Marcela Pagano pidió que la abogada sea citada de manera urgente y entregue las grabaciones que asegura conservar. El material podría aportar información sobre el origen de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, pero antes deberá ser obtenido legalmente, autenticado y corroborado.
La investigación por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad podría sumar un nuevo capítulo proveniente de Bolivia. El juzgado federal de Ariel Lijo analiza el pedido para citar como testigo a Nadia Beller y obtener las conversaciones que asegura haber grabado durante su relación con Fernando Cerimedo, excolaborador de la campaña presidencial de Javier Milei.
La solicitud fue presentada por la diputada Marcela Pagano después de que Beller afirmara públicamente que conserva “horas de grabación” con información potencialmente comprometedora. Según la abogada boliviana, en esas conversaciones Cerimedo habría hablado sobre el origen y la filtración de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS.
La existencia de las grabaciones todavía no fue verificada por la Justicia argentina. Tampoco se conoce su contenido completo, las fechas en que fueron realizadas, si presentan ediciones ni las condiciones en las que fueron conservadas. Por eso, la posibilidad de incorporarlas representa una línea de investigación y no una nueva prueba ya incorporada al expediente.
Qué solicitó Marcela Pagano
Pagano pidió que Beller sea convocada urgentemente como testigo y que entregue los archivos que dijo tener en su poder. Debido a que se encuentra en Bolivia y se recupera del ataque armado que sufrió, la declaración podría realizarse mediante videoconferencia y con la cooperación de las autoridades de ese país.
La diputada también solicitó que se evalúen medidas para proteger su integridad. Beller recibió tres disparos después de ser interceptada por dos hombres vestidos como repartidores a la salida de un hotel en Santa Cruz de la Sierra.
Fernando Cerimedo fue detenido horas después en el aeropuerto de Viru Viru cuando se disponía a viajar a Buenos Aires. La Justicia boliviana lo investiga como presunto responsable intelectual del ataque y ordenó su detención preventiva. Su defensa niega las acusaciones y, mientras no exista una sentencia, debe ser considerado inocente.
La presentación de Pagano se apoya en las entrevistas concedidas por Beller desde el hospital. En ellas, la mujer vinculó las conversaciones con Cerimedo con presuntos hechos de corrupción en Argentina y aseguró poseer documentación y registros de audio.
Qué dijo Beller sobre la causa ANDIS
Beller afirmó que Cerimedo y Natalia Basil, esposa del consultor, habrían tenido conocimiento de la filtración de las grabaciones atribuidas a Spagnuolo. También sostuvo que Cerimedo le habría realizado comentarios sobre Karina Milei y el presunto esquema de recaudación ilegal investigado en la agencia.
Estas afirmaciones no fueron probadas y deberán ser corroboradas judicialmente. El eventual testimonio de Beller no convierte automáticamente sus declaraciones en hechos acreditados ni demuestra la participación de las personas mencionadas.
La abogada también incurrió en algunas variaciones al explicar quién habría realizado o difundido las primeras grabaciones. Por esa razón, su declaración bajo juramento y la entrega de los archivos originales serán indispensables para determinar con precisión qué sabe por experiencia directa, qué escuchó de Cerimedo y qué corresponde a interpretaciones personales.
La diputada pidió especialmente que la Justicia obtenga “las grabaciones que afirma poseer de tales conversaciones”. La solicitud reclama una citación urgente y la preservación del material.
Por qué estos audios podrían resultar importantes
La investigación sobre la ANDIS comenzó después de difundirse grabaciones atribuidas a Spagnuolo en las que una voz hablaba de presuntas coimas en la compra de medicamentos y mencionaba un supuesto porcentaje destinado a Karina Milei.
El fiscal Franco Picardi evitó construir toda la causa exclusivamente sobre esos audios. Para avanzar utilizó pruebas obtenidas en allanamientos, teléfonos, computadoras y documentación vinculada con los investigados, especialmente con integrantes de la familia Kovalivker y empresas proveedoras del organismo.
Esa decisión tiene una importancia jurídica. Desde el Gobierno se intentó instalar que las grabaciones habían sido obtenidas mediante una operación clandestina y que, por lo tanto, no podían ser utilizadas como fundamento válido para la investigación. Si toda la causa dependiera de un material de origen ilícito, las defensas podrían intentar anular las pruebas posteriores mediante la doctrina conocida como “fruto del árbol envenenado”.
Picardi buscó evitar ese riesgo mediante evidencias obtenidas por vías independientes. Aun así, Lijo ordenó realizar una pericia sobre los audios atribuidos a Spagnuolo para determinar si fueron editados, manipulados o producidos mediante inteligencia artificial. El magistrado rechazó un pedido de la defensa para suspender el procedimiento.
Las conversaciones que Beller dice conservar podrían ayudar a reconstruir el recorrido de las primeras grabaciones, identificar quiénes las conocían y determinar si Cerimedo intervino de alguna manera en su difusión. También podrían servir para contrastar declaraciones brindadas anteriormente por el propio consultor y por Basil.
El camino necesario para convertirlas en prueba
Antes de utilizar el material, la Justicia deberá obtener los archivos originales y preservar su cadena de custodia. Una copia enviada por mensajería o reproducida durante una entrevista no ofrece las mismas garantías que el dispositivo donde se almacenó inicialmente la conversación.
Los especialistas deberán analizar los metadatos, las fechas, la continuidad de los registros y la posible existencia de cortes. También será necesario establecer quiénes participan, comparar sus voces y determinar si la conversación fue grabada directamente o retransmitida desde otra fuente.
Luego vendrá una segunda tarea: verificar el contenido. Aunque un peritaje confirmara que la voz pertenece a Cerimedo, eso únicamente probaría que realizó determinadas afirmaciones. No demostraría por sí mismo que todo lo dicho fuera verdadero.
La Justicia tendría que contrastar sus palabras con transferencias, contratos, comunicaciones, registros de ingreso, movimientos financieros y otros elementos objetivos. En una causa penal, una conversación puede orientar una investigación, pero no reemplaza la comprobación de los hechos.
Una causa que todavía debe separar testimonios de pruebas
El caso Beller puede abrir una vía relevante para conocer el origen de los audios de Spagnuolo y las relaciones políticas que rodearon su circulación. También puede terminar aportando información ajena a la causa o material sin valor probatorio suficiente.
Por ahora, lo confirmado es que Pagano presentó el pedido, que Beller aseguró poseer grabaciones y que el juzgado analiza los pasos a seguir. No está confirmado que Lijo haya ordenado incorporarlas ni que los archivos demuestren las acusaciones expresadas públicamente.
La diferencia es central: una mujer dice tener audios, una diputada solicita que sean obtenidos y un juzgado evalúa la medida. La verdadera dimensión del material solo podrá conocerse cuando la Justicia lo reciba, lo someta a una pericia y determine si detrás de las voces existen hechos capaces de ser probados.


























