Rodolfo Gudino
Diputados se prepara para aprobar la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, pero excluirá el capítulo sobre el examen preliminar internacional. La decisión favorece el reclamo de CILFA y constituye una derrota para los laboratorios extranjeros, Estados Unidos y el sector desregulador encabezado por Federico Sturzenegger.
El gobierno de Javier Milei se dispone a avanzar con la incorporación de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, conocido como PCT, pero lo hará con una modificación decisiva: el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados establece una reserva sobre el Capítulo II, relativo al examen preliminar internacional de las solicitudes.
La fórmula representa una salida intermedia entre las exigencias de Estados Unidos y la resistencia de los grandes laboratorios nacionales. Washington reclamaba una adhesión sin reservas, mientras la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos, CILFA, presionaba para excluir el mecanismo que podría fortalecer el peso de las evaluaciones internacionales sobre las decisiones del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.
El acuerdo no significa que se haya eliminado un capítulo de una nueva “Ley de Patentes”. Técnicamente, el Congreso discute la aprobación de un tratado internacional y el dictamen propone que la Argentina adhiera formulando una reserva sobre una de sus partes. La diferencia puede parecer jurídica, pero es fundamental para comprender qué se está votando y cuáles serían sus consecuencias.
El acuerdo legislativo ya figura en el dictamen
La reserva no es solamente una versión empresarial. Está incorporada al dictamen de mayoría emitido por las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, Legislación General e Industria de la Cámara de Diputados.
El Orden del Día 85 de 2026 contempla la aprobación del PCT con la exclusión del Capítulo II. El expediente original proviene del Senado, que había dado media sanción al tratado en 1998, pero la Cámara baja nunca completó su aprobación.
La discusión fue recuperada casi tres décadas después como parte de la agenda de propiedad intelectual negociada entre los gobiernos de Javier Milei y Estados Unidos. El compromiso bilateral incluía enviar la adhesión al PCT al Congreso antes del 30 de abril de 2026.
La Argentina no ingresará necesariamente en los términos exactos pretendidos por Washington. Si prospera el texto acordado, incorporará el sistema general de solicitudes internacionales, pero no quedará vinculada al procedimiento del examen preliminar previsto en el segundo capítulo.
Qué es el PCT y qué cambia realmente
El Tratado de Cooperación en materia de Patentes, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, permite presentar una solicitud internacional única para buscar protección en numerosos países.
El mecanismo no crea una “patente mundial” ni obliga automáticamente a la Argentina a conceder una patente solicitada desde el exterior. La decisión definitiva continuará correspondiendo a cada oficina nacional, según su legislación y sus criterios de patentabilidad.
La adhesión simplificaría los trámites para empresas e inventores extranjeros interesados en ingresar al mercado argentino. También permitiría que los solicitantes argentinos utilicen el sistema internacional sin depender de estructuras o intermediarios establecidos en países que ya integran el tratado.
La controversia se concentra en el Capítulo II. Este regula un examen preliminar internacional, de carácter no vinculante, destinado a evaluar si una invención parece cumplir requisitos como novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.
Aunque el dictamen internacional no reemplaza la decisión del INPI, puede ejercer presión técnica y administrativa sobre el organismo nacional. Los laboratorios locales temen que favorezca el ingreso de solicitudes promovidas por grandes compañías extranjeras y facilite estrategias destinadas a prolongar la exclusividad comercial mediante modificaciones secundarias de medicamentos existentes.
La disputa entre CILFA y los laboratorios extranjeros
CILFA defendió la adhesión con reserva como una herramienta para conservar un mayor margen de evaluación nacional. Del otro lado, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, que representa a compañías farmacéuticas y biotecnológicas multinacionales, junto con AmCham, impulsó la aprobación integral del tratado.
Las empresas internacionales sostienen que el PCT simplifica procedimientos, reduce costos y brinda mayor previsibilidad jurídica. Los laboratorios nacionales advierten que un sistema más favorable a los solicitantes extranjeros puede aumentar el número de patentes farmacéuticas y limitar la producción local de medicamentos genéricos.
Ninguna de las dos posiciones es neutral. Las multinacionales defienden su capacidad de proteger internacionalmente productos y recuperar inversiones mediante derechos exclusivos. Los laboratorios argentinos buscan preservar un mercado en el que también ocupan posiciones concentradas y mantienen una fuerte influencia sobre los precios.
La discusión no enfrenta simplemente a empresas innovadoras contra defensores de la salud pública. Se trata también de una disputa por quién controla un negocio millonario y durante cuánto tiempo puede excluir a sus competidores.
El peso de Hugo Sigman
Según la información publicada por La Política Online, el empresario Hugo Sigman desempeñó un papel central en la presión para conservar la reserva. Sigman controla el Grupo Insud, participa en Biogénesis Bagó y comparte Laboratorios Elea con la familia Sielecki, dos grupos con fuerte presencia en la industria farmacéutica y vínculos con el oficialismo.
El medio atribuye el resultado legislativo a la capacidad de presión política de Sigman y Daniel Sielecki, señalados como aportantes de La Libertad Avanza. Esa intervención empresarial surge de fuentes periodísticas y conversaciones reservadas; no aparece explicitada en el dictamen ni puede presentarse como una confesión oficial de los involucrados.
Lo verificable es que el texto finalmente acordado coincide con la posición defendida por CILFA y contradice el reclamo de adhesión completa promovido por las cámaras empresariales estadounidenses.
Sigman mantiene además un enfrentamiento público con Federico Sturzenegger. El ministro de Desregulación cuestionó las restricciones a la importación de medicamentos y denunció la concentración existente alrededor de la vacuna contra la fiebre aftosa, mercado en el que Biogénesis Bagó ocupa una posición dominante.
La reserva al Capítulo II representa, por eso, una derrota para el ala del Gobierno que pretendía abrir con mayor velocidad el sistema argentino de patentes y reducir las barreras reclamadas por los laboratorios extranjeros.
Una concesión que incomoda a Washington
Estados Unidos incorporó la adhesión argentina al PCT dentro de las negociaciones comerciales y de propiedad intelectual desarrolladas con el Gobierno de Milei. El objetivo estadounidense no era solamente modernizar trámites: sus empresas farmacéuticas reclaman desde hace años mayor protección para las patentes y menos restricciones administrativas en la Argentina.
El texto con reserva le permitirá al Gobierno afirmar que cumplió con el ingreso al tratado, pero sin aceptar todas las condiciones reclamadas por Washington. La solución preserva una de las principales exigencias de la industria farmacéutica nacional.
Hasta ahora, Uruguay es el único miembro del PCT que no está obligado por el Capítulo II, según la información oficial de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Si el Congreso argentino aprueba la adhesión en esos términos, el país adoptará una excepción poco habitual dentro del sistema internacional.
El debate que queda oculto detrás del lobby
La reserva puede limitar parte de la presión internacional sobre el INPI, pero no resuelve por sí sola el problema del acceso a los medicamentos. Tampoco garantiza que los laboratorios nacionales reduzcan sus precios o abandonen prácticas de concentración.
Durante años, las compañías farmacéuticas locales e internacionales defendieron modelos distintos de propiedad intelectual, pero coincidieron en tratar los medicamentos como mercancías sujetas a estrategias de exclusividad, rentabilidad y control del mercado.
Una protección excesiva puede facilitar el evergreening, práctica mediante la cual se solicitan patentes secundarias sobre nuevas formulaciones, sales, dosis o presentaciones para prolongar la exclusividad de un producto. Pero un sistema débil tampoco asegura que los beneficios lleguen a los pacientes: puede terminar fortaleciendo a grupos nacionales que producen versiones locales sin trasladar sus ventajas al precio final.
El interés público exige algo más que elegir entre el lobby estadounidense y el argentino. Requiere un INPI con capacidad técnica independiente, criterios estrictos para evitar patentes sin verdadera innovación, políticas de medicamentos genéricos y una intervención estatal que garantice disponibilidad y precios accesibles.
La disputa demuestra, además, que la desregulación del Gobierno tiene límites selectivos. El Estado puede ser presentado como una traba cuando regula a trabajadores, pequeñas empresas o consumidores, pero recupera rápidamente su utilidad cuando un grupo empresario poderoso necesita protección.
En esta pelea, Sturzenegger no consiguió imponer la apertura completa reclamada por Estados Unidos. Los laboratorios nacionales conservaron la reserva que buscaban y el Gobierno encontró una fórmula para mostrar obediencia internacional sin perjudicar a uno de los sectores empresariales con mayor capacidad de presión interna. La motosierra, una vez más, descubrió que existen mostradores frente a los cuales conviene guardar la cadena.
Melina Schweizer
