REDACCIÓN
El 10 de abril de 2026, el Colegio de Escribanos confirmó que monitorea el caso Adorni.
Advirtieron que las operaciones de funcionarios deben reportarse a la UIF.
La causa suma presión institucional en medio de denuncias por su patrimonio.
Una señal institucional en medio del escándalo
El caso que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo con peso institucional.
La presidenta del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Magdalena Tato, confirmó públicamente que la entidad sigue de cerca el expediente vinculado a las operaciones inmobiliarias del funcionario.
“Nosotros lo estamos siguiendo, obviamente. Trabajamos par a par con la justicia”, afirmó en declaraciones radiales.
El punto clave: operaciones de personas expuestas
El eje de la intervención del Colegio no es menor.
Tato recordó que las transacciones realizadas por Personas Políticamente Expuestas (PEP) deben cumplir con requisitos estrictos:
- Identificación del origen de los fondos
- Registro detallado de las operaciones
- Reporte a la Unidad de Información Financiera en caso de irregularidades
Esto implica que cualquier inconsistencia en las operaciones puede derivar en investigaciones por lavado de dinero o enriquecimiento ilícito.
Un caso bajo múltiples focos
La situación de Adorni ya venía siendo observada por distintos actores:
- La Justicia federal analiza su evolución patrimonial
- Exfuncionarios de la UIF señalaron posibles incumplimientos
- Su propia escribana quedó bajo cuestionamiento por no verificar el origen de los fondos
Ahora, la confirmación del Colegio de Escribanos agrega un nuevo nivel de presión institucional.
El rol de los escribanos: más que certificar firmas
En Argentina, los escribanos no solo validan operaciones.
Son considerados “sujetos obligados” en materia de prevención de lavado de activos.
Esto significa que deben:
- Investigar el origen del dinero
- Detectar operaciones sospechosas
- Reportarlas a organismos de control
El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en sanciones administrativas e incluso consecuencias penales.
Lo que está en juego
El caso no se limita a una discusión patrimonial individual.
Plantea interrogantes más amplios:
- ¿Se cumplieron los controles en operaciones de alto valor?
- ¿Hubo fallas en los mecanismos de prevención?
- ¿Existen vínculos entre actores privados y decisiones públicas?
Contexto político: presión y exposición
La situación ocurre en paralelo a un escenario político complejo para el Gobierno.
Mientras el presidente Javier Milei mantiene agenda internacional —incluyendo participación en foros empresariales y viajes oficiales—, el caso Adorni se convierte en un foco interno de desgaste.
Una investigación que ya no es solo judicial
La intervención del Colegio de Escribanos marca un punto de inflexión.
El caso deja de ser únicamente una causa judicial para convertirse en un expediente seguido por organismos clave del sistema de control.
Cuando instituciones técnicas empiezan a mirar un caso con atención, el margen político se achica.
Y en ese terreno, cada documento firmado puede pesar tanto como una declaración pública.
CONCHITA PRETA
GONZALO SCHWEIZER
