujer llega este año en un clima global enrarecido: guerras abiertas en Medio Oriente, avance de fuerzas de ultraderecha y un retroceso cada vez más visible en derechos conquistados. En ese escenario, las argentinas atraviesan el 8M en posición defensiva. Lo que está en juego no es un supuesto “debate cultural” abstracto, sino cuestiones materiales muy concretas: el salario, el tiempo, el cuerpo, los cuidados y la ciudadanía. El contexto internacional también pesa. ONU Mujeres advirtió que casi una cuarta parte de los gobiernos del mundo registró retrocesos o backlash contra la igualdad de género en 2024. Ese clima global funciona como telón de fondo —y también como legitimación discursiva— de una ofensiva local que en Argentina ya lleva más de dos años en desarrollo.
El informe que incomoda
A fines de febrero de 2026, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU emitió sus hallazgos sobre Argentina. El diagnóstico fue lapidario. El principal órgano internacional que monitorea la Convención señaló que la disolución de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) redujo significativamente la cobertura territorial, afectando de manera desproporcionada a mujeres en zonas rurales, en situación de pobreza, con discapacidad y aquellas que sufren formas interseccionales de discriminación .
La línea 144, el principal canal de asistencia para víctimas de violencia, perdió la mitad de su personal y dos tercios de su presupuesto . El programa Acompañar, que brindaba apoyo económico a mujeres en riesgo, fue modificado: redujo la duración de las prestaciones e introdujo nuevos requisitos . En términos concretos, de más de 102.000 personas asistidas en 2023, se pasó a apenas 3.500 en el último año .
El Comité también preguntó por la caída del financiamiento en salud sexual y reproductiva, los faltantes generalizados de misoprostol y mifepristona, y el desmantelamiento del Plan ENIA, que había logrado reducir a la mitad el embarazo no intencional en la adolescencia . La respuesta de la delegación argentina fue desconcertante: rechazaron la «perspectiva de género» y el concepto de «interseccionalidad», argumentando que la Convención protege a la «mujer» y no al género, y calificaron las categorías interseccionales como marcos teóricos «limitantes» .
El trabajo, ese territorio desigual
En el terreno laboral, el panorama es especialmente grave. Según datos del INDEC, la tasa de empleo de las mujeres en el tercer trimestre de 2025 fue de 46,9% frente a 65,3% en los varones. La desocupación femenina alcanzó el 9,0% contra 7,0% en varones; entre mujeres de 14 a 29 años, la desocupación llegó al 19,2% . La brecha salarial del promedio del ingreso de la ocupación principal fue de 26,6% en los 31 aglomerados urbanos .
Pero el dato más estructural es el de la informalidad: el 27,2% de las mujeres ocupadas trabaja sin registro, una proporción superior al 22,7% de los varones . La reforma laboral aprobada por el Congreso en febrero profundiza esa asimetría. La extensión de la jornada mediante bancos de horas, la flexibilización de las indemnizaciones y la prioridad de los acuerdos por empresa sobre los convenios sectoriales impactan con más fuerza en los rubros feminizados .
Quimey Ramos, activista travesti, lo explicó con claridad:
«La reforma ataca aspectos centrales de las tareas de cuidado y de reproducción social. Ante la posibilidad de padecer descuentos en casos de licencia por enfermedad, una persona cuidadora va a tener que decidir entre quedarse en casa cuidando a su hije o persona mayor y perder un descuento, o ir a trabajar teniendo que dejar a esa persona librada a su suerte» .
La base de la pirámide: mujeres negras, migrantes y disidencias
La desigualdad nunca cae sobre una superficie plana. Las mujeres negras, migrantes y disidentes quedan en la intersección exacta donde el daño se multiplica y la protección se achica. El Censo 2022 registró 302.936 personas que se reconocen afrodescendientes o con antepasados negros o africanos en viviendas particulares, equivalentes al 0,7% de la población. Esa población está feminizada, con 115 mujeres por cada 100 varones. El dato rompe la ficción argentina de la blanquitud homogénea: hay una población afrodescendiente real, visible estadísticamente, y con composición femenina mayoritaria.
Pero el problema no es solo cuántas son, sino dónde quedan ubicadas en el reparto de la vulnerabilidad. En agosto de 2025, la oficina regional del ACNUDH se reunió con la Comisión 8 de Noviembre y relevó preocupaciones por la falta de acceso a derechos sociales, económicos y culturales de comunidades afroargentinas, la demanda de reconocimiento de tierras ancestrales, el impacto de la reestructuración institucional sobre discriminación y género, y la necesidad de políticas de acción afirmativa para garantizar educación y trabajo digno. El Comité CEDAW, por su parte, instó al Estado a garantizar un acceso efectivo a la justicia para todas las mujeres, restaurando y fortaleciendo la presencia local, el personal y la financiación de los mecanismos de asistencia jurídica .
Para las mujeres migrantes, el escenario también se endureció. Las reformas migratorias restrictivas, sumadas a la falta de políticas de inclusión, elevan la vulnerabilidad de quienes ya viven la extranjería desde empleos precarios, economías de cuidado y racismo cotidiano.
Las disidencias sexogenéricas viven, además, una ofensiva específica. En febrero de 2025, el gobierno anunció la prohibición de tratamientos hormonales y cirugías de afirmación de género para menores, junto con nuevas restricciones para mujeres trans en cárceles. El Comité CEDAW advirtió que los discursos oficiales que «patologizan» la diversidad sexual y de género contribuyen a un aumento de la violencia y la discriminación . Se registró un incremento del 70% en los crímenes de odio en el primer semestre de 2025 .
El desafío afrofeminista, antirracista y antifascista
Una lectura afrofeminista del 8M argentino no puede quedarse en la consigna genérica de «igualdad». Tiene que nombrar cómo se organiza la desigualdad: quién pierde empleo primero, quién hace el cuidado gratis, quién soporta la violencia cuando la línea 144 se vacía, quién queda fuera del dato, quién es convertida en sospechosa por migrante, quién vuelve a ser debate moral por disidente, quién es útil como mano de obra barata pero no como sujeto político.
El problema no es solo que las mujeres estén peor. El problema es que el actual ciclo político reordena el país para que algunas mujeres sean todavía más sacrificables que otras. Las mujeres negras y migrantes no están «un escalón más abajo» de manera metafórica: están en la intersección exacta donde la precariedad laboral se encuentra con la falta de reconocimiento estadístico, la violencia institucional con la ausencia de políticas específicas, el racismo cotidiano con la lesbofobia estructural.
El Comité CEDAW fue claro: el Estado argentino debe restablecer y garantizar una financiación adecuada, sostenida y transparente para los programas de prevención de la violencia, el acceso a la justicia y la salud sexual y reproductiva . También debe revisar las reformas laborales y migratorias para garantizar su compatibilidad con la Convención y evitar retrocesos en derechos .
En la Argentina de Milei, el 8M no es una efeméride de celebración. Es una fecha de defensa. Defensa del trabajo con derechos, de la autonomía económica, del derecho a protestar, de la política pública de cuidados, del acceso al aborto, de la protección contra la violencia, del reconocimiento de las afroargentinas, de la ciudadanía migrante y de la vida digna de las disidencias. Y esa defensa, para ser verdaderamente feminista, tiene que ser también antirracista y antifascista. De lo contrario, vuelve a dejar en la cuneta a las mismas de siempre.
REDACCIÓN
