GONZALO SCHWEIZER
El Gobierno eliminó controles en salud, alquileres, alimentos, trabajo, transporte, energía y telecomunicaciones bajo la promesa de aumentar la competencia. Pero en mercados concentrados, la retirada del Estado no equilibró el poder: dejó a millones de personas negociando solas frente a grandes empresas capaces de fijar precios, condiciones y calidad de los servicios.
Desde diciembre de 2023, el gobierno de Javier Milei convirtió la desregulación en uno de los pilares de su programa económico. El Ministerio encabezado por Federico Sturzenegger contabiliza 719 medidas que modificaron o eliminaron 2.803 normas y más de 16.700 artículos. La magnitud permite hablar de una transformación estructural y no de una simple reducción de trámites.
La explicación oficial sostiene que las regulaciones bloqueaban la competencia, elevaban costos, protegían privilegios y obstaculizaban las inversiones. Según esa concepción, cuando el Estado se retira, las empresas compiten, los precios bajan y los consumidores eligen.
El problema es que ese mecanismo solo funciona cuando existen numerosos oferentes, información transparente, capacidad real de elección y condiciones relativamente equilibradas entre las partes. Ninguno de esos requisitos está garantizado en buena parte de los mercados argentinos.
Una familia no negocia en igualdad de condiciones con una empresa de medicina prepaga. Un inquilino con treinta días para abandonar su vivienda no posee el mismo poder que quien administra varias propiedades. Un pequeño productor yerbatero no puede guardar indefinidamente su cosecha hasta conseguir un precio mejor. Un trabajador que necesita conservar su empleo no discute libremente las condiciones con una compañía que puede sustituirlo.
En esos escenarios, desregular no elimina el poder: lo transfiere. El Estado deja de fijar límites y las empresas dominantes ocupan ese espacio. La libertad prometida termina siendo la libertad del actor más fuerte para imponerle condiciones al más débil.
La salud convertida en una mercancía sin precio máximo
La eliminación de los límites para aumentar las cuotas de las empresas de medicina prepaga mostró rápidamente los efectos de una desregulación aplicada sobre un mercado concentrado. Después del DNU 70/2023, las compañías quedaron habilitadas para fijar sus valores sin autorización previa de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Los aumentos fueron tan elevados que el propio Gobierno, que había liberado los precios, terminó denunciando una posible cartelización. La contradicción fue evidente: primero sostuvo que la competencia disciplinaría a las empresas y después descubrió que varias podían aumentar de manera semejante sin necesidad de competir agresivamente por los afiliados.
Desde la llegada de Milei, las cuotas acumularon incrementos cercanos al 417%, frente a una inflación aproximada del 293%. En el mismo período, unas 742.000 personas dejaron de contar con cobertura privada, mutual o de obra social y pasaron a depender exclusivamente del sistema público.
La consecuencia económica es una transferencia directa desde los hogares hacia las compañías. La consecuencia social es más profunda: familias que pagaron durante años deben reducir prestaciones, postergar tratamientos o abandonar la cobertura cuando más probabilidades tienen de necesitarla.
La consecuencia fiscal también contradice el discurso del ahorro. Cada persona expulsada del sistema privado pasa a demandar atención en hospitales públicos sostenidos por presupuestos nacionales, provinciales y municipales. La empresa conserva su rentabilidad; el Estado y la sociedad absorben a quienes ya no pueden pagarla.
Alquileres libres para propietarios, incertidumbre para inquilinos
La derogación de la Ley de Alquileres permitió pactar libremente la duración de los contratos, la moneda utilizada y la frecuencia de los aumentos. Esa flexibilidad contribuyó a que más propiedades regresaran al mercado formal, uno de los resultados que el oficialismo presenta como prueba del éxito de la medida.
Pero un aumento de la oferta no resuelve por sí solo el acceso a la vivienda. También importan los salarios, los requisitos de ingreso, los depósitos, las garantías y la frecuencia de las actualizaciones. Una vivienda puede estar disponible y continuar siendo inaccesible para una familia trabajadora.
La supuesta libertad contractual se ejerce dentro de una relación profundamente desigual. El propietario puede esperar otro interesado; el inquilino necesita un lugar donde vivir. Cuando una de las partes negocia con el riesgo de quedarse sin techo, la “voluntad de las partes” es una fórmula jurídica que disimula una necesidad material.
La desregulación también aumentó la incertidumbre. Contratos más breves y actualizaciones frecuentes dificultan organizar los gastos familiares, sostener la escolaridad de los hijos en un mismo barrio o proyectar una vida estable. La vivienda deja de ser un espacio de arraigo y se transforma en una cuenta cuyo valor puede cambiar varias veces durante el año.
La eliminación de controles no eliminó la inflación
El Gobierno terminó con programas de referencia como Precios Cuidados, eliminó los Cortes Populares de carne, derogó la Ley de Abastecimiento y suprimió la Ley de Góndolas. El argumento fue que los controles distorsionaban los precios y desalentaban la producción.
Algunas de esas políticas anteriores presentaban problemas, incumplimientos y alcances limitados. Sin embargo, eliminarlas sin construir herramientas alternativas dejó a los consumidores frente a mercados altamente concentrados, donde pocas compañías controlan la producción, distribución o comercialización.
La desaparición de la Ley de Góndolas perjudicó especialmente a cooperativas, pequeños productores y pymes que tenían dificultades para acceder a los supermercados. Sin espacios mínimos garantizados, las grandes cadenas pueden privilegiar a proveedores con capacidad para producir en volumen, financiar plazos extensos y pagar mejores ubicaciones.
Esto no implica necesariamente productos más baratos. Puede significar menos marcas, mayor dependencia de grandes fabricantes y una concentración creciente. Cuando disminuye la cantidad efectiva de competidores, las empresas dominantes ganan capacidad para fijar precios.
La caída del consumo de carne vacuna hasta niveles cercanos a los 46 kilos anuales por habitante demuestra que liberar un precio no garantiza el acceso. La carne puede circular sin controles y, al mismo tiempo, desaparecer de la mesa de millones de personas. El mercado sigue funcionando; quien deja de funcionar es el presupuesto familiar.
La yerba más barata en la chacra, no necesariamente en la góndola
La eliminación de la facultad del Instituto Nacional de la Yerba Mate para establecer precios mínimos debilitó a miles de pequeños productores de Misiones y Corrientes. Antes de la desregulación, el precio oficial actuaba como un piso en la negociación entre quienes producen la hoja verde y un reducido conjunto de molinos y grandes compradores.
Sin ese respaldo, los productores deben aceptar precios inferiores, plazos extensos y condiciones impuestas por los eslabones más concentrados. Como la hoja cosechada no puede almacenarse indefinidamente, la posibilidad de “elegir” a quién vender es limitada.
La caída del precio recibido por el productor tampoco se trasladó de manera proporcional al consumidor. Esta diferencia muestra hacia dónde viaja la renta dentro de la cadena: el pequeño productor cobra menos, el comprador fortalece su posición y la familia no necesariamente encuentra una yerba mucho más barata.
Las consecuencias sociales afectan a toda la economía regional. Cuando una chacra deja de ser rentable, disminuye la contratación de tareferos, se endeudan las cooperativas, cierran pequeños secaderos y aumenta la migración hacia las ciudades. La desregulación de un precio termina modificando el empleo, la distribución de la población y la supervivencia de comunidades enteras.
Un trabajo más flexible y una vida más insegura
Las reformas laborales ampliaron el período de prueba, redujeron sanciones por empleo no registrado, habilitaron la figura del trabajador independiente con colaboradores y facilitaron mecanismos para sustituir el pago de horas extras por bancos de horas.
El objetivo declarado es reducir el costo de contratación y alentar la creación de empleo. Sin embargo, abaratar el despido no garantiza que las empresas incorporen más trabajadores. Si no existe demanda, producción o consumo, una compañía no contrata personal porque resulte más sencillo despedirlo.
La reducción de protecciones sí tiene un efecto inmediato: aumenta el poder empresarial dentro de la relación laboral. Un período de prueba más extenso permite mantener durante más tiempo a una persona en situación de inestabilidad. La eliminación de multas por trabajo no registrado reduce el costo de incumplir. El banco de horas puede convertir jornadas extensas en descansos futuros condicionados por las necesidades del empleador.
Los trabajadores de plataformas representan el modelo más acabado de esta lógica. Son presentados como independientes y libres para organizar su tiempo, pero dependen de aplicaciones que fijan tarifas, distribuyen viajes, aplican sanciones y pueden suspender cuentas mediante decisiones automatizadas.
La empresa dirige sin reconocerse como empleadora. El trabajador aporta el vehículo, el teléfono, el combustible, el mantenimiento, el seguro y el riesgo físico. La desregulación no elimina la relación de dependencia económica: solamente permite que la compañía desconozca las obligaciones derivadas de ella.
Socialmente, esta transformación amplía la incertidumbre. Una población sin estabilidad laboral consume menos, posterga proyectos, evita endeudarse para adquirir una vivienda y teme enfermarse. La precarización no queda encerrada en el lugar de trabajo: reorganiza toda la vida familiar.
Servicios esenciales tratados como consumos opcionales
La liberación de las tarifas de internet, telefonía móvil y televisión se apoyó en la idea de que las empresas debían fijar libremente sus precios para financiar inversiones. Pero internet ya no es un lujo: resulta indispensable para estudiar, trabajar, realizar trámites, buscar empleo y acceder a servicios públicos.
Cuando un servicio esencial aumenta por encima de los ingresos, las familias no siempre pueden sustituirlo por un competidor. En muchas localidades existe una sola empresa con infraestructura suficiente. En otras, las compañías ofrecen precios semejantes o promociones temporales que luego se transforman en tarifas difíciles de pagar.
La desregulación puede mejorar la rentabilidad empresarial sin producir automáticamente nuevas redes en barrios populares o pueblos alejados. Las inversiones se concentran donde existe mayor capacidad de pago, mientras las zonas menos rentables quedan rezagadas. La brecha digital deja entonces de ser tecnológica y pasa a ser económica y territorial.
La energía trasladó el ajuste directamente a los hogares
La eliminación progresiva de subsidios y la liberalización de distintos segmentos del mercado energético trasladaron una proporción creciente del costo hacia familias, comercios e industrias.
El Gobierno sostiene que los subsidios generalizados eran fiscalmente insostenibles y beneficiaban también a hogares con ingresos altos. El cuestionamiento puede ser válido, pero reemplazar un sistema imperfecto por aumentos que alcanzan a sectores medios y bajos no constituye una solución socialmente neutral.
Cuando suben la electricidad, el gas o las garrafas, no aumenta solamente la factura domiciliaria. También se incrementan los costos de producir alimentos, conservar medicamentos, mantener un comercio abierto o fabricar cualquier mercancía. La energía atraviesa toda la estructura de precios.
Las grandes empresas pueden trasladar parte de ese costo al consumidor. Una pyme, un almacén o una familia no siempre tienen esa posibilidad. Por eso, el mismo aumento tarifario produce efectos distintos según la capacidad económica de quien lo recibe.
Menos controles también puede significar más riesgos
La reducción de funciones del SENASA, la ANMAT y el INTI fue presentada como una simplificación de trámites y una eliminación de controles duplicados. En ciertos casos, reconocer certificaciones internacionales puede reducir costos y agilizar importaciones sin disminuir necesariamente la seguridad.
El riesgo aparece cuando la homologación documental reemplaza la capacidad estatal de verificar productos, inspeccionar procesos y reaccionar ante irregularidades. Una certificación emitida en otro país no elimina la necesidad de controlar las condiciones concretas de ingreso, transporte, almacenamiento y comercialización en Argentina.
La reducción de controles sobre agroquímicos, alimentos, medicamentos, autopartes, juguetes y maquinaria usada puede abaratar operaciones comerciales. Pero cuando un producto falla, la economía obtenida por una empresa puede convertirse en gastos sanitarios, accidentes, contaminación o pérdidas productivas asumidas por toda la sociedad.
La desregulación vuelve a funcionar como traslado del riesgo: la compañía ahorra tiempo y dinero; el consumidor queda obligado a confiar; el Estado interviene después del daño.
Las consecuencias políticas: gobernar por decreto y debilitar la mediación
La desregulación no solo modifica la economía. También transforma la relación entre el Gobierno, el Congreso, las provincias, los sindicatos y las organizaciones sociales.
Muchas reformas fueron impulsadas mediante el DNU 70/2023, facultades delegadas y resoluciones administrativas. Esta velocidad permitió cambiar cientos de normas sin discutir cada una de ellas de manera independiente y con la participación de todos los sectores afectados.
El método concentra poder en el Ejecutivo y reduce los espacios de negociación democrática. Productores, inquilinos, trabajadores, consumidores y especialistas suelen intervenir después de publicada la medida, cuando deben recurrir a protestas o a la Justicia para intentar frenarla.
También aparecen conflictos federales. La desregulación nacional puede eliminar programas o capacidades que las provincias no tienen recursos técnicos ni financieros para reemplazar. El Estado central reduce funciones, pero los costos sanitarios, ambientales, viales o sociales terminan en gobernaciones y municipios.
Políticamente, el Gobierno construye una narrativa en la que toda regulación es un privilegio y cualquier resistencia representa a “la casta”. Esa simplificación evita distinguir entre una norma creada para proteger un monopolio y otra destinada a impedir que una empresa venda un medicamento inseguro, imponga una cláusula abusiva o explote a un trabajador.
Desregular no es retirar al Estado: es decidir de qué lado interviene
El Estado no desaparece cuando elimina un control. Continúa garantizando contratos, protegiendo la propiedad privada, sosteniendo la moneda, financiando infraestructura, rescatando sistemas en crisis y atendiendo las consecuencias sociales.
La pregunta verdadera no es si interviene, sino para quién lo hace. Puede limitar el poder de las empresas concentradas o limitarse a garantizarles libertad comercial. Puede proteger al consumidor antes del daño o pagar el hospital después. Puede asegurar un precio mínimo al productor o asistirlo cuando ya quebró. Puede fiscalizar la calidad de un producto o intervenir cuando produjo víctimas.
Las desregulaciones pueden eliminar trámites inútiles, reducir costos y facilitar innovaciones. Pero aplicadas indiscriminadamente en una economía concentrada, con salarios deteriorados y millones de personas endeudadas, no producen individuos libres negociando en igualdad. Producen ciudadanos aislados frente a organizaciones mucho más poderosas.
Después de más de setecientas medidas, el resultado comienza a verse con claridad: las empresas reciben libertad para fijar precios, reducir responsabilidades y trasladar riesgos; las familias reciben facturas más altas, contratos más inestables y menos mecanismos para defenderse.
Los platos rotos no los paga una abstracción llamada mercado. Los pagan el paciente que abandona su prepaga, la inquilina que no sabe cuánto deberá pagar dentro de tres meses, el trabajador sin indemnización, el productor obligado a vender por debajo de sus costos y la familia que elige entre mantener internet o comprar alimentos.
Esa es la consecuencia central del programa: el Estado se retira antes de que aparezca el problema y regresa después, cuando el daño ya fue trasladado a la sociedad.
