REDACCIÓN
Más de 100 mil personas se inscribieron para participar, pero solo 400 podrán exponer. El proyecto ya tiene media sanción del Senado y podría convertirse en ley en Diputados en las próximas semanas.
El Congreso de la Nación amaneció este miércoles completamente vallado en el inicio de las audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares, en un escenario atravesado por un fuerte operativo de seguridad y movilizaciones convocadas por organizaciones ambientalistas y sociales.
La discusión se centra en la modificación de la Ley 26.639, que establece los presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglaciar. El proyecto impulsado por el gobierno nacional propone redefinir el rol del Estado en estos territorios estratégicos, habilitando mayor intervención de las provincias y generando preocupación en sectores que advierten un posible avance de actividades extractivas sobre zonas protegidas.
Participación restringida y tensión institucional
Uno de los principales focos de conflicto gira en torno a la participación ciudadana. A pesar de que más de 100 mil personas se inscribieron para las audiencias, la organización del proceso limitó las exposiciones a 200 intervenciones en vivo —entre presenciales y virtuales—, dejando al resto bajo la modalidad de envío de videos.
Esta decisión fue cuestionada tanto por organizaciones ambientalistas como por sectores de la oposición. Greenpeace solicitó formalmente que se garantice la participación plena de los inscriptos y pidió la presencia de veedores judiciales para asegurar transparencia. Sin embargo, la Justicia avaló el esquema restringido.
Legisladores de distintos bloques advirtieron que limitar el acceso a la palabra en una instancia pública podría debilitar la legitimidad del proceso legislativo y abrir la puerta a impugnaciones judiciales futuras.
El trasfondo: agua, territorio y modelo productivo
Más allá del procedimiento, el debate expone una discusión de fondo: el control sobre bienes naturales estratégicos. Los glaciares representan una de las principales reservas de agua dulce del país, y su protección ha sido históricamente un punto de tensión entre políticas ambientales y proyectos de desarrollo vinculados a la minería.
Organizaciones sociales, comunidades indígenas y sectores campesinos sostienen que la reforma podría debilitar las garantías actuales de protección ambiental. Denuncian, además, que sus voces han sido subrepresentadas en el proceso: de 15 referentes de pueblos originarios inscriptos, solo tres lograron acceder a las audiencias.
Congreso sitiado y calles en disputa
El despliegue de seguridad en torno al Congreso incluyó vallados y cortes en múltiples arterias clave de la Ciudad de Buenos Aires, como Entre Ríos, Rivadavia, Callao y la zona de Riobamba y Mitre.
A partir de la tarde, organizaciones ambientalistas y sociales convocaron a una movilización para exigir la ampliación de la participación y rechazar la reforma. La jornada coincidió con otras protestas habituales de los miércoles, generando un escenario de alta tensión política y social en el centro porteño.
Un proyecto con destino abierto pero acelerado
La segunda jornada de audiencias se desarrollará de forma virtual con participación de actores del interior del país. Concluida esa instancia, el oficialismo buscará avanzar hacia la firma de dictamen en comisiones.
El dato clave es que el proyecto ya cuenta con media sanción del Senado, por lo que, de aprobarse sin modificaciones en Diputados, se convertirá en ley.
En este escenario, el debate por la Ley de Glaciares trasciende lo legislativo y se instala como una disputa estructural: quién decide sobre los territorios, bajo qué modelo de desarrollo y con qué límites frente a la protección de los bienes comunes.
Enzo Cabrera
Alejandra Egido
