Federalismo de remate

El Decreto 171/2026 reabrió por 60 días hábiles el régimen para compensar deudas entre Nación y provincias y extendió hasta el 31 de diciembre de 2027 la presentación de documentación respaldatoria. También consolidó la posibilidad de cancelar pasivos con bienes estatales y dejó en manos de la Secretaría de Hacienda la administración del proceso. En paralelo, no existe hoy un consolidado oficial, público y homogéneo de la deuda total nacional con las 24 jurisdicciones, aunque varias provincias sí difundieron montos propios que muestran la magnitud del conflicto.

“Cuando no alcanza el consenso, aparece la contabilidad”: el decreto como maniobra de oxígeno político en medio del desgaste social

No hay que dejarse distraer por el lenguaje administrativo, porque debajo de esa prosa de Hacienda lo que late es un problema clásico de poder. El Gobierno reabrió la negociación con las provincias no en un momento de fortaleza, sino cuando la caída de imagen, la conflictividad social y el costo territorial del ajuste empiezan a erosionar la pretensión de mando absoluto con la que Javier Milei llegó a la Casa Rosada. El Decreto 171/2026 no nace de una vocación federal repentina, sino de una necesidad política concreta: recomponer margen de maniobra con los gobernadores, bajar tensión en la periferia del Estado y convertir una fragilidad creciente en una escena de iniciativa. El texto extiende el plazo de adhesión al régimen por 60 días hábiles, estira hasta fines de 2027 la presentación de la documentación que respalde las acreencias y habilita una instancia de negociación de hasta 180 días hábiles cuando existan diferencias entre lo que reclama una provincia y lo que admite la Nación. Además, reafirma que la Secretaría de Hacienda seguirá siendo la autoridad de aplicación y que cada parte validará por sí misma las deudas y acreencias que ofrezca para negociar. Dicho sin maquillaje: el Gobierno no resuelve el conflicto, lo administra; no transparenta de entrada el stock total, sino que abre una ventana para discutirlo caso por caso, con arbitraje centralizado y plazos lo bastante largos como para transformar la urgencia fiscal de las provincias en paciencia forzada.

Ese rasgo no es accidental: es la marca histórica del federalismo argentino realmente existente, donde la Nación concentra la caja y las provincias concentran la demanda. Lo que se presenta como “saneamiento de cuentas públicas” es también una forma de dosificar poder. Ya ocurrió en los noventa, cuando el llamado Pacto Fiscal de 1992 autorizó la detracción del 15% de la masa coparticipable para financiar obligaciones previsionales nacionales, y volvió a aparecer con el Compromiso Federal de 1999, que obligó a la Nación a cubrir déficits de cajas previsionales provinciales no transferidas. Es decir, la escena actual no brota de la nada: se monta sobre tres décadas de promesas cruzadas, recentralización de recursos y compensaciones siempre discutidas. La diferencia es que ahora el Gobierno intenta convertir esa vieja deuda estructural en herramienta de supervivencia política. Cuando la legitimidad social se achica, el federalismo deja de ser doctrina y vuelve a ser lo que tantas veces fue en Argentina: una mesa de compensaciones donde se negocian plata, tiempo y obediencia.

Cancelar deudas con tierras, rutas o empresas no es “creatividad”: es una redefinición material del vínculo entre Nación y provincias

El punto más revelador del esquema no está solo en los plazos, sino en la naturaleza del pago. El régimen original, creado por el Decreto 969/2024, y luego reforzado con el Decreto 186/2025, habilitó la dación en pago de bienes muebles e inmuebles desafectados, declarados innecesarios o sin destino, y el Decreto 171/2026 reabre esa arquitectura sin tocar su corazón. Traducido: la Nación puede sentarse a negociar no solo con pesos que no tiene o no quiere girar, sino con activos. Tierras, empresas públicas radicadas en provincias, inmuebles o bienes sin uso estatal pasan a integrar el menú de la compensación. Acá conviene frenar un segundo, porque bajo la estética austera de la “optimización de recursos” se esconde algo más grueso: no estamos ante un mero mecanismo de cancelación de pasivos, sino ante una posible redistribución patrimonial del Estado. Y eso ya no es contabilidad, sino economía política pura.

La experiencia argentina enseña que cada vez que la caja se seca, el patrimonio entra a escena. En los noventa, el ajuste se articuló con privatizaciones, transferencias y descentralizaciones que muchas veces no fortalecieron autonomías provinciales, sino que descargaron costos sobre ellas. En la crisis de principios de siglo, varias provincias sobrevivieron emitiendo cuasimonedas mientras la relación fiscal con la Nación se volvía una pulseada cotidiana por liquidez. Hoy el formato es distinto, pero la lógica de fondo se parece demasiado: ante la restricción fiscal extrema, el poder central ofrece activos donde no ofrece flujo. El problema es que eso puede dar una salida corta a una urgencia larga. Una provincia que recibe un inmueble, una empresa o una ruta no resuelve necesariamente su problema estructural de financiamiento; apenas transforma un crédito incierto en un bien cuya valuación, utilidad y costo de mantenimiento pueden abrir otra discusión. Más aún: el decreto establece que cada parte será responsable por las deudas o acreencias que proponga incluir y que los informes técnicos sobre verosimilitud, cuantificación y conveniencia pasarán por la órbita económica nacional. Es decir, el terreno donde se define qué vale cuánto y qué entra o no en la compensación sigue fuertemente centralizado. Se habla de “lealtad federal”, pero el instrumento conserva la gramática de siempre: la periferia reclama, el centro filtra.

No se trata de negar que haya deudas recíprocas ni de suponer que toda compensación es ilegítima. El problema es otro: cuando el Ejecutivo vende esta ingeniería como el camino hacia un “verdadero federalismo”, encubre que el régimen no corrige el desbalance histórico entre quién recauda y quién gasta, sino que apenas ofrece un carril administrativo para transar conflictos surgidos de ese mismo desbalance. La Nación sigue decidiendo los tiempos, los criterios de validación y la puerta de entrada del acuerdo; las provincias, en cambio, llegan a la mesa con necesidades desiguales y con urgencias que el ajuste nacional agravó. Por eso la negociación no ocurre entre pares. Ocurre entre un acreedor político de última instancia y veinticuatro jurisdicciones que, aunque formalmente soberanas en su orden, cargan con sistemas previsionales, obra pública, salarios y servicios que no pueden apagar hasta que aparezca el próximo decreto. Ahí está el hueso del asunto: el Gobierno no está federalizando recursos; está administrando escasez con poder discrecional.

El cuadro real no es un número único sino una constelación de reclamos: deuda previsional, obras frenadas y transferencias interrumpidas

Acá conviene poner un límite a la ansiedad por el dato total, porque hoy no hay un consolidado oficial público y homogéneo que permita afirmar cuánto le debe exactamente la Nación al conjunto de las provincias bajo todas las categorías posibles. Eso no es una omisión menor: es parte del problema político. Sin una cuenta consolidada auditada y abierta, el conflicto se fragmenta en expedientes, juicios, audiencias y comunicados provinciales. Lo que sí existe son reclamos oficiales de jurisdicciones específicas que dan una idea del volumen del litigio. La provincia de Buenos Aires informó en marzo de 2026, en el marco de una audiencia ante la Corte, que la deuda de ANSES por su sistema jubilatorio provincial supera los $2,2 billones, y agregó que el total de reclamos bonaerenses contra Nación por transferencias no automáticas y obras inconclusas asciende a $15,6 billones. Santa Fe, por su parte, sostuvo oficialmente en julio de 2025 que la deuda previsional nacional con la provincia se ubicaba en casi $2 billones. La Pampa informó en febrero de 2026 que, “a valores actuales”, el Gobierno nacional le debía más de $400.000 millones por distintos conceptos; y en diciembre de 2025 esa misma provincia anunció un acuerdo inicial con ANSES por $62.500 millones. Lo que muestran esos números no es un mapa completo, pero sí una verdad incómoda: no estamos frente a desajustes menores, sino ante una madeja de obligaciones que condiciona la gobernabilidad federal.

Provincia	Monto oficial reclamado o informado	Concepto principal	Fuente pública
Buenos Aires	Más de $2,2 billones	Deuda de ANSES por la caja previsional bonaerense	Ministerio de Economía bonaerense, 17/03/2026 (Gobierno de la Provincia de Buenos Aires)
Buenos Aires	$15,6 billones	Total de reclamos a Nación entre transferencias no automáticas y obras inconclusas	Ministerio de Economía bonaerense, 17/03/2026 (Gobierno de la Provincia de Buenos Aires)
Santa Fe	Casi $2 billones	Deuda por suspensión de remisión de fondos para compensar déficit de la Caja previsional	Gobierno de Santa Fe, 15/07/2025 (Gobierno de Santa Fe)
La Pampa	Más de $400.000 millones	Deudas nacionales varias, “a valores actuales”	Gobierno de La Pampa, 03/02/2026 (APN La Pampa)
La Pampa	$62.500 millones	Acuerdo inicial por deuda de ANSES	Gobierno de La Pampa, 16/12/2025 (APN La Pampa)

Ese cuadro no debe leerse como una estadística cerrada, sino como una radiografía parcial de un conflicto mucho más ancho. Chequeado recordó en 2025 que hay 13 provincias con cajas previsionales propias no transferidas y que, en varios casos, los convenios y criterios de cálculo no son plenamente públicos, lo que vuelve difícil homologar montos y series entre jurisdicciones. Esa opacidad no es técnica: juega a favor del poder central, porque descompone un problema colectivo en reclamos aislados. Cada gobernador negocia su expediente, cada provincia defiende su stock, cada audiencia corre por su andarivel. Así, la Nación evita enfrentar un frente federal unificado y convierte la deuda estructural en una secuencia de transacciones diferenciadas. Por eso el decreto puede leerse menos como una solución que como una tecnología de fragmentación: ofrece una mesa común, pero conserva incentivos para negociar por ventanilla.

En términos políticos, eso explica por qué el oficialismo necesita relanzar ahora la negociación. Cuando el ajuste todavía tenía crédito simbólico, podía presentarse como cirugía dura pero inevitable. Cuando empieza a multiplicar malestar social en el territorio, la administración central necesita otra cosa: interlocutores. Los gobernadores, incluso los más distantes, vuelven entonces a ser piezas de estabilización. No porque el Gobierno haya abandonado su pulsión centralista, sino porque sin esa red mínima de acuerdos subnacionales el costo del ajuste deja de ser administrable. La paradoja es feroz: un proyecto que hizo campaña contra “la casta” termina apoyándose, como tantas veces en la historia argentina, en la vieja máquina de la negociación federal para ganar tiempo. No es un detalle menor ni un giro táctico inocente; es la confirmación de que ningún experimento de ajuste permanente puede sostenerse solo con discurso de mercado si no encuentra alguna forma de reordenar el vínculo con los poderes territoriales. En ese punto, el decreto 171/2026 no es una señal de fortaleza. Es el reconocimiento, envuelto en jerga hacendaria, de que la motosierra no alcanzó para gobernar.