Melina Schweizer
El Ejecutivo envió 60 pliegos judiciales en un sistema con más de 200 vacantes federales.
Incluye postulaciones vinculadas a familiares de jueces y funcionarios clave en causas sensibles. La decisión coincide con la causa $LIBRA y con la ofensiva de la Corte contra la discrecionalidad política.
Quién mueve las piezas: el rol de Mahiques y la decisión política de Milei
El envío de los pliegos no es un acto administrativo neutro. Es una decisión política que lleva la firma del presidente Javier Milei, pero con un operador central: el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien articuló la selección y elevación de los nombres al Senado.
El dato estructural es este: el sistema judicial argentino tiene más de 200 vacantes, pero el Gobierno decidió avanzar con solo 60 designaciones. Esa selección parcial implica una priorización. No se trata de cubrir el déficit estructural del sistema, sino de intervenir en posiciones específicas.
Ejemplo político: en todos los gobiernos recientes —de Mauricio Macri a Alberto Fernández— la disputa por los jueces federales clave fue central. Lo novedoso aquí no es la práctica, sino el contexto: causas sensibles en curso y conflicto abierto con el Poder Judicial.
Los nombres en disputa: familiares, jueces y redes de poder
Entre los pliegos enviados aparecen casos que explican la controversia:
- Ana Juan, postulada para un cargo judicial, es esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien investiga la causa de la criptomoneda $LIBRA
- Carlos “Coco” Mahiques, padre del ministro, recibe el impulso para extender su permanencia en la Cámara de Casación Penal
- Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, es propuesto para un cargo judicial
- María Julia Sosa, funcionaria del juzgado de Julián Ercolini, también figura en la lista
El problema no es formal —los familiares pueden ser designados si cumplen requisitos— sino político e institucional: la superposición entre vínculos personales y decisiones estatales.
Ejemplo: en sistemas judiciales, la independencia no se mide solo por la ley, sino por la percepción pública. Cuando los nombramientos involucran redes familiares o cercanas, el sistema pierde legitimidad aunque no haya ilegalidad.
La causa $LIBRA: el telón de fondo que redefine todo
El contexto es determinante. La causa vinculada a la criptomoneda $LIBRA, que involucra al entorno presidencial, está en manos del juez Martínez de Giorgi.
Que en ese mismo momento se impulse el pliego de su esposa introduce una tensión directa entre política y justicia.
No hace falta probar interferencia para que exista problema. En términos institucionales, la clave es otra: la coincidencia de intereses.
Ejemplo: en la historia reciente argentina, causas judiciales sensibles (como corrupción, deuda o servicios públicos) siempre estuvieron acompañadas de disputas por el control de tribunales. Este caso reproduce ese patrón.
El choque con la Corte Suprema: dos modelos en conflicto
Mientras el Ejecutivo acelera designaciones, la Corte Suprema —integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— impulsa una reforma para limitar la discrecionalidad en la selección de jueces.
Los propios ministros advirtieron sobre:
- “partidización creciente”
- procesos “discrecionales”
- falta de transparencia
El contraste es evidente:
- la Corte propone despolitizar
- el Ejecutivo avanza con una lógica política de nombramientos
Ejemplo institucional: cuando dos poderes del Estado disputan el control del sistema judicial, el problema deja de ser técnico. Se transforma en un conflicto de poder.
Historia reciente: justicia como campo de batalla político
Lo que ocurre no es nuevo, pero sí acumulativo.
- Durante el kirchnerismo, la disputa giró en torno a la “democratización de la justicia”
- Con Macri, el eje fue el control de Comodoro Py y los traslados de jueces
- Con Alberto Fernández, la reforma judicial quedó trabada
Ahora, el gobierno de Milei introduce una variante: intervención selectiva en un contexto de debilidad política y causas sensibles abiertas
Ejemplo: en todos los casos, el denominador común es el mismo: la justicia como espacio de disputa para garantizar gobernabilidad o protección.
El objetivo implícito: control estratégico, no total
El hecho de que solo se cubran 60 de más de 200 vacantes no es una limitación. Es una estrategia.
No se busca dominar todo el sistema judicial. Se busca incidir en puntos clave:
- cámaras federales
- juzgados con causas políticas
- instancias de apelación
Ejemplo: controlar una cámara de apelaciones puede ser más decisivo que decenas de juzgados menores. La política judicial no es cuantitativa, es estratégica.
Cuando la justicia deja de ser estructura y pasa a ser disputa
Los números son claros:
- 60 pliegos enviados
- más de 200 vacantes
- múltiples vínculos personales
- causas judiciales en curso
Pero el dato más importante no está en la cantidad.
Está en la coincidencia.
Cuando nombramientos, causas judiciales, redes personales y disputas institucionales se cruzan en el mismo momento, la justicia deja de ser un sistema.
Se convierte en un campo de batalla.
Y en ese escenario, la pregunta ya no es jurídica.
Es política: quién controla la justicia cuando la justicia empieza a investigar al poder.
