Rodolfo Gudino
Las grabaciones difundidas por Diario Red y Drop Site News muestran a una voz atribuida al presidente hondureño hablando de tecnología israelí para obtener datos de comunicaciones realizadas dentro del país. Otro fragmento propone impulsar desde el Congreso el control de las plataformas digitales y la eliminación del anonimato. El Gobierno de Honduras no respondió hasta el momento sobre el contenido de la filtración.
Una nueva filtración de audios atribuida al presidente de Honduras, Nasry Asfura, desató un escándalo político por la posible utilización de tecnología israelí para acceder a datos de comunicaciones privadas y por un presunto proyecto destinado a controlar las redes sociales y eliminar el anonimato de sus usuarios.
Las grabaciones fueron publicadas por Diario Red en colaboración con el medio estadounidense Drop Site News como parte de la investigación denominada Hondurasgate. En ellas se escucha a una voz identificada como la de Asfura conversar con Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, sobre las capacidades de un supuesto software, la colaboración de las empresas telefónicas Tigo y Claro y la necesidad de promover una iniciativa legislativa para regular las plataformas digitales.
Los medios que difundieron el material aseguran que los archivos fueron sometidos a un análisis forense independiente realizado por la organización Earshot, que consideró que las dos grabaciones examinadas tienen una alta probabilidad de ser auténticas y no haber sido generadas mediante inteligencia artificial. Sin embargo, no existe hasta ahora una pericia oficial de las autoridades hondureñas ni una confirmación pública del mandatario sobre la autenticidad o el contexto completo de las conversaciones.
“Los israelitas dijeron que se puede rescatar alguna información”
Uno de los audios, fechado por la investigación el 7 de marzo de 2026, contiene una conversación en la que la voz atribuida a Asfura explica las posibilidades y limitaciones de una herramienta tecnológica vinculada con interlocutores israelíes.
“Los israelitas dijeron que, siempre y cuando ellos se comuniquen dentro de Honduras con números que están dentro de Honduras, se puede rescatar alguna información, como con quién se comunican y demás”, se escucha en el fragmento.
La misma voz agrega que el software disponible “se limita únicamente a la colaboración de Tigo y Claro”, las dos principales empresas de telefonía móvil que operan en Honduras.
El contenido no permite establecer por sí solo qué empresa israelí habría proporcionado la tecnología, cuál sería el nombre del programa ni qué tipo de información concreta podría obtener. Tampoco demuestra que Tigo o Claro hayan entregado datos de sus clientes o participado voluntariamente en una operación de vigilancia.
Por ese motivo, cualquier afirmación sobre la intervención efectiva de esas compañías debe mantenerse en el terreno de la investigación y no presentarse como un hecho probado. Las empresas mencionadas tampoco habían emitido una respuesta pública al momento de difundirse los audios.
La frase atribuida al mandatario sugiere que el sistema podría recuperar metadatos —como números contactados, frecuencia de las comunicaciones o vínculos entre usuarios—, pero no permite asegurar que tuviera capacidad para acceder al contenido de llamadas o mensajes.
Una orden para avanzar sobre las redes sociales
La segunda grabación, fechada el 28 de febrero, contiene afirmaciones aún más sensibles. La voz atribuida a Asfura le pide a Zambrano que encuentre una vía parlamentaria para avanzar en el control de las plataformas digitales.
“Tenés que ver, Tomás, una manera de que manden un decreto moción para el control de las redes sociales”, expresa.
A continuación, la misma voz añade:
“Y quitar el anonimato, como lo pidieron los israelitas, que eso tienen que hacerlo nada más a través del Congreso.”
La conversación permite inferir que la eventual iniciativa requeriría una modificación legislativa. Sin embargo, no se difundió un proyecto de ley específico que reproduzca literalmente ese pedido ni se conoce qué mecanismos jurídicos se estarían evaluando para identificar a los usuarios.
Honduras cuenta actualmente con una propuesta de Ley de Ciberseguridad que permanece en proceso dentro del Congreso. La iniciativa fue presentada formalmente como una herramienta para denunciar, sancionar y erradicar la violencia digital, y aparece vinculada a los derechos a la privacidad y a la protección de los datos personales. No está demostrado que ese expediente sea el mismo al que se refiere la conversación filtrada.
La existencia de una ley sobre ciberseguridad tampoco implica, por sí sola, la eliminación del anonimato ni la vigilancia generalizada. Para establecer esa relación sería necesario revisar el articulado completo, sus eventuales modificaciones y las instrucciones políticas que acompañaron su presentación.
Las referencias a la Corte y la Fiscalía
El mismo audio atribuido a Asfura contiene una serie de expresiones sobre el control de instituciones estatales. La voz habla de impulsar un “juicio político”, “recuperar la Corte Suprema de Justicia”, “recuperar la Fiscalía” y “mover todos los hilos” antes de que se cierre una oportunidad política.
Esas frases generaron particular preocupación porque parecen vincular la regulación de las redes sociales con una estrategia más amplia de acumulación de poder institucional.
No obstante, el material difundido está compuesto por fragmentos y no por una conversación completa que permita conocer todos los antecedentes, interlocutores y circunstancias. La ausencia de ese contexto obliga a evitar conclusiones definitivas sobre la existencia de un plan coordinado para capturar el Poder Judicial o perseguir opositores.
La investigación periodística interpreta las expresiones como parte de una operación de control político y vigilancia ciudadana. Esa interpretación es grave y merece ser investigada, pero todavía no constituye una conclusión judicial ni una verdad oficialmente establecida.
La verificación forense de los audios
Diario Red afirmó que Earshot sometió los audios 168 y 175 a dos procedimientos: una escucha crítica para detectar respiraciones, vacilaciones, ruidos ambientales y distorsiones naturales, y una comparación de la voz mediante aprendizaje automático con grabaciones públicas de Asfura.
Según el informe citado por el medio, ambos archivos tienen una “alta probabilidad” de corresponder a grabaciones auténticas del presidente y no haber sido fabricados mediante inteligencia artificial.
Esa conclusión fortalece la relevancia del material, pero no equivale a una certificación judicial. Un análisis técnico puede detectar indicios de manipulación o similitudes vocales, aunque no determina necesariamente quién obtuvo los archivos, si fueron editados, si faltan partes de la conversación o cuál era el contexto en el que fueron enviados.
La precaución resulta especialmente necesaria porque pocos días antes circuló otro supuesto audio de Asfura, dirigido contra el presidente salvadoreño Nayib Bukele, que fue identificado como una falsificación creada con inteligencia artificial. Ese antecedente no invalida automáticamente la nueva filtración, pero demuestra que el ecosistema informativo hondureño está atravesado por materiales adulterados y operaciones de desinformación.
El Gobierno no respondió
Los periodistas responsables de la investigación señalaron que buscaron una respuesta del presidente Asfura antes de publicar las grabaciones. Al cierre de la nota original, el mandatario no había contestado las consultas.
Tampoco se conoció una explicación oficial de Tomás Zambrano acerca de la conversación que se le atribuye ni una aclaración del Congreso sobre la eventual elaboración de un decreto relacionado con el anonimato en las redes sociales.
El silencio deja abiertas preguntas centrales: qué contacto mantuvo el Gobierno con funcionarios o empresas israelíes, qué software se habría ofrecido, bajo qué marco legal podría utilizarse, si existió una solicitud formal a las compañías telefónicas y qué alcance tendría el supuesto proyecto para identificar usuarios.
La falta de respuesta tampoco confirma las acusaciones. Pero tratándose de posibles mecanismos de vigilancia estatal, la obligación de transparencia debe ser mayor, especialmente cuando las conversaciones mencionan a empresas privadas que concentran información sensible de millones de personas.
La relación de Asfura con Israel
Las referencias a “los israelitas” aparecen dentro de un contexto de creciente acercamiento entre la administración de Asfura y el gobierno de Benjamin Netanyahu.
Antes de asumir la Presidencia, el dirigente hondureño viajó a Jerusalén y presentó a Israel como un “amigo verdadero” de Honduras. Desde su llegada al poder, ambos gobiernos buscaron fortalecer la cooperación política y estratégica, en un giro respecto de la política exterior de la administración anterior.
La cooperación internacional en seguridad y ciberdefensa no es ilegal por sí misma. Numerosos países contratan tecnología extranjera para combatir delitos informáticos, narcotráfico, secuestros o amenazas contra infraestructuras críticas.
El problema aparece cuando esas herramientas se utilizan sin orden judicial, sin controles democráticos o con objetivos políticos. Los programas de vigilancia permiten acceder a información extremadamente sensible y, en manos de gobiernos sin mecanismos efectivos de supervisión, pueden convertirse en instrumentos de persecución contra periodistas, activistas, dirigentes opositores y defensores de derechos humanos.
El antecedente de los programas israelíes en la región
La industria israelí de ciberinteligencia posee una presencia documentada en América Latina. Herramientas como Pegasus, desarrollada por NSO Group, fueron utilizadas en distintos países para intervenir teléfonos y acceder a mensajes, archivos, cámaras y micrófonos.
En México se comprobó que números de periodistas, defensores de derechos humanos, opositores y funcionarios fueron seleccionados como posibles objetivos. También se documentaron infecciones con Pegasus contra trabajadores del medio salvadoreño El Faro.
Honduras fue identificado anteriormente entre los países donde operó tecnología de Circles, una empresa vinculada al grupo NSO que explota vulnerabilidades de las redes telefónicas para rastrear ubicaciones e interceptar comunicaciones.
Estos antecedentes no demuestran que el software mencionado en los nuevos audios sea Pegasus, Circles o alguna otra herramienta específica. La filtración no ofrece un nombre comercial ni documentación contractual que permita establecerlo.
Tampoco debe utilizarse la referencia genérica a “los israelitas” para responsabilizar colectivamente a la población israelí. El señalamiento contenido en los audios alude presuntamente a funcionarios, operadores o proveedores tecnológicos concretos, cuya identidad todavía se desconoce.
Eliminar el anonimato no equivale necesariamente a eliminar el cifrado
La investigación original advirtió que una eventual eliminación del anonimato podría afectar el cifrado de extremo a extremo utilizado por aplicaciones como WhatsApp o Signal. Esa consecuencia, sin embargo, no surge de manera directa de los audios.
Obligar a identificar a los titulares de una cuenta es una medida distinta de exigir a una plataforma que rompa el cifrado de sus mensajes. Ambas pueden afectar la privacidad, pero funcionan de manera técnica y jurídicamente diferente.
Una legislación podría requerir que cada perfil esté asociado a una identidad comprobable sin permitir automáticamente que el Estado lea las conversaciones. También podría establecer mecanismos de acceso a información mediante orden judicial o, en el peor escenario, imponer puertas traseras capaces de debilitar la seguridad de todos los usuarios.
Sin conocer el supuesto proyecto, no es posible determinar cuál de esas alternativas se estaría considerando. Lo que sí surge de la grabación es una intención atribuida al presidente de aumentar el control sobre las redes y vincular ese objetivo con recomendaciones de interlocutores israelíes.
Una filtración de enorme gravedad institucional
El caso tiene al menos tres niveles que deben investigarse de manera independiente. El primero es la autenticidad e integridad de los archivos. El segundo es la existencia del software y sus capacidades reales. El tercero es la eventual utilización política de una reforma legislativa para identificar usuarios y controlar el debate público.
Si las grabaciones son auténticas, el episodio no constituye solamente una conversación imprudente. Implicaría que el jefe de Estado habló con el titular del Congreso sobre la incorporación de tecnología extranjera para obtener datos de comunicaciones y sobre la creación de una ley orientada a eliminar el anonimato digital.
La gravedad aumenta por las referencias a “recuperar” la Corte Suprema y la Fiscalía, instituciones que deberían conservar independencia frente al Poder Ejecutivo.
La filtración tampoco prueba que el sistema haya sido comprado, instalado o utilizado. No identifica víctimas, operaciones concretas ni órdenes de intervención. Pero aporta elementos suficientes para exigir una investigación parlamentaria, judicial y técnica que determine qué acuerdos existen entre Honduras e Israel en materia de inteligencia y ciberseguridad.
Asfura tiene ahora la responsabilidad de explicar si la voz es suya, quiénes eran “los israelitas” mencionados, qué tecnología ofrecieron, qué participación tendrían Tigo y Claro y cuál es el contenido del decreto que habría solicitado impulsar.
Hasta que esas respuestas aparezcan, Honduras queda frente a un interrogante inquietante: si el Gobierno está construyendo una política legítima de ciberseguridad o preparando, bajo ese nombre, una arquitectura de vigilancia política sobre sus propios ciudadanos.
Melina Schweizer
