La diputada solicitó que Ariel Lijo cite con urgencia a la expareja de Fernando Cerimedo y preserve los registros que afirma conservar. Beller asegura que grabó durante horas al consultor hablando sobre la corrupción en el Gobierno y la filtración de los audios de Diego Spagnuolo. La existencia y autenticidad del material todavía deben ser comprobadas.

La diputada Marcela Pagano presentó un escrito ante la Justicia federal para que Nadia Beller, expareja del consultor libertario Fernando Cerimedo, sea citada como testigo en la causa que investiga la estructura de corrupción montada dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad durante la gestión de Diego Spagnuolo.

La presentación reclama que la declaración sea recibida con urgencia, incluso mediante videoconferencia y con la cooperación de las autoridades bolivianas, debido a que Beller permanece internada después de haber sido baleada en Santa Cruz de la Sierra. Pagano también pidió preservar la evidencia digital y evaluar su incorporación al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados.

El objetivo es obtener las grabaciones que Beller aseguró haber realizado durante su relación con Cerimedo. Según declaró desde el hospital, conserva conversaciones extensas en las que el consultor habría hablado sobre la corrupción en el gobierno de Javier Milei, la participación de funcionarios cercanos a la Presidencia y el origen de los audios atribuidos a Spagnuolo.

Hasta que esos archivos sean entregados, preservados y peritados, su contenido debe considerarse una afirmación de Beller y no una prueba judicial comprobada.

“Tengo horas grabadas”, afirmó Beller

La abogada sostuvo que comenzó a registrar las conversaciones como una medida de protección personal ante los conflictos, amenazas y episodios de violencia que atribuye a Cerimedo. También afirmó que esos diálogos incluyen referencias a la causa ANDIS y a la filtración de los audios que desencadenaron el escándalo político y judicial.

“Fernando me dijo que la hermana de Milei estaba involucrada en la corrupción”, declaró públicamente Beller en referencia a Karina Milei. También aseguró que Cerimedo le habría confirmado la autenticidad de los audios de Spagnuolo y atribuido su difusión a él mismo y a Natalia Basil, exesposa del consultor y exfuncionaria de ANDIS.

Las declaraciones son potencialmente relevantes, pero contienen información transmitida por terceros. Beller no afirmó haber presenciado personalmente el funcionamiento del supuesto sistema de sobornos en la agencia, sino haber escuchado a Cerimedo hablar sobre esos hechos.

Por eso, el valor del testimonio dependerá de varios factores: la entrega efectiva de los archivos, la identificación de las voces, la integridad de las grabaciones, las fechas, el contexto de las conversaciones y su correspondencia con las demás pruebas reunidas en el expediente.

La Justicia ya había escuchado a Cerimedo

La posible declaración de Beller no partiría de cero. Cerimedo declaró como testigo ante el fiscal Franco Picardi en septiembre de 2025 y confirmó que Spagnuolo le había hablado en reiteradas oportunidades sobre corrupción y pagos ilegales dentro de ANDIS.

Según la declaración difundida después del levantamiento del secreto de sumario, el exfuncionario le habría relatado que determinadas droguerías pagaban retornos sobre las contrataciones, que una parte del dinero llegaba a la Casa Rosada y que Eduardo “Lule” Menem intervenía en el circuito. Cerimedo también sostuvo que Spagnuolo le había contado la situación al presidente Javier Milei y a la entonces ministra Sandra Pettovello.

Ese testimonio ya forma parte de la investigación. Lo nuevo sería determinar si las grabaciones mencionadas por Beller respaldan, amplían o contradicen lo que Cerimedo declaró ante el fiscal.

También podrían aportar información sobre quién grabó y difundió originalmente las conversaciones de Spagnuolo. Esa cuestión tiene importancia procesal porque las defensas intentaron desacreditar la causa alegando que los audios provenían de una operación de inteligencia ilegal.

Sin embargo, la investigación no depende exclusivamente de las grabaciones difundidas por los medios. El fiscal Picardi las tomó como un indicio inicial y construyó el expediente mediante allanamientos, secuestro de dispositivos, documentación contractual, comunicaciones y movimientos vinculados con las empresas investigadas.

Una causa que ya tiene 19 procesados

La investigación sobre ANDIS avanzó mucho más allá de una denuncia basada únicamente en audios. En febrero de 2026, el juez Sebastián Casanello procesó a Spagnuolo como presunto jefe de una asociación ilícita que habría utilizado contrataciones públicas para generar ganancias ilegales.

La decisión también alcanzó a otras 18 personas y fijó para el exdirector de la agencia un embargo de 202.000 millones de pesos. La resolución siguió el planteo de la fiscalía de Picardi, que sostuvo que pudo reconstruirse una organización integrada por funcionarios y particulares.

Los procesamientos constituyen una decisión judicial basada en un grado de sospecha suficiente para que los acusados continúen sometidos al proceso, pero no equivalen a una condena definitiva. Las responsabilidades penales deberán determinarse en las etapas posteriores del expediente.

Según informó oficialmente el Ministerio Público Fiscal, la maniobra investigada habría operado mediante adjudicaciones indebidas dentro del mercado farmacéutico destinado a personas con discapacidad.

Una testigo en una situación de extrema vulnerabilidad

El pedido de protección formulado por Pagano se apoya en la situación atravesada por Beller. La mujer fue atacada a tiros en Bolivia y permanece bajo atención médica. Por ese hecho, Cerimedo fue detenido cuando se encontraba en el aeropuerto de Viru Viru, aunque su responsabilidad todavía debe ser determinada por la Justicia boliviana.

Beller acusa a su expareja de haber ordenado el ataque. La defensa del consultor rechaza esa versión. Las autoridades bolivianas investigan el intento de feminicidio, el recorrido de los agresores y los elementos secuestrados durante los procedimientos.

El pedido de Pagano no supone que Beller ingrese automáticamente al sistema argentino de testigos protegidos. La incorporación requiere una evaluación judicial y administrativa del riesgo, la relevancia del testimonio y las medidas disponibles, especialmente porque la posible testigo se encuentra en otro país.

La urgencia también alcanza a los archivos. Beller afirmó que durante el ataque le sustrajeron el teléfono celular, lo que genera el riesgo de pérdida, destrucción o manipulación de información. La Justicia debería determinar si existen copias de respaldo, almacenamiento remoto u otros dispositivos que permitan recuperar las grabaciones en condiciones que preserven su validez.

Las palabras necesitan convertirse en evidencia

La presentación de Pagano coloca a la Justicia frente a un material potencialmente importante. Ignorar a una mujer que asegura conservar registros sobre una causa de corrupción ya avanzada sería difícil de justificar. Pero escucharla tampoco implica aceptar automáticamente todas sus acusaciones.

La tarea judicial consiste precisamente en transformar las declaraciones públicas en evidencia verificable: recibir el testimonio bajo las formalidades correspondientes, recuperar los archivos originales, examinar sus metadatos, identificar las voces y contrastar cada afirmación con los elementos ya incorporados.

Beller puede aportar información sobre dos cuestiones distintas. Una es el origen de los audios de Spagnuolo. La otra, mucho más amplia, es lo que Cerimedo habría sabido y contado sobre el funcionamiento del Gobierno. Ambas deben investigarse sin confundir una conversación atribuida con un hecho probado.

La causa ANDIS ya cuenta con procesamientos, documentos y pruebas independientes de las grabaciones iniciales. Pero si existen nuevas horas de conversaciones relacionadas con el entramado, la Justicia tiene la obligación de preservarlas y analizarlas. La protección de Beller no debería depender de si sus palabras favorecen o incomodan al poder político: después de sobrevivir a un ataque armado, garantizar que pueda declarar sin nuevas amenazas es una condición básica para conocer la verdad.