GONZALO SCHWEIZER
El Presidente participa del 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, una de las instituciones centrales del complejo agroexportador. El sector reconoce las bajas de retenciones, pero mantiene reclamos por presión tributaria, infraestructura y previsibilidad. La paradoja es evidente: mientras el Gobierno necesita los dólares del campo, las principales cadenas agrícolas todavía aportarían unos US$4.613 millones en derechos de exportación durante 2026.
Javier Milei regresa este viernes a la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) por tercer año consecutivo. No llega a territorio enemigo. El núcleo empresario que se reunirá en Rosario comparte buena parte de las ideas económicas del Gobierno: equilibrio fiscal, desregulación, apertura de mercados y reducción del peso del Estado. Sin embargo, esa coincidencia general no elimina una discusión mucho más concreta: cuánto cuesta producir, transportar y exportar desde la Argentina y cuánto de esa renta continúa apropiándose el Estado mediante impuestos y derechos de exportación.
El escenario elegido vuelve especialmente significativa la visita. Rosario y su zona portuaria constituyen el corazón logístico del complejo agroexportador argentino. Por allí se canaliza una parte fundamental de las exportaciones de granos, harinas y aceites que generan las divisas que necesita la economía. La propia información comercial de la BCR muestra la dimensión de ese nodo: para el período comprendido entre el 12 de agosto y el 6 de septiembre había programadas cargas por más de 3,6 millones de toneladas solamente en los puertos de Rosario y San Lorenzo.
Por eso la discusión excede ampliamente la relación política entre Milei y los empresarios agropecuarios. El Gobierno necesita que el campo produzca y exporte más, pero al mismo tiempo continúa dependiendo fiscalmente de las retenciones que el propio sector reclama eliminar.
El campo consiguió bajas, pero las retenciones siguen ahí
Milei convirtió la eliminación de los derechos de exportación en una de sus banderas históricas, pero la restricción fiscal impidió avanzar hasta su desaparición. Hubo reducciones de alícuotas y medidas transitorias, pero el impuesto continúa representando una fuente considerable de recursos.
Un informe publicado por la propia Bolsa de Comercio de Rosario días antes de la visita calcula que las seis principales cadenas agrícolas —soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo— aportarían US$4.613 millones por derechos de exportación durante 2026. La cifra quedaría apenas 1% por debajo de los US$4.665 millones de 2025.
El dato permite entender la contradicción.
Aunque las alícuotas hayan bajado, el mayor volumen exportado compensa buena parte de esa reducción. En otras palabras, el campo paga porcentualmente menos en algunos productos, pero continúa entregando miles de millones de dólares al Estado porque produce y exporta más.
Eso explica por qué la eliminación definitiva resulta mucho más sencilla como promesa política que como decisión fiscal. Quitar completamente las retenciones implicaría encontrar otra fuente para reemplazar una recaudación de varios miles de millones de dólares en un Gobierno que convirtió el superávit fiscal en el eje ordenador de su programa económico.
Y el agro lo sabe.
Por eso Pablo Bortolato, presidente de la Bolsa rosarina, mantuvo el histórico reclamo de reducción de los derechos de exportación aunque admitió, según la información difundida antes del encuentro, que actualmente “no estarían las condiciones” para una nueva baja.
No significa que el reclamo haya desaparecido. Significa que una parte del sector reconoce la restricción fiscal del Gobierno mientras espera que la promesa continúe vigente.
El otro impuesto invisible: sacar la cosecha
Pero la discusión que espera a Milei en Rosario no termina en las retenciones. Una de las principales preocupaciones de la Bolsa pasa por la infraestructura necesaria para trasladar la producción desde las provincias hasta los puertos.
Allí aparece el Belgrano Cargas.
Para las economías productivas del NOA y NEA, la distancia respecto de los puertos constituye una parte sustancial del costo. Cuando el ferrocarril no funciona adecuadamente, una mayor proporción de la producción debe recorrer cientos o incluso más de mil kilómetros en camión. El resultado es un encarecimiento logístico que reduce competitividad independientemente del precio internacional del grano.
Por eso la discusión ferroviaria es económica antes que ferroviaria.
Una tonelada producida lejos de Rosario vale una cosa en el campo y otra cuando finalmente llega al puerto. Entre ambas aparecen combustible, transporte, rutas, peajes, almacenamiento y tiempos logísticos. Cuanto peor funciona la infraestructura, mayor es la porción del valor exportado que se consume antes de que el producto salga del país.
La reactivación y licitación de líneas ferroviarias, con el Belgrano Cargas en el centro de la agenda, será por eso uno de los asuntos sensibles de la visita presidencial.
Y aquí aparece otra tensión del modelo. El Gobierno redujo drásticamente la participación nacional en obra pública como parte del ajuste fiscal, mientras que el sector exportador necesita precisamente infraestructura de gran escala que difícilmente pueda pensarse únicamente establecimiento por establecimiento.
No alcanza con producir más soja, maíz o trigo si transportar esa producción continúa siendo caro.
Un agro que exporta más y todavía paga miles de millones
La situación productiva agrega otra particularidad. El complejo agrícola llega al encuentro con resultados exportadores importantes. La Bolsa de Rosario informó, por ejemplo, que julio de 2026 fue el mes con mayores exportaciones de maíz de la historia argentina.
Eso es central para interpretar la relación entre el Gobierno y el sector.
Milei necesita que ese proceso continúe porque la economía argentina sigue necesitando dólares comerciales. Las exportaciones agroindustriales no son simplemente una actividad sectorial: constituyen uno de los principales mecanismos mediante los cuales ingresan las divisas necesarias para financiar importaciones, atender obligaciones externas y abastecer el mercado cambiario.
Pero desde la perspectiva del productor la pregunta es diferente: si el sector aumenta producción y exportaciones, ¿cuánto de esa mejora queda efectivamente en la cadena productiva después de impuestos y costos logísticos?
La respuesta explica por qué puede coexistir el respaldo político con el reclamo económico.
No hay contradicción en que empresarios agropecuarios apoyen la orientación general de Milei y simultáneamente exijan menos retenciones. Desde su perspectiva, precisamente porque respaldan un Estado más pequeño esperan que ese achicamiento termine reflejándose en una menor carga sobre la producción.
El dilema de Milei: necesita los dólares y también los impuestos del campo
Ese probablemente sea el punto económico más importante detrás de la visita.
El Gobierno quisiera que el agro funcione como una gigantesca máquina generadora de exportaciones, inversión y divisas. Pero, al menos durante esta etapa, necesita que también continúe funcionando como una importante fuente de recaudación.
Las dos cosas pueden coexistir durante algún tiempo, pero contienen una tensión difícil de resolver.
Si Milei elimina aceleradamente las retenciones, pierde recursos fiscales. Si las mantiene durante demasiado tiempo, posterga una de las promesas más importantes que realizó al sector productivo que más dólares genera.
Y si además reduce la inversión pública en infraestructura sin conseguir que el capital privado cubra rápidamente ese espacio, el productor puede terminar pagando por otra vía parte de lo que ahorra en impuestos: menores retenciones acompañadas por mayores costos logísticos no necesariamente producen la transformación competitiva prometida.
Por eso el acto de Rosario tiene una lectura política bastante más interesante que una simple fotografía de Milei rodeado de empresarios.
El Presidente llega a una institución que comparte buena parte de su diagnóstico económico, pero que puede mostrarle con números los límites de algunas de sus decisiones. La Bolsa calcula que las principales cadenas agrícolas todavía aportarían US$4.613 millones en retenciones este año, mientras reclama mejores condiciones para mover la producción que genera esos mismos dólares.
El agro no está rompiendo con Milei. Está empezando a cobrarle las promesas. Y para un Gobierno que necesita simultáneamente los granos, los dólares y los impuestos que salen de ellos, esa cuenta será bastante más difícil de reducir que un discurso sobre el tamaño del Estado.
