GONZALO SCHWEIZER
La Provincia abrió expedientes tras recibir 2.240 denuncias contra Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud durante el primer semestre. Las empresas deberán explicar cómo determinan los intereses y el costo financiero total de sus créditos. Si se comprueban las infracciones, podrían recibir multas de hasta $1.883 millones.
El gobierno de Axel Kicillof inició una investigación administrativa sobre las principales billeteras virtuales y proveedoras de crédito digital que operan en la provincia de Buenos Aires. La medida se originó en 2.240 denuncias recibidas durante el primer semestre de 2026 por presuntos incumplimientos de la normativa de Defensa del Consumidor, falta de información, acoso y hostigamiento a personas endeudadas.
Las actuaciones alcanzan a Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud. Las firmas serán notificadas formalmente y podrán presentar sus descargos antes de que la autoridad determine si existieron infracciones y aplique eventuales sanciones.
No se trata todavía de una condena ni de una multa firme. La Provincia abrió expedientes para investigar las conductas denunciadas y realizó imputaciones administrativas preliminares. Si los incumplimientos se comprueban, las empresas podrían afrontar sanciones de hasta 1.883 millones de pesos y quedar obligadas a corregir las prácticas contrarias a la legislación.
Créditos inmediatos, condiciones difíciles de comprender
El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, explicó que las denuncias comprenden la falta de información clara y precisa sobre las condiciones particulares de los préstamos, la ausencia de un botón de arrepentimiento visible y las prácticas de cobranza que pueden vulnerar el derecho de los usuarios a recibir un trato digno.
La Provincia también exigirá que las empresas informen los criterios utilizados para establecer las tasas y detallen la composición real del costo financiero total. Este último indicador es fundamental porque representa cuánto termina pagando verdaderamente una persona después de sumar intereses, comisiones, seguros, impuestos y otros cargos.
Las aplicaciones suelen destacar la velocidad de acreditación o el monto disponible, mientras las condiciones económicas aparecen distribuidas entre diferentes pantallas, enlaces y documentos digitales. El usuario puede conocer el valor de la cuota sin comprender cuánto representa la tasa efectiva anual ni cuánto aumentará la deuda si se atrasa.
Esa asimetría informativa adquiere mayor gravedad cuando el crédito no se utiliza para comprar un bien durable, sino para pagar alimentos, medicamentos, servicios o alquileres. La urgencia reduce la capacidad real de comparar opciones y vuelve al consumidor más vulnerable frente a tasas elevadas.
La cobranza también tiene límites legales
La existencia de una deuda no autoriza cualquier método para cobrarla. La Ley de Defensa del Consumidor obliga a las empresas a garantizar condiciones de trato digno y prohíbe procedimientos intimidatorios, humillantes o abusivos.
Los contactos reiterados, las amenazas, la exposición de la deuda ante familiares o compañeros de trabajo y los mensajes diseñados para provocar miedo pueden vulnerar esos derechos. El acreedor conserva la facultad de reclamar lo adeudado, pero debe hacerlo dentro de los límites establecidos por la ley.
La investigación bonaerense intentará determinar si las plataformas utilizaron mecanismos de hostigamiento contra familias que habían ingresado en mora. No todas las comunicaciones de cobranza constituyen acoso: la autoridad deberá analizar su frecuencia, contenido, horario, destinatarios y grado de intimidación.
La diferencia es central. Reclamar una cuota vencida es legítimo. Convertir el teléfono del deudor en una herramienta permanente de presión puede constituir una infracción.
Las billeteras dejaron de ser simples medios de pago
Kicillof sostuvo que las plataformas digitales ya no funcionan solamente como instrumentos para enviar dinero o pagar una compra. Muchas captan usuarios, administran fondos, ofrecen rendimientos y conceden créditos utilizando la información obtenida sobre sus movimientos económicos.
Ese ecosistema les permite construir perfiles financieros detallados y determinar en pocos segundos cuánto dinero ofrecerán y a qué tasa. Dos personas pueden recibir condiciones diferentes para préstamos similares según los datos procesados por el sistema.
El problema no reside únicamente en que exista una evaluación personalizada del riesgo. La discusión comienza cuando el consumidor desconoce qué información se utilizó, cómo se calculó la tasa o por qué recibe un costo financiero mucho mayor que otro usuario.
La Provincia pedirá explicaciones sobre esos criterios. La investigación deberá determinar si las condiciones fueron informadas correctamente y si las diferencias aplicadas respetan los derechos de los consumidores.
Una crisis que no puede reducirse a decisiones individuales
El anuncio ocurrió en medio del fuerte aumento del endeudamiento y la morosidad familiar. Según las cifras presentadas por el gobierno bonaerense, alrededor del 60% de la población adulta mantiene algún tipo de deuda y cerca de seis millones de personas registran atrasos.
Kicillof atribuyó el fenómeno a la caída de los ingresos y a la política económica de Javier Milei. “No se puede culpar a las personas que se endeudaron para cubrir gastos básicos”, afirmó el gobernador, en respuesta a la posición de la Casa Rosada de considerar la morosidad como un problema entre privados.
Los datos muestran un deterioro pronunciado. La mora bancaria pasó del 2,5% al 12,8%, mientras entre las billeteras virtuales creció del 5,7% al 24,5%. En las entidades financieras no bancarias habría alcanzado el 43%.
Estas cifras corresponden a universos distintos y no deben sumarse entre sí, pero muestran una tendencia común: cada vez más personas tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones.
Presentar ese crecimiento como una sucesión de decisiones individuales equivocadas omite el contexto. Cuando millones de familias utilizan crédito para completar el presupuesto mensual, el endeudamiento deja de explicar una conducta particular y comienza a describir una economía en la que los ingresos no cubren los gastos.
Mercado Libre ya enfrentaba otra actuación provincial
La nueva investigación sobre créditos y cobranzas no debe confundirse con el expediente abierto anteriormente contra Mercado Libre. En mayo, la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor imputó a la empresa por más de diez cláusulas presuntamente abusivas incluidas en sus contratos de adhesión.
Aquella actuación examinó condiciones generales de uso del ecosistema comercial y financiero de la compañía. La nueva pesquisa alcanza a varias fintech y se concentra en los préstamos, la información sobre tasas, el costo financiero y el trato dispensado a los deudores.
La existencia de ambos procedimientos muestra que la expansión de las plataformas digitales produjo relaciones comerciales que desbordan la imagen de una simple aplicación tecnológica. Detrás de cada clic existen contratos, costos y responsabilidades sometidos a las normas de protección del consumidor.
Qué puede conseguir la investigación
Si las empresas no logran justificar sus procedimientos, la Provincia puede imponer multas y ordenar la eliminación de cláusulas o prácticas irregulares. También podría exigir que la información sobre tasas y costos aparezca de forma más clara, que el botón de arrepentimiento sea accesible y que cesen los mecanismos abusivos de cobranza.
La actuación administrativa no eliminará las deudas ni establecerá por sí sola un programa general de refinanciación. Tampoco reemplaza las medidas que debe adoptar el Banco Central ni los proyectos de desendeudamiento discutidos en el Congreso.
Su importancia radica en otra cuestión: una persona que debe dinero no pierde sus derechos como consumidora. Puede ser intimada a pagar, pero no engañada sobre el costo del crédito, sometida a cláusulas abusivas ni hostigada hasta convertir la cobranza en una forma de persecución.
La tecnología hizo posible obtener un préstamo en pocos minutos. Esa velocidad no puede utilizarse para ocultar condiciones que acompañarán al usuario durante meses. Si las billeteras quieren funcionar como prestamistas, también deben asumir las obligaciones legales de informar, respetar y responder por el modo en que conceden y cobran el dinero.
