Melina Schweizer
Este 26 de marzo habrá una concentración en Caracas para exigir la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores. La convocatoria coincide con la segunda audiencia en Nueva York por cargos de narcoterrorismo. El caso combina disputa judicial, conflicto geopolítico y movilización interna en Venezuela.
“Cuando la justicia cruza fronteras, la política estalla adentro”: la movilización como respuesta a un conflicto internacional abierto
La convocatoria a movilizarse este 26 de marzo en Caracas no puede leerse como una protesta más. Es la traducción interna de un conflicto externo que ya desbordó los canales diplomáticos y se instaló en el terreno más sensible: la soberanía. La concentración frente a la Plaza Bolívar, en simultáneo con la segunda audiencia judicial en Nueva York, no es casualidad ni espontaneidad, es sincronización política. Mientras en Estados Unidos se desarrolla el proceso penal contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, en Venezuela se construye una escena de legitimidad popular que intenta disputar el sentido de ese juicio. Lo que está en juego no es solo la situación personal de los detenidos, sino la narrativa completa del conflicto: para Washington, se trata de un caso criminal por narcoterrorismo; para el chavismo, de una captura ilegal que configura un acto de intervención.
Esa dualidad no es nueva en América Latina. Cada vez que un líder político es judicializado fuera de su territorio, el proceso deja de ser exclusivamente jurídico y se convierte en disputa geopolítica. Pasó con Manuel Noriega en Panamá en 1989, trasladado a Estados Unidos tras una invasión militar; pasó en menor escala con otros casos donde la extraterritorialidad del derecho estadounidense tensionó los límites de la soberanía. Lo que ocurre ahora en Venezuela se inscribe en esa tradición, pero con una diferencia central: no se trata de un ex presidente, sino de un jefe de Estado en ejercicio al momento de su captura, lo que amplifica el conflicto.
El juicio en Nueva York y la acusación de narcoterrorismo: el corazón jurídico de una disputa política global
El proceso que se desarrolla en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York tiene una base formal clara. Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentan cargos vinculados al narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y uso de armas, en una causa impulsada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ambos se declararon “no culpables” en su primera comparecencia y permanecen detenidos en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn a la espera de nuevas instancias judiciales.
La segunda audiencia, prevista para el 26 de marzo, marca un punto clave en el proceso. No define culpabilidad, pero sí ordena el calendario judicial y establece el marco en el que se desarrollará el juicio. Sin embargo, el problema excede lo jurídico. La captura de Maduro fue realizada por fuerzas estadounidenses en territorio venezolano en enero de 2026, en una operación militar que generó impacto global y cuestionamientos sobre su legalidad.
Ahí se instala la tensión central: Estados Unidos actúa bajo su legislación penal; Venezuela denuncia una violación de su soberanía. El juicio, entonces, no solo evalúa delitos, sino que se convierte en escenario de una disputa sobre jurisdicción, legitimidad y poder.
La movilización en Caracas: entre el reclamo político y la construcción de memoria
La convocatoria a la Plaza Bolívar no se limita a exigir la liberación de Maduro y Flores. Se presenta también como un acto de reivindicación política y simbólica. El relato de los organizadores incorpora un elemento clave: los muertos durante el operativo de captura, miembros del anillo de seguridad presidencial, considerados “mártires de la patria”.
Este componente no es accesorio. En procesos políticos de alta conflictividad, la construcción de memoria cumple una función central: legitimar el presente a partir del sacrificio. La movilización no solo reclama, también narra. Y en esa narrativa, el conflicto deja de ser un hecho aislado para convertirse en episodio de una historia más amplia de confrontación con Estados Unidos.
Ese mecanismo tiene antecedentes en la región. En Cuba, la memoria de Playa Girón funciona como símbolo de resistencia frente a la intervención estadounidense. En Nicaragua, la narrativa sandinista se construyó en torno a la lucha contra la injerencia externa. En Venezuela, el chavismo intenta inscribir este episodio en esa misma tradición.
Argentina y la región frente al caso: entre el silencio diplomático y el antecedente histórico
Desde una perspectiva argentina, el caso abre preguntas incómodas. No solo por la relación histórica con Venezuela, sino por el precedente que establece. La captura de un jefe de Estado en ejercicio por parte de una potencia extranjera reconfigura los límites de la intervención internacional.
Argentina ha atravesado situaciones donde la relación entre justicia y política cruzó fronteras, aunque en contextos distintos. Desde los pedidos de extradición de ex funcionarios hasta los debates sobre jurisdicción internacional en casos de derechos humanos, la tensión entre soberanía y justicia no es ajena.
Pero el caso venezolano introduce un elemento nuevo: la acción directa de un Estado sobre otro para capturar a su líder. Eso desplaza la discusión del plano jurídico al geopolítico. Y en ese terreno, la región aparece fragmentada, sin una posición común clara.
La disputa por el sentido: secuestro, detención o intervención
Uno de los aspectos más relevantes del conflicto es la batalla por el lenguaje. Para el chavismo, lo ocurrido es un “secuestro”. Para Estados Unidos, una “detención”. Para otros actores internacionales, una “operación”.
Las palabras no son neutrales. Definen el marco desde el cual se interpreta el hecho. Si es secuestro, implica ilegalidad y violación de soberanía. Si es detención, implica aplicación de la ley. Si es intervención, abre la puerta a un debate más amplio sobre el orden internacional.
Esa disputa no se resuelve en tribunales, se resuelve en la arena política. Y la movilización en Caracas es parte de esa disputa.
La calle y el tribunal como escenarios de una misma batalla
El 26 de marzo no habrá un solo escenario, habrá dos. En Nueva York, un tribunal federal avanzará en un proceso judicial que puede extenderse durante años. En Caracas, una movilización intentará construir legitimidad política frente a ese proceso.
Ambos espacios están conectados. Lo que ocurra en uno impacta en el otro. El juicio no se desarrolla en el vacío, se inscribe en un conflicto que atraviesa fronteras.
La pregunta no es solo qué decidirá la justicia estadounidense. La pregunta es cómo se reconfigura el equilibrio político en Venezuela y en la región a partir de este episodio.
Porque cuando la justicia se vuelve geopolítica, ninguna decisión es solo legal. Es, inevitablemente, política.
