REDACCIÓN
El presidente Javier Milei respaldó públicamente una denuncia penal presentada contra el comunicador Tomás Rebord, luego de que en su programa realizara comentarios y preguntas sobre los viajes del mandatario a Israel que fueron interpretados por sectores oficiales como expresiones discriminatorias.
La presentación judicial fue impulsada por el abogado Jorge Monastersky, quien acudió a la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº13 de la Ciudad de Buenos Aires, especializada en casos de discriminación. La dependencia está a cargo de la fiscal Andrea Scanga, quien deberá evaluar si los dichos del comunicador encuadran dentro de los delitos previstos por la legislación vigente contra actos discriminatorios.
El origen de la denuncia
La denuncia se basa en un fragmento difundido en redes sociales de un programa conducido por Rebord. En ese segmento, el periodista comentaba versiones que circularon en redes durante los incendios forestales ocurridos en la Patagonia y mencionó la frase “los judíos no fueron”, que según la presentación judicial habría sido atribuida al gobierno nacional en tono irónico.
Además, el comunicador cuestionó la frecuencia de los viajes internacionales del presidente a Israel. Durante su intervención planteó preguntas sobre el número de visitas realizadas por el mandatario al país de Medio Oriente y sugirió que esos desplazamientos deberían limitarse a uno por mandato presidencial.
La reacción del Gobierno
Tras conocerse el fragmento del programa, el presidente Milei expresó su apoyo a la denuncia a través de sus redes sociales y solicitó la intervención de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), entidad representativa de la comunidad judía en Argentina.
Desde el entorno oficial señalaron que esperan que el conductor se retracte de sus comentarios y pida disculpas públicas. También se mencionó la posibilidad de que se dispongan instancias de capacitación sobre antisemitismo si la justicia considera que existieron expresiones discriminatorias.
El marco legal
En Argentina, los casos de discriminación pueden encuadrarse en la Ley Antidiscriminatoria 23.592, que sanciona actos motivados por razones de religión, origen o identidad cultural. La Fiscalía especializada deberá analizar si las expresiones denunciadas constituyen un delito o si se encuentran amparadas por el derecho a la libertad de expresión.
Un debate que excede el caso
El episodio volvió a instalar un debate recurrente en la política argentina: los límites entre la crítica política, la libertad de expresión y los discursos que pueden ser interpretados como discriminatorios.
Mientras la causa comienza su recorrido judicial, el caso genera discusiones tanto en el ámbito político como en el mediático sobre el alcance de la legislación contra la discriminación y el rol de las instituciones comunitarias en este tipo de conflictos.
Melina Schweizer
