Melina Schweizer
Oficiales en actividad analizan sumarse al reclamo de integrantes de Prefectura y Gendarmería. El deterioro de los ingresos, la crisis de la obra social y la necesidad de buscar un segundo empleo profundizan el malestar dentro de las fuerzas.
La crisis salarial que atraviesan las Fuerzas Armadas podría producir una escena inédita: oficiales en actividad evalúan sumarse a la protesta convocada por integrantes de Prefectura Naval y Gendarmería Nacional para reclamar una recomposición de los haberes y soluciones ante las deficiencias de la cobertura médica.
La participación todavía no está confirmada, pero la sola posibilidad encendió las alarmas en el Gobierno. Las Fuerzas Armadas carecen de representación sindical y sus integrantes están sometidos a normas disciplinarias que restringen las protestas colectivas y las manifestaciones públicas. Por eso, los reclamos militares suelen ser encabezados por retirados, familiares y asociaciones relacionadas con el sector.
Que oficiales en actividad consideren alguna forma de participación revela que el descontento comenzó a desbordar los canales internos.
Una coordinación entre fuerzas diferentes
Durante los últimos días comenzaron a reunirse grupos de oficiales intermedios, entre ellos militares con jerarquías equivalentes a mayor y teniente coronel, junto con integrantes de Gendarmería y Prefectura. El objetivo sería coordinar una acción conjunta para reclamar principalmente por los salarios y la atención sanitaria.
Aunque las tres instituciones poseen estructuras jerárquicas y disciplina de carácter militar, no dependen de la misma cartera. El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Defensa, mientras que Gendarmería y Prefectura son fuerzas federales dependientes del Ministerio de Seguridad.
La coincidencia de sus reclamos demuestra que el problema excede a una institución específica. El deterioro salarial se extiende por diferentes organismos encargados de la defensa y la seguridad nacional.
La movilización fue convocada para este lunes, pero todavía no existe una confirmación pública sobre la presencia de personal militar en actividad. Tampoco se conoce cuántos efectivos podrían participar ni bajo qué modalidad lo harían.
El Gobierno intenta desactivar el conflicto
Ante el crecimiento del malestar, el Gobierno evalúa anunciar una recomposición cercana a los $100.000, distribuida en tres cuotas. Una primera parte se pagaría en septiembre, otra se incorporaría en octubre —con impacto en el cobro de noviembre— y el último tramo llegaría en diciembre.
La propuesta todavía no fue formalizada y se desconocen las cifras exactas que corresponderían a cada jerarquía. Dentro de las fuerzas, sin embargo, el monto ya es considerado insuficiente frente a la pérdida salarial acumulada.
El pago fraccionado también genera rechazo porque demora la recomposición y reduce su impacto inmediato. Además, si se establece como suma fija, representará una mejora proporcionalmente mayor para las categorías inferiores y mucho menor para los rangos más altos.
El Gobierno ya había otorgado un refuerzo excepcional de $50.000 mediante los decretos 695/2026 y 696/2026. El monto, abonado con los salarios de agosto, fue establecido como remunerativo, no bonificable y de percepción única. Por lo tanto, no constituye una recuperación permanente de los haberes.
La eventual incorporación de otros $100.000 podría aliviar temporalmente la situación, pero no resolvería el atraso estructural ni los problemas de la obra social.
Cuánto perdieron los salarios militares
Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, los haberes del personal militar acumularon una suba del 139,03%, mientras que la inflación avanzó un 219,14%.
Los salarios pasaron de una base de 100 puntos a 239,03, mientras que el Índice de Precios al Consumidor alcanzó los 319,14 puntos. Esto significa que los ingresos quedaron aproximadamente 80 puntos porcentuales por debajo del aumento general de los precios.
Esa diferencia fue presentada en algunos informes como una pérdida salarial del 80%, aunque matemáticamente la caída del poder adquisitivo se aproxima al 25%. En términos cotidianos, un militar puede comprar actualmente alrededor de tres cuartas partes de lo que adquiría con su salario al inicio de la gestión de Javier Milei.
La situación resulta todavía más crítica cuando se observan los gastos esenciales. Durante el mismo período, alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 189,91%, mientras que vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles acumularon una suba del 417,41%.
El costo de los servicios básicos creció casi tres veces más que los salarios militares. Para quienes alquilan o deben trasladarse con frecuencia por razones de servicio, el impacto es especialmente grave.
Militares obligados a buscar otro trabajo
El deterioro de los ingresos llevó al Ministerio de Defensa a flexibilizar las restricciones para que soldados, suboficiales y oficiales puedan realizar actividades privadas fuera de sus horarios de servicio.
Entre los trabajos admitidos aparecen la conducción para aplicaciones de transporte, los repartos y determinadas tareas de seguridad privada, siempre que no interfieran con las obligaciones militares.
La medida fue presentada como una posibilidad para complementar ingresos, pero dentro de las fuerzas se interpreta como la confirmación de que los salarios estatales ya no alcanzan. Integrantes de una institución que exige disponibilidad, disciplina y capacitación permanente deben conducir vehículos o repartir pedidos después de cumplir su jornada.
El pluriempleo también introduce riesgos operativos. La falta de descanso y la extensión de las horas laborales pueden afectar el rendimiento de personas que trabajan con armamento, conducen vehículos militares o cumplen funciones que requieren concentración y preparación física.
La obra social completa el cuadro
Al atraso salarial se suma la crisis de la cobertura sanitaria. Integrantes de las fuerzas denuncian demoras en las autorizaciones, reducción de prestaciones, dificultades para obtener turnos y problemas para acceder a medicamentos.
El reclamo por la obra social tiene un peso similar al salarial porque afecta tanto al personal en actividad como a los retirados y sus familias. Para muchos hogares militares, pagar consultas, tratamientos o medicamentos por fuera de la cobertura termina consumiendo cualquier mejora nominal del ingreso.
También existe malestar con las conducciones superiores. Sectores intermedios consideran que los jefes no transmiten adecuadamente la gravedad del problema y que las respuestas oficiales intentan contener las críticas sin ofrecer una solución duradera.
Un problema institucional que no admite indiferencia
El ministro de Defensa, Carlos Presti, conoce directamente la situación porque antes de asumir la conducción política de la cartera fue jefe del Estado Mayor General del Ejército. Su procedencia militar aumenta las expectativas, pero también la responsabilidad frente a un conflicto que compromete el funcionamiento cotidiano de las fuerzas.
La protesta debe ser abordada con prudencia. El malestar salarial de los uniformados no debe utilizarse para alimentar fantasmas ni discursos golpistas. Se trata, en primer lugar, de un problema laboral, sanitario y presupuestario que requiere una respuesta institucional.
Una suma de $100.000 dividida en tres cuotas podría desactivar momentáneamente la movilización, pero difícilmente resolverá más de dos años de deterioro. Mucho menos solucionará la crisis sanitaria o la necesidad de recurrir a trabajos complementarios.
Cuando quienes tienen la responsabilidad de defender el territorio y custodiar las fronteras necesitan manejar para una aplicación después de cumplir servicio, el problema ya no permanece dentro de los cuarteles. Es la demostración de que el ajuste también alcanzó a quienes el propio Gobierno afirma querer jerarquizar.
