GONZALO SCHWEIZER
Una familia del AMBA necesita casi $290.000 mensuales para pagar transporte, electricidad, gas y agua. La canasta aumentó 54% en un año y 944% desde diciembre de 2023, frente al 249% acumulado por el nivel general de precios. El transporte se convirtió en el principal agujero del presupuesto familiar.
La desaceleración de la inflación no cuenta toda la historia de lo que ocurre con el bolsillo. Mientras el Gobierno de Javier Milei exhibe la reducción del ritmo de aumento del índice general de precios como uno de sus principales resultados económicos, los gastos que una familia difícilmente puede evitar continúan avanzando mucho más rápido. Transporte, electricidad, gas y agua ya demandan $289.622 mensuales para un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, dependiente de la UBA y el CONICET.
La cifra equivale al 15% de un salario promedio registrado estimado en $1.993.280. Pero el dato más revelador aparece cuando se abandona la fotografía de agosto y se observa la película completa: desde diciembre de 2023 hasta agosto de 2026, la canasta de servicios públicos aumentó 944%, mientras que el nivel general de precios acumuló alrededor de 249%. Es decir, los servicios esenciales aumentaron a un ritmo cercano a cuatro veces el de la inflación general.
Esto explica una aparente contradicción que atraviesa actualmente la economía doméstica: la inflación puede desacelerarse y, al mismo tiempo, una familia puede sentir que cada mes tiene menos dinero disponible. No todos los precios pesan igual en el presupuesto. Una reducción en la inflación promedio no compensa necesariamente el aumento extraordinario de gastos rígidos que deben pagarse todos los meses.
El transporte se convirtió en el gran agujero del presupuesto
Dentro de los servicios relevados, ninguno pesa tanto como el transporte. Una familia promedio destina $123.726 mensuales, equivalentes al 43% de toda la canasta de servicios públicos. Además, fue el componente que más aumentó durante el último año: 69% interanual, frente a una inflación estimada del 34%.
El transporte explicó por sí solo 27 de los 54 puntos porcentuales que aumentó la canasta durante el último año. La electricidad aportó otros once puntos, el gas diez y el agua seis. Esto significa que aproximadamente la mitad del incremento interanual de la canasta se explica únicamente por trasladarse.
La magnitud se entiende mejor al mirar las tarifas. En agosto, el boleto mínimo de los colectivos porteños alcanzó los $853, el de los servicios exclusivos del Gran Buenos Aires llegó a $1.111, mientras que el mínimo de las líneas que conectan la Ciudad con el Conurbano se ubicó en $743. El Subte llegó a $1.684 y el boleto mínimo ferroviario quedó en $420.
Para una persona que necesita combinar transportes diariamente para trabajar, estudiar o realizar tareas de cuidado, el gasto deja de ser marginal. Antes de comprar alimentos, ropa o cualquier otro bien, una parte del ingreso ya quedó comprometida simplemente para poder trasladarse.
Ese cambio también ayuda a comprender por qué la caída del consumo puede convivir con indicadores oficiales de inflación más moderados: cuando aumenta la proporción del salario destinada a servicios esenciales, disminuye necesariamente la cantidad de dinero disponible para otros consumos.
Una inflación que no se siente igual en todos los bolsillos
La canasta de servicios aumentó 54% entre agosto de 2025 y agosto de 2026, veinte puntos porcentuales por encima del 34% de inflación estimada por el IIEP para ese período. Ninguno de los cuatro servicios relevados quedó por debajo de esa referencia: transporte aumentó 69%, electricidad 50%, gas 43% y agua 38%.
Por eso mirar exclusivamente el IPC puede ofrecer una imagen incompleta de la capacidad de compra.
Un índice general combina centenares de precios y ponderaciones. Pero una familia no consume un promedio estadístico: paga facturas concretas. Y cuando aquello que resulta indispensable aumenta mucho más que el promedio, el costo efectivo de mantener determinado nivel de vida puede crecer bastante más rápido que la inflación que aparece en los titulares.
La evolución de los salarios frente a esta canasta permite verlo con claridad. En agosto de 2025, un salario promedio registrado alcanzaba para pagar 8,1 canastas de servicios públicos. Un año después alcanza para 6,9. En términos concretos, el trabajador perdió capacidad de compra frente a los servicios básicos incluso durante un período de desaceleración inflacionaria.
La baja mensual es engañosa: no bajaron las tarifas
Hay otro dato que necesita explicación. La canasta de servicios públicos cayó 2,1% respecto de julio, pero eso no significa que las tarifas hayan bajado.
Ocurrió principalmente porque disminuyó el consumo de energía después del pico invernal.
En electricidad, por ejemplo, el cargo fijo aumentó 1,8% y el componente variable 2% para usuarios sin subsidios. Sin embargo, el gasto promedio cayó 10,1% porque los hogares utilizaron menos electricidad. En gas ocurrió algo similar: el cargo fijo aumentó 1,9% y el variable 5,7%, pero la factura promedio disminuyó 5% por el menor consumo.
Por lo tanto, no se produjo un abaratamiento estructural de los servicios. Los hogares simplemente consumieron menos energía que durante los meses más fríos.
La factura eléctrica promedio de un usuario residencial N1 quedó en $61.308 mensuales, mientras que la de gas alcanzó los $61.613. El agua, por su parte, representa aproximadamente $42.975 mensuales.
El ajuste tarifario cambió la distribución del salario
El fenómeno de fondo es todavía más importante que cada aumento individual. Durante décadas, una parte significativa del costo de los servicios públicos estuvo subsidiada por el Estado. La estrategia aplicada desde diciembre de 2023 buscó reducir esas transferencias y trasladar una mayor proporción del costo hacia los usuarios.
Los subsidios no desaparecieron. Según el IIEP, actualmente los hogares del AMBA pagan mediante tarifas aproximadamente el 55% del costo de la canasta y el Estado cubre el 45% restante. Las proporciones cambian según el servicio, el nivel de ingresos y el criterio utilizado para calcular el costo efectivo.
Por eso el ajuste tarifario tiene dos caras. Desde las cuentas públicas, reducir subsidios permite disminuir el gasto estatal. Desde las cuentas familiares, significa transferir una parte mayor de ese gasto al usuario.
Lo que desaparece de una columna del presupuesto público reaparece, al menos parcialmente, en la factura del hogar.
Ese traslado importa especialmente cuando los ingresos no aumentan a la misma velocidad. Si electricidad, gas, agua y transporte ganan participación dentro del salario, inevitablemente otros gastos deben perderla.
El problema ya no es solamente cuánto aumentan los precios, sino qué precios aumentan
El salto acumulado del 944% desde diciembre de 2023 permite entender por qué el debate económico no puede limitarse a preguntar cuánto dio la inflación del último mes.
Los servicios esenciales poseen una característica diferente de muchos otros bienes: su consumo es difícil de eliminar. Una familia puede postergar la compra de ropa, cambiar una marca de alimentos, cancelar una salida o abandonar determinados consumos. Tiene mucho menos margen para prescindir de electricidad, agua, gas o del transporte necesario para llegar al trabajo.
Por eso el aumento de estos rubros modifica la estructura completa del presupuesto familiar.
El 15% calculado por el IIEP corresponde, además, a un salario promedio registrado. El peso relativo será necesariamente mayor para hogares cuyos ingresos se encuentren por debajo de esa referencia. El propio informe advierte que existe una amplia diversidad de ingresos incluso entre quienes reciben subsidios.
Ahí aparece la dimensión distributiva del problema: una misma factura representa una proporción muy diferente del ingreso según quién tenga que pagarla.
La fotografía final resulta contundente. La canasta puede haber bajado circunstancialmente 2,1% durante agosto porque terminó el pico de consumo energético, pero cuesta $289.622, aumentó 54% en doce meses y acumula 944% desde diciembre de 2023. El transporte absorbe casi la mitad y fue además el componente que más aumentó.
La inflación general podrá desacelerarse, pero para los hogares queda otra discusión bastante más concreta: cuánto salario queda disponible después de pagar aquello que no se puede dejar de pagar. Y los números muestran que, frente a los servicios básicos, ese salario compra cada vez menos.
