Melina Schweizer
Tras la cuarta Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo de 2026, Alejandro Fantino calificó la protesta como una defensa de “putos privilegios”. Los datos muestran otra cosa: el presupuesto universitario cayó 30,7% real respecto de 2023 y los salarios docentes perdieron 34,2% desde noviembre de ese año. Entre el 48% y el 68% de quienes ingresan a universidades públicas son primera generación universitaria: el “privilegio” que se ataca es, justamente, el derecho a llegar.
El comentario de Alejandro Fantino contra la Marcha Federal Universitaria no fue solo un exabrupto televisivo. Fue la traducción brutal, sin maquillaje, de una narrativa política que busca convertir un derecho social en privilegio de casta. Al llamar “zurdos” y “defensores de privilegios” a quienes se movilizaron por el financiamiento universitario, el conductor no discutió el fondo del conflicto: lo desplazó hacia el terreno moral, donde el ajuste deja de ser ajuste y pasa a presentarse como castigo legítimo contra una supuesta elite beneficiada por el Estado.
El problema es que los datos desarman esa escena. La movilización del 12 de mayo de 2026 reclamó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y denunció una caída real de los recursos destinados al sistema. Chequeado registró que, en el primer cuatrimestre de 2026, el presupuesto universitario cayó 7,9% real interanual y 30,7% respecto de 2023; además, los salarios docentes cayeron 34,2% desde noviembre de 2023. El País informó, en la cobertura de la marcha, que el Consejo Interuniversitario Nacional estimó una caída de transferencias reales al sistema universitario del 45,6% desde 2023.
La frase “putos privilegios” intenta instalar una idea: que la universidad pública no representa al pueblo sino a una minoría acomodada. Pero esa afirmación choca con un dato central: entre el 48% y el 68% de los ingresantes a universidades públicas son primera generación de estudiantes universitarios, según un relevamiento citado por Chequeado. Esa cifra no describe privilegio; describe ruptura de destino. Son hijos e hijas de familias que no habían llegado antes a ese nivel educativo. En términos sociales, la universidad pública funciona precisamente como una herramienta de movilidad, no como un club cerrado.
La pirueta argumental de Fantino es especialmente reveladora cuando menciona a un joven de Pampa del Infierno, Chaco, que debería trasladarse a Córdoba para estudiar. Ese ejemplo podría servir para defender más universidades, más becas, más comedores, más residencias estudiantiles, más conectividad y más presupuesto territorial. Sin embargo, el razonamiento oficialista lo usa al revés: como si la dificultad de acceso de algunos justificara desfinanciar el acceso de todos. Es una lógica de empobrecimiento igualador: como no todos llegan, entonces que llegue menos gente.
Desde una perspectiva educativa, ese argumento es profundamente regresivo. UNESCO sostiene que el derecho a la educación superior no implica solo acceso formal, sino también permanencia, éxito académico y condiciones de igualdad para completar trayectorias. Si un estudiante del interior no puede sostener una carrera por costos de vivienda, transporte o alimentación, la respuesta democrática no es atacar a la universidad pública, sino fortalecer los dispositivos que hacen posible estudiar. Lo contrario es convertir la desigualdad territorial en excusa para el ajuste.
La evidencia internacional también contradice la idea de que la educación superior sea un gasto improductivo. La OCDE muestra que, en promedio, quienes alcanzan educación terciaria tienen mejores ingresos, más estabilidad laboral y mayores beneficios sociales asociados. El Banco Mundial, en una revisión global sobre retornos de la educación, señala que un año adicional de escolaridad tiene retornos privados promedio cercanos al 9% anual y que los retornos de la educación superior han aumentado con el tiempo. No se trata de idealizar la universidad ni negar sus problemas, sino de reconocer que desfinanciarla en un país desigual no corrige privilegios: los consolida.
El ataque discursivo también oculta otra dimensión: las universidades públicas no son solo aulas. Sostienen hospitales universitarios, laboratorios, investigación científica, extensión territorial, formación docente, producción cultural y desarrollo tecnológico. El País informó que hospitales universitarios argentinos quedaron al borde del colapso por la falta de recursos operativos, con impacto en la atención médica y la formación profesional. Por eso el ajuste universitario no afecta únicamente a estudiantes y profesores; afecta a pacientes, investigaciones, territorios y comunidades.
El oficialismo insiste en que la protesta es “política”. Claro que lo es. Defender la universidad pública es político porque discutir quién accede al conocimiento siempre fue político. Lo tramposo es usar esa palabra como descalificación, como si el reclamo presupuestario pudiera separarse de un proyecto de país. El Gobierno sostiene que el límite es el equilibrio fiscal; las universidades responden que sin financiamiento real no hay funcionamiento posible. En el medio, se juega una pregunta de fondo: si el conocimiento será un derecho social o un bien al que se accede según capacidad de pago.
Fantino apeló además a la figura del contribuyente indignado: “la pongo yo laburando”. Ese argumento suele operar como frontera moral entre quienes “producen” y quienes “gastan”, pero borra que docentes, investigadores, nodocentes, estudiantes trabajadores y familias también sostienen el sistema con impuestos, trabajo y vida cotidiana. La universidad pública no cae del cielo: es una institución financiada socialmente para producir beneficios sociales que exceden al individuo que se gradúa.
El verdadero privilegio en Argentina no es estudiar en una universidad pública; privilegio es poder pagar una privada cuando la pública se deteriora, sostener alquileres urbanos sin beca, estudiar sin trabajar, comprar apuntes, viajar, comer bien y no abandonar. Cuando se desfinancia la universidad pública, los primeros expulsados no son las elites: son los sectores populares que entraron con más esfuerzo y menos red de contención. El ajuste siempre se presenta como orden, pero opera como filtro de clase.
Por eso la frase de Fantino importa. No porque sea original, sino porque condensa una pedagogía política del desprecio. Enseña a mirar derechos como privilegios, trabajadores como parásitos, estudiantes como militantes sospechosos y reclamos colectivos como manipulación ideológica. Esa pedagogía no busca mejorar la universidad; busca romper el consenso social que todavía la defiende.
La cuarta Marcha Federal Universitaria mostró que ese consenso sigue vivo. Estudiantes, docentes, rectores, sindicatos, artistas y organizaciones sociales salieron a la calle porque entienden que el presupuesto universitario no es una planilla: es una definición de futuro. La universidad pública argentina tiene problemas reales, desigualdades internas, tasas de abandono y deudas pendientes. Pero ninguna de esas discusiones se resuelve con insultos ni con motosierra. Se resuelve con inversión, planificación, federalismo educativo y políticas de permanencia.
Llamar “privilegio” a la universidad pública en un país desigual no es una provocación inocente. Es una forma de preparar culturalmente su vaciamiento. Y esa es la disputa de fondo: antes de recortar una institución, hay que convencer a la sociedad de que esa institución no merece ser defendida. Fantino no hizo un análisis. Hizo eso.
