REDACCIÓN
Lo que comenzó como una detección de rutina en aguas territoriales cubanas terminó en una balacera con cuatro fallecidos, siete heridos y un escenario geopolítico al rojo vivo. Mientras La Habana habla de «infiltración terrorista», Washington exige una investigación y Florida pide que los «comunistas rindan cuentas». En el medio, una lancha rápida con matrícula de Florida, armas de guerra y una pregunta que nadie responde: ¿Qué hacían esos diez cubanoamericanos armados hasta los dientes a una milla de la costa de Villa Clara?.
LA HABANA, 26 de febrero de 2026 – La mañana del miércoles 25 de febrero, la tranquilidad de las aguas del canalizo El Pino, en cayo Falcones (provincia de Villa Clara), se rompió a tiros. Una unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras cubanas, con cinco efectivos a bordo, detectó una embarcación sospechosa navegando a aproximadamente una milla náutica de la costa. Era una lancha rápida con matrícula de Florida: FL7726SH. Según el parte oficial del Ministerio del Interior (Minint), los guardafronteras se aproximaron para identificar la nave. Fue entonces, afirma La Habana, que desde la lancha «infractora» abrieron fuego contra la patrulla .
El comandante de la embarcación cubana resultó herido. La respuesta de las fuerzas de seguridad no se hizo esperar. Cuando el humo se disipó, el saldo era escalofriante: cuatro tripulantes de la lancha abatidos, otros seis heridos y detenidos, y un arsenal incautado que incluía fusiles de asalto, pistolas, cócteles molotov, chalecos antibalas y uniformes de camuflaje .
El gobierno de Miguel Díaz-Canel no tardó en calificar los hechos. En un segundo comunicado, el Minint aseguró que los diez ocupantes de la nave eran «ciudadanos cubanos residentes en Estados Unidos» que planeaban «realizar una infiltración con fines terroristas» en el territorio nacional . La mayoría, añadió la nota, tenía «antecedentes penales» y al menos dos eran buscados por su implicación en actos de terrorismo . Paralelamente, las autoridades reportaron la detención de Duniel Hernández Santos, un cubano enviado desde EE.UU. para «garantizar la recepción de la infiltración armada», quien ya habría confesado .
La identidad de los involucrados comenzó a filtrarse horas después. El Minint identificó a los seis heridos como Amijail Sánchez González, Leordan Enrique Cruz Gómez, Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara y Roberto Azcorra Consuegra. Entre los fallecidos se nombró a Michel Ortega Casanova, de quien se dijo era camionero y residente en Estados Unidos desde hacía 20 años . Su hermano, Misael Ortega Casanova, declaró a la agencia AP que Michel había caído en una búsqueda «obsesiva y diabólica» de la libertad de Cuba, y que dejaba esposa y una hija embarazada . Conrado Galindo Sariol, uno de los heridos, había sido entrevistado meses atrás por el portal «Martí Noticias», donde se le presentó como un «ex preso político» que apoyaba la lucha por la libertad en la isla .
EL CONTEXTO: UNA ESCALADA ANUNCIADA
El tiroteo no ocurrió en el vacío. Es el punto más álgido de una escalada de tensiones que comenzó con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y que se aceleró el 3 de enero de este año, cuando fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas, en una operación que dejó un saldo de 32 militares cubanos muertos que lo escoltaban .
Desde entonces, Washington reinstauró la lista de países patrocinadores del terrorismo para Cuba, endureció las sanciones y, el 29 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva que amenaza con aranceles a cualquier país que venda petróleo a la isla . La Habana, por su parte, activó la doctrina de «Guerra de todo el pueblo» y se preparó para un potencial conflicto de mayor envergadura .
Paradójicamente, el mismo miércoles del tiroteo, el Departamento del Tesoro de EE.UU. había anunciado una flexibilización parcial del bloqueo petrolero, autorizando la reexportación de crudo venezolano a la isla a través del sector privado, con la condición de que no beneficiara al gobierno cubano ni a las Fuerzas Armadas . La medida, que buscaba aliviar la grave crisis humanitaria, quedó inmediatamente ensombrecida por el eco de los disparos en Villa Clara.
LA REACCIÓN: DOS RELATOS, UNA VERDERA EN DISPUTA
En Washington, las reacciones fueron cautelosas pero contundentes. El secretario de Estado, Marco Rubio, hijo de migrantes cubanos, aseguró que EE.UU. no tomaría como válida la versión de La Habana y que llevarían adelante una investigación independiente. «No vamos a basar nuestras conclusiones en lo que nos han dicho», afirmó desde una cumbre en San Cristóbal y Nieves, añadiendo que el gobierno estadounidense no tenía personal involucrado en el incidente .
En Florida, la mecha fue más corta. El fiscal general del estado, James Uthmeier, anunció la apertura de una investigación. «No se puede confiar en el gobierno cubano, y haremos todo lo que esté en nuestro poder para que estos comunistas rindan cuentas», sentenció en sus redes sociales . El congresista cubanoamericano Carlos Giménez fue más lejos, calificando los hechos como una «masacre» y exigiendo que «el régimen sea relegado al basurero de la historia» .
Rusia, aliado estratégico de La Habana, también se pronunció. La vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zajarova, calificó el incidente como una «provocación agresiva por parte de Estados Unidos» destinada a desencadenar un conflicto . El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, cerró la jornada del jueves con un mensaje en X: «Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional» .
El canciller Bruno Rodríguez, por su parte, aseguró que se realiza «una investigación rigurosa para esclarecer los hechos» y recordó que «Cuba ha debido enfrentar numerosas infiltraciones terroristas y agresivas procedentes de EE.UU. desde 1959, con un alto costo en vidas, heridos y daños materiales» .
LO QUE ESTÁ EN JUEGO
Más allá de los nombres y las balas, el incidente de Cayo Falcones abre un nuevo y peligroso capítulo en la relación bilateral. Con un gobierno republicano envalentonado por la captura de Maduro y una Cuba sumida en la peor crisis económica de su historia reciente —apagones de más de 20 horas, escasez de combustible y un éxodo masivo—, el margen para el error diplomático es casi nulo. La presencia de armamento de guerra y de ciudadanos estadounidenses (o residentes) abatidos en aguas cubanas podría ser el catalizador que nadie quiere, pero que algunos parecen estar buscando.
Mientras La Habana insiste en la tesis del «complot terrorista», Washington exige pruebas independientes y Florida clama por justicia. En el medio, los cuerpos de cuatro hombres que soñaban con «liberar» su patria flotan como el macabro recordatorio de que, en el estrecho de Florida, la historia aún se escribe con pólvora.
Rodolfo Gudino
Melina Schweizer
